El Gobierno trabaja en la redefinición del concepto de población ajustada para el reparto de fondos entre comunidades

El Ejecutivo baraja negociar la deuda con las autonomías más endeudadas como instrumento de equidad

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen en el Senado, el16 de noviembre.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen en el Senado, el16 de noviembre.Jesús Hellín (Europa Press)

El Gobierno trabaja para cumplir su promesa de presentar, antes de que acabe noviembre, un documento de trabajo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Las posibilidades que se han barajado son tres, según fuentes de expertos que trabajan en la reforma: abordarla de forma profunda pero sin contar con Cataluña, dejar el modelo como está o hacer unos cambios estéticos y acometer el problema de la deuda que ha supuesto y supone la infrafinanciación para algunas comunidades de manera que se utilizaría como una instrumento de equidad. Las dos primeras están prácticamente descartadas por el problema político que supondría, tanto para comunidades gobernadas por el PSOE como para las del PP, además de gravar el conflicto con Cataluña. Sin embargo, si entre los socialistas existen, entre comunidades como Castilla-La Mancha o la Valenciana, discrepancias sobre los criterios que se deben primar, entre los populares (cuyo voto es necesario para sacar adelante la reforma) también existen mayúsculas diferencias entre el planteamiento de Madrid, Andalucía o Galicia. Así, los mayores esfuerzos se centran en realizar ajustes de manera que se fije un mínimo común que, aunque no contentará a todas las autonomías, sí que marcará criterios técnicos complicados de desbancar.

Actualmente, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos, que es desde el que se reparte el grueso de los fondos, se distribuye en un 97% por variables demográficas (en lo que respecta a Sanidad, Educación y Protección Social) y otro 3% que realiza correcciones no demográficas entre las que se encuentra la superficie del territorio, la dispersión geográfica y la insularidad. El problema es que ese fondo que se rige por la población ajustada de la que hablan la mayoría de presidentes autonómicos no es el que marca la total distribución de los recursos con los que se financian la sanidad, la educación y los servicios sociales, sino que existen otros parámetros “políticos” que hacen que ese criterio se diluya y desequilibre el reparto.

Así, los técnicos trabajan en que sea la población ajustada la que fórmula base y en un reajuste del concepto para que se aproxime más a la realidad y recoja las reivindicaciones de las comunidades.

Entre las variables que se podrían incorporar para ponderar el criterio de población ajustada se encuentra la ampliación de la población que ahora se toma como base para definir los recursos que se destinan a educación. Actualmente solo se toma como referencia a los censados de entre 0 y 16 años y lo que se pretende es que se amplíe hasta los 24, que incluiría a quienes cursan FP o grados universitarios. El debate está en si se toma como base a toda la población hasta los 24 o de 0 a 16 según el dato de población y, además, a los matriculados en la educación no obligatoria.

Otro de los ajustes en los que se trabaja es en la consideración del riesgo de pobreza dentro de los recursos destinados a protección social. En cuanto a la dispersión, que es uno de los baremos que las comunidades despobladas quieren que se prime, el hecho es que este criterio incluye a todas las entidades singulares, un término administrativo que recoge todas las áreas que se considera habitables, aunque no lo estén. Los técnicos consideran que el concepto se debería revisar para que se tuvieran en cuenta únicamente las entidades habitadas y ponen como ejemplo Mieres (Asturias), en donde hay 250 entidades singulares que computan a la hora de percibir esa parte de la financiación.

Al margen de la reformulación de lo que se considere población ajustada, también se están tratando la inclusión de nuevas variables, como la renta per cápita dado que, por ejemplo en Sanidad, las comunidades más ricas ejercen menor presión sobre el sistema público que las pobres. Entre las nuevas variables también se baraja la población flotante, por la que apuesta Baleares, donde se producen extraordinarias diferencias de población entre el invierno y el verano, cuando los servicios públicos se ven desbordados por personas que no están empadronadas en las islas y que, por tanto, no son contabilizadas a la hora del reparto de fondos. También se contempla señalar unos costes fijos, para compensar la diferencia que supone la implantación de servicios, de manera que no sea más gravosa para las comunidades pequeñas que para las grandes.

Además de las nuevas variables, fuentes conocedoras de la reforma admiten que se está valorando la necesidad de abordar el tema de la deuda de las comunidades que, como la valenciana, han ido gastando como si percibieran una partida para compensar la infrafinanciación con cargo a deuda.

Para Juan Pérez, técnico de investigación del Ivie, el reajuste de la fórmula de población ajustada no debería suponer grandes cambios respecto a los pesos actuales, lo que podría permitir llegar a un acuerdo entre las comunidades. “El principal problema es que el reparto actual de los fondos no obedece a la población ajustada”, asegura, puesto que existen otros fondos (el de suficiencia y los de convergencia), que “desvirtúan” el reparto. “Es lógico que cada comunidad pida que se prime el baremo que más le beneficia, pero hay que buscar criterios técnicos que tengan una justificación sostenida en datos y estadísticas”, alega.

En lo que están de acuerdo todas las comunidades es en la necesidad de que el montante total a repartir entre las autonomías para la financiación de los servicios públicos esenciales sea mayor.

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