El Gobierno amplía su mayoría en el 70% de las leyes aprobadas

Revisar la letra pequeña de lo que sucede en el Congreso de los Diputados es sumirse en la paradoja. El Gobierno en apariencia más débil no ha perdido ninguna votación importante y, en medio de la peor crisis sanitaria y económica en décadas, ha sacado adelante en dos años una treintena de leyes y ha convalidado otros tantos decretos leyes. Y en el Parlamento más enconado y vociferante que se recuerda hay numerosas iniciativas legislativas que salen adelante con mayorías muy amplias. El 70% de las que se han sometido a votación en los casi dos años de legislatura han concitado apoyos que rebasan el perímetro de lo que se consideran aliados habituales del Gobierno. El PSOE no quiere que se detenga su calendario legislativo y ha pedido a la Mesa del Congreso que en enero se aceleren los trabajos sobre tres nuevos proyectos: el de libertad sexual, la llamada ley Zerolo sobre igualdad de trato y la que suprimirá el voto rogado para los residentes en el extranjero.

La mayoría que sostiene de verdad al Gobierno es una foto fija desde la votación de los primeros Presupuestos del Gabinete de coalición, a finales de 2020, cuyos resultados se han reproducido al milímetro un año después. Los cimientos parlamentarios del Ejecutivo son variopintos, pero, de momento, también sólidos: 189 de los 350 diputados, los que suman PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel Existe. De todos ellos, los más fieles, los que han acompañado al PSOE y Unidas Podemos en el 90% de las votaciones sobre medidas legislativas son el grupo de Íñigo Errejón y su socio valenciano, el representante de la España vaciada, el regionalista cántabro y el PNV.

El apoyo de ERC ha sido crucial en determinados momentos, sobre todo en las dos determinantes votaciones presupuestarias. Pero a lo largo de los dos años, su respaldo al Gobierno ha tenido momentos de flaqueo. De 76 votaciones con medidas legislativas analizadas en los dos últimos años —prórrogas del estado de alarma, decretos, tramitación y aprobación definitiva de leyes—, ERC ha estado con el Ejecutivo en 56, frente a las 68 del PNV y solo dos más que las 54 de Ciudadanos.

Ese casi equilibrio entre las cifras de los independentistas y del partido de Inés Arrimadas resulta chocante, aunque se explica en buena medida por lo ocurrido durante los meses que siguieron a la explosión de la pandemia. A estas alturas ya casi se ha perdido en la memoria, pero en esos momentos de emergencia ERC dejó en la estacada al Ejecutivo. Se opuso a los estados de alarma y a algunas de las medidas de emergencia del Gobierno. Ciudadanos, en cambio, brindó en esos meses un respaldo casi incondicional al Ejecutivo, tanto en los estados de alarma como en la inmensa mayoría de las medidas de urgencia. Todo cambió a partir del otoño de 2020, cuando el Gobierno pactó los Presupuestos con los independentistas y desairó a los de Arrimadas. A partir de entonces, la mano de ERC se abrió al Gobierno al tiempo que se cerraba la de Ciudadanos, una tendencia que se afianzó aún más tras los indultos a los líderes del procés, el pasado junio.

El pacto presupuestario también consolidó el acercamiento al Gobierno de EH Bildu. Durante los primeros meses de legislatura, la izquierda abertzale esquivó el apoyo directo al Ejecutivo. En el balance de las votaciones de dos años, la formación de Arnaldo Otegi se alineó con las medidas legislativas de PSOE y UP en 39 ocasiones, solo dos más que el PP. Claro que EH Bildu también ha votado muy pocas veces en contra y se ha abstenido en una treintena de ocasiones. Sus síes han engrosado la lista de votos favorables en los dos Presupuestos y han ido a más según avanzaba la legislatura.

Más allá de las votaciones de gran carga política y de los debates desaforados a los que suelen dar lugar, hay un buen número de iniciativas legislativas que han concitado un apoyo amplio. En el 70% de los casos examinados, las medidas han contado con el beneplácito de al menos 195 diputados, con apoyos de fuerzas que no son aliadas del Ejecutivo, como Ciudadanos o Coalición Canaria, o incluso del PP en casi la mitad de las ocasiones. Son llamativas las cifras de Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, que, pese a no figurar entre la base parlamentaria del Gobierno, le ha respaldado en 63 de las votaciones, entre ellas las de los primeros meses de la pandemia.

Las medidas de auxilio a distintos sectores económicos y otras iniciativas políticamente más inocuas, como la trasposición de directivas europeas, son las que han concitado menor rechazo. Así, hasta el grupo más instalado en el no de toda la Cámara, Vox, ha dado su refrendo en 15 de las votaciones. En el otro extremo ideológico de la Cámara, se sitúan las otras dos fuerzas que menos se han alineado con medidas del Ejecutivo: la CUP, que refrendó 27 de ellas y el BNG, 28.

En el calendario legislativo inmediato del Gobierno lo más urgente son las leyes de libertad de sexual, de igualdad de trato y de reforma del voto de los residentes en el exterior, para lo que el PSOE ha solicitado a la Mesa que habilite el mes de enero, en teoría inactivo, a fin de que trabajen sobre ellas sus respectivas comisiones. Los socialistas señalan que ya estaban previstas también comparecencias de varios ministros durante este mes, como réplica al PP, que salió ayer a reclamar que se adelante la reanudación de la actividad parlamentaria.

A final de mes, el Gobierno se enfrentará a su reto más importante en este momento, lograr el refrendo de la Cámara a la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios y cuyo texto despierta recelos entre sus socios. Otra negociación compleja, el destino de un Ejecutivo acostumbrado a vivir al límite en el Parlamento y a salir airoso en la mayoría de las ocasiones.