El Gobierno pide que se atienda “el sentir de las víctimas” y se suspenda el acto de apoyo a los presos de ETA

Sare, un colectivo de apoyo a los presos de ETA, no desiste y, de momento, mantiene el acto en favor de los reclusos de la banda terrorista organizado el próximo 31 de diciembre en Mondragón (Gipuzkoa) y que se ha publicitado con el nombre del sanguinario Henri Parot, condenado por 39 asesinatos. La Delegación del Gobierno del País Vasco no solo ha pedido que se atienda “el sentir de las víctimas” y se suspenda, sino que ha remitido la convocatoria a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad por si aprecia indicios de delitos, al igual que hizo el pasado septiembre cuando Sare impulsó una cadena humana de 31 kilómetros por los 31 años que Parot lleva encarcelado, que acabó desconvocada tras la presión de las instituciones y de las asociaciones de víctimas. La Audiencia Nacional también tiene que pronunciarse tras recibir la petición de que se prohíba.

En el cartel anunciador, Sare incluyó el nombre de Parot y de otros dos miembros de la banda: José Manuel Pagoaga Gallastegi; y Eugenio Barrutiabengoa, prófugo de la justicia en Venezuela. Pero, tras la denuncia pública de las asociaciones de víctimas, el colectivo eliminó esa referencia y argumentó que se trata solo de una concentración de protesta por la “política penitenciaria de excepción que se aplica” a los presos etarras.

Todos los partidos, salvo la izquierda abertzale, han criticado la convocatoria y exigen a Sortu y EH Bildu una reflexión ética más profunda. El escrito de la Delegación del Gobierno enviado a la Fiscalía incorpora informes policiales.

Sin embargo, las víctimas van más allá y denuncian que este acto —al igual que otro convocado el 31 de diciembre en Pamplona en apoyo también de los reclusos de la organización— pretende enaltecer la figura de etarras como Parot. Por ello, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas (APAVT) y Dignidad y Justicia pidieron este martes a la Audiencia Nacional que los prohíba, al constituir presuntos delitos de “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas”. “El objetivo [de estas manifestaciones] no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de asesinados y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de la banda”, expone la APAVT.

El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha emitido este miércoles un comunicado para unirse al “sentir mayoritario de la sociedad vasca, de las víctimas del terrorismo y de diferentes partidos políticos”. El representante del Ejecutivo ha pedido a Sare que “muestre sensibilidad y empatía, y no contribuya a causar un dolor innecesario e injusto a quienes, en su momento, ya padecieron la terrible injusticia del terrorismo de ETA”. En este sentido, Itxaso ha recordado que la presión social ya provocó que el colectivo desconvocase la marcha de septiembre en favor de Parot y ha mostrado su asombro por la actitud de Sare, que le lleva ahora a “cometer de nuevo el mismo error”.

“Cualquier intento de idealizar el pasado de ETA o de situar a sus responsables como víctimas va a contar con el rotundo rechazo de la sociedad y sus representantes”, remacha el delegado del Gobierno, que lamenta esta convocatoria en Mondragón: “Precisamente ahora, que la izquierda abertzale ha asumido un compromiso público de no reabrir heridas con actos públicos, persisten este tipo de convocatorias”. El pasado noviembre, el colectivo de presos de ETA (EPPK, en sus siglas en euskera) reclamó el final de los ongi etorri, los homenajes públicos que reciben cuando son excarcelados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y este órgano judicial deben ahora pronunciarse sobre la marcha de Mondragón tras recibir la petición de las víctimas de prohibirla. De momento, el Ministerio Público ya ha informado sobre la movilización de Pamplona y, según fuentes jurídicas, en este caso no aprecia indicios mínimos de delito. La Fiscalía mantiene así la línea marcada por el Tribunal Supremo y la propia Audiencia Nacional, que rechazan limitar de forma preventiva el derecho fundamental de manifestación, amparado por la libertad de expresión. Eso sí, la acusación pública solicita que las fuerzas de seguridad “adopten medidas de vigilancia para comprobar” si, durante el desarrollo de las concentraciones, se cometen “delitos de odio, enaltecimiento o humillación a las víctimas”.

El debate sobre la evolución ética de la izquierda abertzale no se ha acabado de cerrar este diciembre. Sortu ha propuesto incluir a David Pla, el último jefe de ETA, en su cúpula directiva para encargarse del área de Orientación Estratégica. Una treintena de personas recibió al terrorista Mikel Albisu, alias Mikel Antza, cuando llegaba a declarar a los juzgados de San Sebastián por su presunta implicación en el asesinato en 1995 del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez —Sortu también difundió un comunicado para mostrarle su apoyo—. Y el 18 de diciembre, el secretario general de Sortu (partido integrado en EH Bildu), Arkaitz Rodríguez, dijo en público que la muerte por enfermedad de otro etarra, Antton Troitiño, condenado a 2.700 años de cárcel por 22 asesinatos, suponía “un día de duelo para la izquierda abertzale”.