Las víctimas piden prohibir dos actos a favor de los presos de ETA convocados en Fin de Año

Las asociaciones de víctimas intentan frenar dos actos en favor de los presos de ETA convocados el próximo 31 de diciembre en Mondragón (Gipuzkoa) y Pamplona (Navarra). La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas (APAVT) y Dignidad y Justicia han solicitado este martes a la Audiencia Nacional que prohíba ambas manifestaciones al constituir presuntos delitos de “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas”, según apuntan en varios escritos remitidos al órgano judicial. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ya denunció este lunes que la marcha de Mondragón tiene por objetivo apoyar a tres miembros de la banda: el recluso Henri Parot, condenado por 39 asesinatos; José Manuel Pagoaga Gallastegi; y Eugenio Barrutiabengoa, prófugo de la justicia en Venezuela.

“El objetivo [de estas manifestaciones] no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de asesinados y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de la banda”, subraya la APAVT. En la misma línea se pronuncia Dignidad y Justicia: “La convocatoria de una marcha a favor de un preso de la organización terrorista ETA es claramente constitutiva de una humillación, vejación, descrédito, menoscabo y escarnio a las víctimas”.

Sare, colectivo de apoyo a los presos de la banda, ha convocado para el 31 de diciembre varios actos en distintas localidades del País Vasco y Navarra. Entre ellos, el de Mondragón —que se promocionó junto a los nombres de los tres terroristas— y el de Pamplona —que incluye actuaciones musicales y “un brindis de año nuevo”—. Según Sare, estas concentraciones no tienen por objetivo “homenajear” a los reclusos de ETA, sino “denunciar la política penitenciara de excepción que se les aplica”. “Con el fin de evitar este dolor añadido a ninguna víctima, en la tarde de este lunes, Sare Arrasate eliminó de su cuenta el cartel en el que, junto al llamamiento, se nombraban a los presos y exiliados que son de Arrasate”, ha afirmado este grupo en un comunicado.

Las peticiones de prohibición llegan a la Audiencia Nacional en un momento complejo. El pasado noviembre, el colectivo de presos de ETA (EPPK, en sus siglas en euskera) reclamó el final de los ongi etorri, los homenajes públicos que reciben cuando son excarcelados. El anuncio fue recibido con escepticismo por las víctimas, que llevan años reclamando su cese y que vieron cómo este diciembre, apenas un mes después, se tributaba un recibimiento en Pamplona a Ignacio Etxeberria Martín, alias Mortadelo, condenado por seis asesinatos. Un acto del que rápidamente se desmarcó Sortu, partido liderado por Arnaldo Otegi, y que fuentes políticas vascas atribuyeron a la disidencia de la izquierda abertzale.

La Audiencia Nacional, además, hace tiempo que mantiene una línea clara sobre estas convocatorias: no puede limitar de forma preventiva el derecho fundamental de manifestación, amparado por la libertad de expresión. Así que suele rechazar las peticiones de suspender las marchas y se limita a pedir a la policía que las vigile por si, durante su desarrollo, se “realizan” actos concretos “que pudieran ser constitutivos de delitos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas; o de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares”.

Márcelo Azcárraga, fiscal de la Audiencia Nacional especializado en los crímenes de ETA sin resolver, lo explicaba así en una entrevista en EL PAÍS: “La actuación preventiva de la justicia penal no se puede producir. La Audiencia Nacional no es quién para prohibir los actos. La Audiencia Nacional persigue los actos constitutivos de delito, pero no previene”.