La Fiscalía prorroga seis meses todas las investigaciones abiertas a Juan Carlos I

La Fiscalía General del Estado ha prorrogado durante seis meses más las dos diligencias de investigación abiertas al rey emérito que vencían esta semana: el supuesto cobro de comisiones ilegales por la intermediación en el contrato de las obras del AVE a La Meca y el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano. Con esta ampliación el ministerio público puede apurar hasta junio las pesquisas contra Juan Carlos I, ya que la tercera línea de investigación (relativa a dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de Jersey supuestamente vinculado al anterior jefe de Estado) se prorrogó hace unas semanas. No obstante, la intención de los fiscales es no agotar ese plazo y, salvo que se encuentre alguna nueva información, cerrar las diligencias cuando se termine de estudiar la documentación que queda pendiente.

De momento, la Fiscalía está a la espera de que la Oficina Nacional de Investigación al Fraude (ONIF) examine la última documentación recibida desde Suiza, que hace referencia a apuntes contables de la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, al que pagó numerosos vuelos con fondos de esta fundación. Los investigadores no prevén que estos datos aporten novedades que cambien el rumbo de las diligencias, por lo que tienen previsto archivar en las próximas semanas al menos las dos primeras investigaciones. Para la tercera investigación, la Fiscalía está todavía analizando documentación enviada por las autoridades británicas, pero tampoco se contemplan novedades y la previsión es archivarla.

Las pesquisas contra Juan Carlos I se iniciaron en junio de 2020 para indagar el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediación del rey emérito en el contrato de las obras del AVE a La Meca a favor de un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación: el uso por parte de Juan Carlos I de dinero de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause; y la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en un paraíso fiscal. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones consideran que, salvo que en la documentación pendiente de revisar surja alguna novedad, la imposibilidad de perseguir presuntos delitos cometidos por el rey emérito antes de su abdicación, en 2014, las dos regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el anterior jefe de Estado.