El aniversario de la Constitución evidencia la falta de consenso para su reforma

“Dos no bailan si uno no quiere”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido así, en conversación informal con los periodistas a las puertas del Congreso y tras la celebración del 43º aniversario de la Constitución, la situación encallada para la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Antes del acto, el jefe del Ejecutivo había reclamado al líder de la oposición, Pablo Casado, en un mensaje implícito pero muy directo, que la Constitución había que “cuidarla” y sobre todo cumplir “de pe a pa del primero hasta el último” de sus 169 artículos. Al finalizar el evento, y tras saludarse muy protocolariamente con Casado, el jefe del Ejecutivo admitió que le preocupa que “se normalice” ese “incumplimiento tan flagrante”. Varios ministros y fuentes oficiales de La Moncloa ratificaron además que las negociaciones con el PP para resolver ese asunto siguen bloqueadas.

El panorama no se vislumbra mucho más alentador desde las filas de la formación conservadora, ni sobre el prorrogado Poder Judicial ni tampoco sobre el recurrente debate en estas fechas sobre las posibles reformas a la Carta Magna después de 43 años. Fuentes de la dirección del PP volvieron a ratificar este lunes que no hay novedades en sus contactos con el Gobierno para resolver los vetos cruzados que se mantienen sobre el Poder Judicial y que no se espera que el asunto se desatasque antes de las inminentes fiestas navideñas. Otras fuentes de la dirección del PP han llegado a reconocer que tampoco pasaría nada si esa anomalía se prolonga hasta el final de la legislatura, dentro más que probablemente de dos años, porque esperan ganar entonces las elecciones y beneficiarse de la siguiente renovación. El actual Consejo lleva en funcionamiento desde 2013, tras el acuerdo alcanzado entonces entre el Gobierno con mayoría absoluta del PP con el PSOE en la oposición de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los populares llevan semanas reafirmando su teórica disposición a desbloquear ese problema y poner nombres y apellidos a los 20 vocales del Consejo, pero siempre que el Ejecutivo acepte reformar antes o como mínimo al mismo tiempo la ley orgánica que regula ese órgano para que los jueces elijan directamente a quienes les representan, y no como rige desde 1985: a través de un proceso indirecto y con participación del Parlamento. La coalición gubernamental, formada por el PSOE y Unidas Podemos, se niega a modificar esa ley en ese sentido y defiende la implicación de las Cortes en el proceso de selección en representación del voto de todos los españoles. Las posiciones llevan así meses y no parecen haber progresado nada.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, aprovechó este lunesotro corrillo con periodistas tras la celebración de la Constitución para destacar que sería oportuno que hubiera otro Consejo renovado y con todas sus competencias vigentes para marzo, cuando está fijada la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. La Unión Europea ha conminado a España varias veces a resolver este problema y a dar más participación a los jueces en la selección de su órgano de gobierno, otra presión añadida, como la que ejerce periódicamente el propio presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que este lunes mantuvo encuentros en el evento del Congreso con el presidente y más dirigentes políticos. El bloqueo en el CGPJ ha provocado un atasco relevante en el nombramiento de otros cargos judiciales, especialmente en el Supremo, porque ahora está prohibido por ley que un Poder Judicial en funciones resuelva ese tipo de decisiones.

La presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, aprovechó su discurso institucional más relevante del año para exhortar de manera genérica pero clara a los partidos a cumplir sus obligaciones y mandatos tanto para la puesta en marcha de grandes consensos como para la renovación de los cargos constitucionales. “Los pactos y acuerdos exigen esencialmente un solo requisito, la voluntad de alcanzarlos; a nosotros corresponde aportar esa voluntad y hacerla prioritaria”, indicó la presidenta de las Cortes. Y fue ahí cuando apeló a la “labor institucional” de afrontar esa responsabilidad inequívoca que la Norma Fundamental atribuye a los partidos representados en las Cámaras: “Podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento. Quien discute el cumplimiento de la Constitución pretende situarse por encima de ella”.

En este 43º aniversario de la Ley Fundamental de 1978 que se volvió a celebrar al aire libre en la Carrera de San Jerónimo por la pandemia, la presidenta del Congreso quiso apelar a la “responsabilidad especial” de la clase política ante estas crisis. “La Constitución despliega toda su eficacia general sobre la política, sin excepciones ni particularidades. Para los políticos, la Constitución es expresión de un consenso fundamental, es referente de valores y principios, es norma que exige respeto y cumplimiento en nuestras acciones y decisiones y es programa de futuro cuya efectividad debemos perseguir en las políticas que impulsamos”, señaló.

En ese tono institucional, Batet aludió también a los incidentes y airados enfrentamientos dialécticos que se llevan registrando en las Cámaras desde hace meses y para los que ha recomendado en varias ocasiones “educación y respeto”. Este lunes insistió en esa advertencia para evitar caer en los populismos: “El comportamiento y la actuación de los representantes políticos se ha convertido en un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; pero también, al contrario, para su cuestionamiento y el alejamiento de parte importante de los ciudadanos, para la traslación a la sociedad del enfrentamiento y la crispación. En definitiva, para la deslegitimación de la propia democracia”.

“Lealtad constitucional”

La presidenta de las Cortes incidió en la legitimidad, vigencia y futuro de la Constitución si los políticos comprenden su función con “lealtad constitucional”, pero no mencionó nada sobre su reforma. Ese debate lo recogieron los representantes de los partidos para evidenciar el escaso consenso y las enormes distancias entre los dos bandos ideológicos del hemiciclo.

El presidente, Pedro Sánchez, se limitó en su exposición inicial a demandar de los partidos un mayor “cuidado” de la Constitución en todos sus aspectos y relacionó esa demanda con lo mucho que “costó” conseguir esa Norma Fundamental a las generaciones anteriores. Casado replicó por anticipado a esas consideraciones al culpar a Sánchez del actual “revisionismo suicida” del Gobierno y sus socios no solo de la Constitución, sino de la Transición y hasta de “poner en jaque” la Ley de Amnistía por unos votos para seguir en La Moncloa.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y una catarata de presidentes autonómicos del PP, desde la madrileña Isabel Díaz Ayuso a Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco o Fernando López Miras compitieron en su ristra de ataques a Sánchez, porque entienden que gobierna atado a las exigencias de los independentistas catalanes y vascos.

Monarquía corrompida o República

Unidas Podemos no se quiso privar este lunes de plasmar algunas de las grandes diferencias que le distancia del PSOE, su socio de gobierno. Varios de sus dirigentes comparecieron en el Congreso, en plena celebración de la Constitución de 1978, para cuestionar la validez del sistema actual de monarquía parlamentaria. El más contundente fue Gerardo Pisarello, secretario de la Mesa de la Cámara y miembro de En Comú Podem, que tras denunciar la “involución y el negacionismo” de la derecha cuestionó al PSOE por obstruir las peticiones de investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I. “Exigimos cambios constitucionales de fondo, que no sean maquillaje, que blinden los derechos sociales y que permitan alumbrar una Constitución feminista, verde, a la altura del siglo XXI”, planteó Pisarello y añadió: “La única llave para que esos cambios constitucionales sean posibles es que las generaciones que no votaron la Constitución de 1978 puedan decidir libremente si quieren continuar viviendo bajo una Monarquía obsoleta y corrompida o bajo una República democrática y moderna”.

En nombre de Unidas Podemos también intervino Jaume Asens, presidente del grupo, para insistir en su posición sobre que esta “Constitución se ha quedado como un traje viejo y hay que volver a escuchar a la ciudadanía para construir nuevos consensos”. Asens contradijo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que había pronosticado larga vida a la Carta Magna y alertó de que las Constituciones que no se actualizan “están condenadas a morir”.