Un Gobierno con siete vidas

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz conversaban entre ellos y gesticulaban sin parar. En el otro extremo del banco azul, la charla parecía más distendida: José Luis Escrivá y Alberto Garzón, ministros de Seguridad Social y de Consumo, confraternizaban y se reían, mientras el primero miraba de vez en cuando su reloj. El Congreso de los Diputados había recuperado el voto presencial y el hemiciclo estaba inusualmente lleno, a media tarde del pasado jueves, a la espera de que la presidenta, Meritxell Batet, anunciase el comienzo de las votaciones. Si Escrivá tenía prisa, aún hubo de esperar 41 minutos, lo que tardaron los diputados en apretar hasta 84 veces el botón. El que se supone el Gobierno más débil desde la restauración de la democracia, el que hace un año la mayoría de analistas situaba al borde del abismo, no perdió ni una sola vez.

No era poca cosa lo que se dilucidaba: siete proyectos de ley, entre ellos las reformas de las pensiones y de la normativa de tráfico, el que pretende garantizar precios mínimos para los productores agrarios, el que regularizará a una parte de la legión de interinos en las administraciones públicas y el que establece un nuevo marco jurídico para los animales. Como postre, tres decretos leyes, uno de ellos el que adapta la normativa a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que suprimió el impuesto municipal de plusvalía.

Sobre la mesa había una avalancha de enmiendas, un galimatías que los portavoces de los grupos trataban de ordenar gritando la consigna sobre el sentido del voto, reforzada con una mano alzada y un gesto con los dedos: uno extendido para el sí, dos para el no y tres para la abstención. Aun así fueron muchos los que se perdieron en esa jungla. Hasta 12 diputados del PP —Adolfo Suárez Illana por partida doble— votaron en diferentes momentos contra las indicaciones de su grupo, lo mismo que le sucedió a otros cuatro de Unidas Podemos, dos de Ciudadanos —Inés Arrimadas una de ellos—, uno del PSOE y otro de ERC. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se equivocó dos veces y fue el único e inesperado apoyo que logró sumar Vox a una enmienda suya. En el partido de Santiago Abascal se produjo un patinazo masivo cuando nueve de sus miembros se manifestaron en contra de una de las resoluciones mientras los demás se abstenían. Tampoco era de extrañar viendo el texto de lo que se sometía a votación: “Enmienda al apartado 13.4 (nuevo, pasa a ser 40) del artículo único, por la que se incorpora una nueva disposición adicional decimocuarta (pasa a ser decimoquinta)”. La presidenta tuvo el mérito de leerlo de carrerilla y sin atragantarse.

El Gobierno salió de ese laberinto sin un rasguño. Y, pese a su teórica precariedad, volvió a exhibir músculo, como ya había hecho la semana anterior con los Presupuestos. La reforma de las pensiones superó la mayoría absoluta, con 176 votos, ya que de los habituales aliados del Ejecutivo solo se descolgó EH Bildu. La regularización de los interinos se quedó más corta, 170 síes, aunque solo tuvo cinco noes, frente a una mayoría de abstenciones, a las que en este caso se adhirieron Bildu de nuevo y el PDeCAT. Algunas de las enmiendas al proyecto sobre la comercialización de los productos agrarios sumaron más de 300 votos favorables y en la reforma de la ley de tráfico la que menos apoyo tuvo reunió 188. A la del régimen jurídico de los animales solo se opuso Vox.

Hubo incluso un casi insólito momento de unanimidad, cuando todos los grupos aprobaron una reforma de la ley del poder judicial para reconocer a los tribunales de aguas de Orihuela y Aldaia (Alicante), instituciones cuyo origen se remonta al siglo XIII. Manuel Mestre, uno de los diputados más comedidos de Vox, se felicitó por ello, aunque rápidamente se apresurase a matizar que “este Parlamento no representa al pueblo español”. Mestre, teniente general del Ejército del Aire, no aclaró quién lo representa entonces.

Es como si el Gobierno siempre merodease el precipicio y siempre hallase una escapatoria. Esta misma semana se enredó en un gran lío con ERC a propósito de la exigencia de los independentistas de incluir en la ley audiovisual una cuota del 6% en las lenguas cooficiales para los contenidos en plataformas como Netflix o HBO. Los republicanos amenazaron con bloquear los Presupuestos en el Senado después de que el Ejecutivo asegurase que la normativa europea impide atender sus reclamaciones. Una reunión entre los dos partes ha calmado la disputa por el momento. El Gobierno le ha cogido gusto a vivir en el filo y hasta lo ha convertido en un método negociador. Su fórmula de esperar siempre a última hora parece darle frutos. “Acabas embotado de las negociaciones y dices que sí a todo”, admitía días atrás el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

La negociación también es extenuante para el Ejecutivo, obligado a conversar con una decena de grupos y, en casos como el de esta semana, a amarrar una a una 84 votaciones. Al mando de las operaciones siempre Félix Bolaños, titular de la Presidencia y ministro para todo, ya sea para limar asperezas entre los socios del Gabinete o para atender las demandas de los aliados parlamentarios.

Claro que no todo sale a pedir de boca. El Gobierno ha metido en un cajón hasta nuevo aviso la ley de memoria democrática porque ERC no cede en su exigencia de revisar la amnistía de 1977. Y la pretensión del Ejecutivo de que los Presupuestos queden aprobados sin modificaciones en el Senado y ya no vuelvan al Congreso choca con los planes de PNV y ERC de abrir allí nuevos frentes. Más horas extra para Bolaños.