El diálogo de sordos en el Congreso: preguntas que no son preguntas y respuestas que no son respuestas

Los diputados de la oposición son como los periodistas y los policías: se pasan la vida preguntando. Es parte capital de su trabajo, interrogar al Gobierno, y aunque parezca sencillo, requiere su arte y debe salvar sus escollos. Las preguntas pasan por el filtro de los letrados del Congreso, que pueden vetarlas. Para evitarlo, a veces se hacen contorsiones. En marzo, por ejemplo, con la España política en efervescencia por la moción de censura en Murcia, no era fácil buscar la fórmula para que José Luis Ábalos respondiese del asunto en la sesión de control. Ábalos había intervenido en el episodio como secretario de Organización del PSOE, no como ministro de Transportes, con lo cual la pregunta debería afinar el tiro para no ser rechazada por extemporánea al tratarse de un asunto de partido, no de Gobierno. El diputado murciano del PP Juan Luis Pedreño logró dar en el clavo con este texto: “¿En qué momento tuvo claro el ministro de Transportes que la única forma de llegar a Murcia sería, en vez de en el AVE, con una moción de censura?”.

Pablo Casado denuncia cada semana que el presidente no le responde. Ocurre sobre todo si el líder del PP improvisa cuestiones al margen del texto presentado, como el 13 de octubre, cuando sorprendió ofreciendo un pacto para renovar órganos constitucionales y Sánchez se fue sin contestar. En el Gobierno, la queja es que muchas preguntas son inconcretas y otras no parecen redactadas precisamente para buscar una respuesta. Sobre esto último, Vox acumula ejemplos expresivos: “¿Qué más está dispuesto a ceder ante los enemigos de España para contar con su apoyo?” (Santiago Abascal a Sánchez) o “¿en qué beneficia al mercado laboral la presencia de la extrema izquierda en el Gobierno?” (Macarena Olona a Yolanda Díaz). En este juego donde las preguntas a menudo no son preguntas y las respuestas no son respuestas, el debate suele derivar en el inevitable diálogo de sordos.

Para la sesión de control de cada miércoles, los grupos deben registrar sus preguntas el viernes anterior. El plazo es ampliable al lunes, si se refiere a un tema surgido durante el fin de semana, o al mismo martes, en caso de que apunte a los acuerdos del Consejo de Ministros de ese día. Aun así, cuando llega el debate, la tendencia es a irse por las ramas. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, había registrado para el 29 de septiembre una pregunta al presidente por su “valoración de la situación política actual”, pero cuando tomó el micrófono solo le reclamó que explicase sus planes para el nuevo curso escolar. Sánchez esbozó una tímida protesta y se resignó a hablar de lo que le pedían, mientras sostenía melancólicamente las inútiles notas que traía preparadas. Una semana después, Olona preguntaba a Díaz si “cumple sus obligaciones como ministra de Trabajo” y su discurso fue solamente una diatriba contra el “diputado delincuente” Alberto Rodríguez, condenado por una patada a un policía. La vicepresidenta segunda, muy molesta, se limitó a leer el texto de la pregunta que había recibido y a exigir a la diputada de Vox “un poco de respeto a esta Cámara”.

Un recurso muy extendido es registrar una pregunta tan genérica que permite hablar de cualquier cosa. Es el favorito de Casado: “¿Tiene un proyecto político para España?” o “¿se siente el Gobierno respaldado por los españoles?”. Así despliega su singular método de oposición: ametrallar a Sánchez encadenando un asunto tras otro. El 20 de octubre, preguntaba si las decisiones del Gobierno “no dejan a nadie atrás” y en un minuto consiguió meter las cotizaciones de los autónomos, las subidas de precios, los pactos con los independentistas, la ley mordaza, la reforma laboral, la abolición de la prostitución y los ERE de Andalucía.

Además de en los debates, el Gobierno debe responder a los centenares de preguntas por escrito de los diputados. Uno de los más activos y, también de los que ha visto más iniciativas rechazadas por los letrados, es Jon Iñarritu, de EH Bildu. Iñarritu lleva años preguntando tercamente por la Casa del Rey y el CNI a sabiendas de que le dirán que eso queda fuera del ámbito de control de la Cámara. Claro que el diputado tiene sus trucos. Hace años le denegaron una pregunta sobre la presencia del símbolo falangista del yugo y las flechas en el escudo de Juan Carlos I. El diputado vasco la reformuló y logró colarla: en lugar de aludir expresamente a la heráldica real se limitó a poner el número del ignoto reglamento que la regulaba.

Iñarritu también consiguió introducir las investigaciones sobre el rey emérito en la sesión de control al Gobierno del pasado 20 de octubre bajo una pregunta escueta a la ministra de Justicia, Pilar Llop: “¿Son todos los ciudadanos iguales ante la ley?”. El diálogo de sordos fue formidable. Iñarritu hablaba de Juan Carlos I, y la ministra, de la discriminación de la mujer y de los homenajes a etarras. Ante las protestas del diputado, Llop se encogió de hombros: “La próxima vez intentaré meterme en su cabeza”.