El fiscal pide seis años de cárcel para un exdirectivo de la Junta por pagar prostíbulos con dinero público

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para Fernando Villén, antiguo director de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe), por el uso de varias tarjetas de la entidad para el pago de burdeles y su ocultación mediante anotaciones contables. El ministerio público cifra en 32.566 euros la cantidad desviada en prostíbulos y acusa a Villén como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Para la directora económica de la fundación, Anna Valls, el fiscal solicita cuatro años de cárcel como cooperadora necesaria en los mismos delitos. Valls era la responsable de la caja de la Faffe y quien, de acuerdo con el escrito de acusación, autorizaba los gastos. También, junto con Villén, simulaba “anticipos inexistentes y reintegro de gastos no reales para cuadrar” las cuentas. Anticipos y reintegros son, según la Fiscalía, los mecanismos utilizados por ambos para encubrir el desvío de fondos públicos en locales de alterne —un total de cinco, en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz, de acuerdo con el escrito―, que se realizaron a través de diez operaciones distintas con tarjetas de la fundación.

El fiscal sostiene que el principal acusado, “con desprecio a los más elementales deberes de su cargo y en detrimento de los fondos que su posición le obligaba a disponer y administrar, satisfacía sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza”. Y añade que “en ocasiones, llegaba a organizar orgías con terceros no identificados”. Las mayores cantidades se abonaron en el local Don Ángelo, en Sevilla, donde se efectuaron pagos entre 2004 y 2010 por hasta 25.277 euros con varias tarjetas. Villén podía disponer de hasta cinco visas, asociadas a la Faffe y al Servicio Andaluz de Empleo.

En el escrito de acusación provisional se llama la atención sobre la devolución por importe de casi 4.000 euros, pero se advierte de que “no constan en la documentación contable de las cajas”. En su momento, Villén reconoció ante el juez que su comportamiento había sido “indecoroso”, pero aseguró que había devuelto a la caja de la Faffe hasta el último céntimo. El fiscal detalla hasta seis tipos distintos de falsedades cometidas por Villén en connivencia con Valls por las que además de las penas de prisión de seis y cuatro años, respectivamente, pide los mismos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público, multa y el pago de 32.566 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

El caso Faffe se ha convertido en el principal caballo de batalla contra el PSOE, tras la primera sentencia del caso de los ERE, de los partidos políticos en el poder, PP y Cs, y su sostén parlamentario, Vox. Además de los gastos desmesurados en prostíbulos y en otras actividades al margen del objeto de la fundación —en el escrito del fiscal se detallan gastos por hasta 39.528 euros en conceptos como hoteles, discotecas, peajes de carretera o talleres de vehículos―, la Faffe también se utilizó como “agencia de colocación del PSOE andaluz”, según la descripción de la UCO. De hecho, Villén también está incurso en otra causa por la contratación ilegal del exalcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García (PSOE), para quien creó un puesto ad hoc tras perder las elecciones municipales de 2003 y en el que “no desempeñaba trabajo alguno”. El fiscal reclama cuatro años de prisión por delitos de malversación y prevaricación.

La fundación fue creada en 2003, bajo el mandato del presidente Manuel Chaves, y disuelta en 2011, cuando presidía la Junta José Antonio Griñán. La Faffe acumula gastos por 55,6 millones de euros sin justificar, según un informe de la Cámara de Cuentas. El Parlamento andaluz ha constituido una comisión de investigación cuyos trabajos marchan a trompicones, porque algunos de los comparecientes, incursos en causas judiciales, se acogen a su derecho a no declarar. También lo hicieron los máximos responsables políticos de la Junta, como el expresidente Chaves, y varios exconsejeros socialistas, que se negaron a responder por considerar que los estaban instrumentalizando en los últimos días de la campaña electoral de noviembre de 2019. La última sesión fue protagonizada por la esposa de Juan Espadas, alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, que fue contratada por la Faffe en 2007.