La juez ordena investigar a todos los trabajadores de la fundación con cuyos fondos se pagaron prostíbulos
Admite parcialmente un recurso del PP de Andalucía que ha venido denunciando que la Faffe servía como agencia de colocación de enchufados del PSOE
El Servicio Andaluz de Empleo deberá aportar a la justicia los expedientes de personal de las personas que trabajaron para la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe) desde su constitución en 2007 hasta su disolución, en 2011. Así lo establece en un auto la juez María Núñez Bolaños en el que rectifica su posición anterior y estima parcialmente el recurso interpuesto por el PP andaluz, que ejerce de acusación particular en el caso en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos de la entidad. Núñez también reclama a la Intervención General de la Junta que examine los contratos de adjudicación formalizados en la en la Faffe a lo largo de todo el tiempo en que estuvo en funcionamiento a través de un perito que no haya participado en la liquidación de la fundación.
La juez emitió el auto el pasado 18 de junio, el mismo día que se daba de baja en los juzgados alegando “motivos personales”. Su marcha se produjo en medio de duras críticas por parte de los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla, que ha denunciado supuestas irregularidades en su toma de decisiones. Ella asumió buena parte de las macrocausas de corrupción instruidas por la juez Mercedes Alaya.
Con la estimación parcial del recurso, la juez atiende a una denuncia secular por parte de los populares andaluces que han venido sosteniendo que el PSOE utilizaba a la Faffe como “una agencia de colocación” para familiares y allegados a dirigentes socialistas. Núñez era la encargada de la investigación de las irregularidades que rodeaban a la extinta fundación, la más sonada, pero no la única, los gastos desmesurados y reiterados -32.000 euros- en prostíbulos de su director general, Fernando Villén, a través de la tarjeta de representación.
Núñez ha solicitado al PP una fianza de 12.000 euros para que siga como acusación particular por entender que su actuación es “innecesaria y superflua” en la causa ya que, al haber accedido al poder tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre y ser el Gobierno andaluz parte en el procedimiento “obra en poder de la Junta, y por tanto del PP toda la documentación a investigar”. El caso Faffe, que también se investiga en una comisión parlamentaria de la Cámara andaluza, es uno de los caballos de batalla con el que los populares buscan mantener los ataques contra los anteriores ejecutivos socialistas en materia de corrupción.
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