Detenido en Cerdeña Carles Puigdemont por orden del Tribunal Supremo

El expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica y sobre quien pesa una orden internacional de captura dictada por el Tribunal Supremo, ha sido detenido el jueves en Cerdeña (Italia), adonde el dirigente independentista se había dirigido para asistir este fin de semana a varios eventos, según han confirmado su abogado, Gonzalo Boye, y fuentes de Junts a EL PAÍS. El dirigente independentista permanece retenido en dependencias policiales del aeropuerto de Alguer. El Gobierno, mediante un comunicado, destacó que Puigdemont “debe someterse a la acción de la justicia exactamente igual que cualquier otro ciudadano”.

En el entorno del expresident y eurodiputado han detallado que Puigdemont ha sido abordado por policías italianos tras llegar a Cerdeña. Había viajado a la isla para participar primero, en el Aplec Internacional Adifolk, un encuentro de cultura popular, y después para reunirse con varios alcaldes y cargos municipales independentistas sardos.

La policía italiana estaba esperando la llegada de Puigdemont, que ha sido arrestado nada más bajar del avión. El dirigente independentista se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial, que no se sabe con certeza si será este viernes o el sábado, según explicó su abogado. “Estamos a la espera de que nos indiquen si va a haber hoy o mañana una comparecencia”, dijo Boye, asegurando que su posible presencia en el Tribunal de Apelación de Sassari “a las nueve de la mañana de este viernes” como se había dicho inicialmente “está en el aire”. Este deberá decidir su libertad o su entrega a la justicia española.

El Tribunal General de la Unión Europea había rechazado el 30 de julio la petición de medidas cautelares contra la suspensión de la inmunidad parlamentaria que habían planteado Puigdemont y otros eurodiputados independentistas huidos, Toni Comín y Clara Ponsatí. Esa decisión dejó sin inmunidad parlamentaria a los tres políticos, como había decidido el Parlamento Europeo. Pero el tribunal europeo no veía riesgo de detención porque, en su valoración, no había ninguna euroorden vigente. Puigdemont escapó de la justicia española hace cuatro años, tras la celebración del referéndum ilegal de independencia de Cataluña de 2017.

Fuentes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía señalan que la euroorden que pesaba contra Puigdemont “nunca se desactivó”, es decir, que sigue en vigor, informa Fernando J. Pérez. El abogado del expresident se ha referido a la detención en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que el arresto se ha producido en virtud de una euroorden de 2019, pero que, entiende el letrado, se encuentra suspendida.

Las autoridades italianas detectaron la llegada de Puigdemont a Cerdeña desde Bélgica gracias al Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés), un programa de control de las personas que salen o llegan a la Unión Europea por vía aérea para detectar la presencia de presuntos terroristas y delincuentes, y que fue aprobada por la Comisión Europea en 2016. El sistema, que en España está plenamente operativo desde hace menos de un año, permite recopilar toda la información relacionada con una reserva aérea: si ha sido hecha por Internet o a través de una agencia de viajes, si ha sido pagada en efectivo o con una tarjeta de crédito, información sobre el equipaje o el número de asiento asignado. Según fuentes policiales, en el caso del expresidente catalán, el PNR alertó a la policía italiana de su llegada a Cerdeña y que sobre él pesaba una orden de detención en vigor dictada por las autoridades españolas. Tras el aviso, la policía italiana comunicó, sobre las siete de la tarde del jueves, a sus colegas españoles la próxima llegada y detención del político independentista a través de los cauces entre cuerpos policiales habituales para transmitir este tipo de información.

Además de para asistir al encuentro de cultura popular, Puigdemont se había trasladado desde Bruselas a Cerdeña para reunirse con alcaldes independentistas sardos. La oficina del expresidente huido ha difundido que también iba a verse con el presidente de la región autónoma italiana y con el síndic de Alguer.

En un comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación de la madrugada de este viernes, el Gobierno ha señalado que la detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que “aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales”. El Ejecutivo muestra su “respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos”, continúa la nota, para añadir que el expresident “debe someterse a la acción de la justicia exactamente igual que cualquier otro ciudadano”.

Jordi Sànchez, secretario general de Junts, ha dicho en TV3 que ha hablado con Puigdemont el jueves por la noche: “Está tranquilo y con el convencimiento de que una vez más la justicia española ha engañado a los tribunales europeos, al mantener activadas unas euroórdenes que no deberían estarlo”, ha señalado Sànchez. “Esperemos que la justicia italiana atienda a la europea”, ha añadido.

Mesa de diálogo

La detención del expresident llega justo cuando la mesa de diálogo ente el Gobierno y la Generalitat había empezado a andar precisamente con los de Puigdemont escorados en posiciones poco favorables a esta negociación. Al no aceptar los representantes propuestos por el partido de Puigdemont, el presidente catalán, Pere Aragonès, excluyó a la formación del encuentro. Con todo, Junts per Catalunya seguía admitiendo que había margen para probar hasta qué punto el Gobierno estaba dispuesto a plantear alguna medida concreta para resolver la cuestión catalana. Más allá de la mesa de diálogo, los votos independentistas, particularmente los de Esquerra Republicana, vuelven a adivinarse clave para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado este año. Los últimos días, Junts también ha lanzado mensajes en el sentido de querer negociar esas Cuentas, pero no está claro si las diferentes facciones del partido acordarán ir al unísono. Uno de los problemas que ha surgido es la ley audiovisual que prepara el Gobierno y en cuyos primeros borradores no se contemplaba la protección de las lenguas cooficiales en las plataformas de difusión de contenidos como Netflix o HBO. Junts exige que se incluya algún tipo de cuota para garantizar que se emiten contenidos en catalán. ERC secunda la exigencia, pero entiende que la ley se encuentra en una fase muy preliminar y sujeta a cambios, informa Miquel Noguer.

Puigdemont y su entorno han sido hasta ahora la principal piedra en el zapato que ERC y el PSOE han tenido hasta ahora en el flanco independentista. Junts ha utilizado repetidamente el púlpito de la política europea para señalar a España como un Estado en el que supuestamente no se respetan los derechos políticos, y ha restado credibilidad a cualquier propuesta del Gobierno central para rebajar la tensión política. La noche del jueves, dirigentes de Junts ya señalaron en las redes sociales a quienes consideran culpables de la detención del expresidente catalán por más que esta se haya producido en Italia y como producto de una euroorden. Con todo, todos los dardos de la formación apuntaban a Pedro Sánchez y a sus socios de Podemos en el Gobierno.

No es la primera vez que Puigdemont es detenido desde que huyó a Bélgica tras la fallida declaración unilateral de independencia de 2017. En marzo de 2018, el expresidente catalán fue arrestado en Alemania cuando viajaba en coche de regreso a su residencia en Waterloo (Bélgica) después de haber acudido a dar una conferencia a Helsinki (Finlandia). Entonces, Puigdemont ingresó en la prisión alemana de Neumünster, aunque fue puesto en libertad 12 días después. Posteriormente, un tribunal alemán rechazó su entrega a España, que le reclamaba entonces por un delito de rebelión, y Puigdemont regresó a Bélgica.

El arresto del dirigente independentista ha suscitado numerosas muestras de apoyo por parte de fuerzas y líderes soberanistas catalanes, entre ellos los del actual president de la Generalitat, Pere Aragonès. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha publicado en Twitter un mensaje en el que pide que Puigdemont sea juzgado en España “por su golpe a la legalidad constitucional”, y que Pedro Sánchez se comprometa “a respetar la sentencia de la justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder”.

La Asamblea Nacional Catalana ha convocado este viernes a las nueve de la mañana una protesta frente al consulado de Italia en Barcelona por una detención que consideran ilegal, una protesta que Junts y ERC secundan.