Sánchez confirma que irá a la mesa de diálogo para Cataluña este miércoles y rechaza negociar sobre la autodeterminación

Se guardó la confirmación hasta el final, pero casi todos los interlocutores daban por hecho que iría. Pedro Sánchez anunció el lunes en una entrevista en TVE que, como reclamaban los independentistas, liderará la delegación del Gobierno central en la mesa de diálogo que está previsto convocar este miércoles en Barcelona. Pero a la vez ha marcado el terreno y los límites: Sánchez pide a los soberanistas que no centren esa cita en el referéndum de autodeterminación, porque eso es inaceptable para el Gobierno y solo llevaría a la frustración.

“Voy a ir. Yo lideraré esa delegación del Gobierno de España. Tendré la oportunidad de encontrarme con el president [Pere Aragonès]. Y probablemente será el miércoles”, avanzó Sánchez. El presidente reclama a los independentistas evitar el fiasco de una cita centrada solo en la autodeterminación, algo que el Ejecutivo no entrará a negociar en ningún momento. “Empecemos por las cuestiones en las que nos podemos entender”, reclamó. “El referéndum, no solo es que esté fuera de la Constitución, es que no es lo que necesita Cataluña en este momento, más fracturas. Además, lo que sea España lo tenemos que decidir entre todos los españoles”, zanjó el presidente. Sánchez ha recordado que “de 45 puntos” que siempre ha reclamado el independentismo “44 tienen una respuesta afirmativa, y solo uno negativo, que es el referéndum”. “Apostemos por avanzar en las cosas en las que nos podemos encontrar más cerca”, insistió.

Sánchez subraya que no hay posibilidad de referéndum, ni siquiera consultivo, y reivindica que hay que votar después de acordar, como se hizo con la reforma del Estatuto en 2006. “Un demócrata, dentro de la Constitución, no tiene ningún problema en apelar al voto. Pero dentro del acuerdo. Si llegamos a un acuerdo será refrendado dentro de la Constitución. Si vamos a un programa de máximos, la conversación va a durar poco. No podemos trasladar a la ciudadanía un desacuerdo”, ha asegurado.

Sánchez reivindica que su política de diálogo ha logrado calmar el ambiente en Cataluña: “La situación es diametralmente distinta de lo que nos encontramos en 2019, con Barcelona en llamas. Mi tarea es reducir la distancia entre los catalanes. Creo que lo estamos logrando”.

La mesa de diálogo es uno de los elementos centrales de la legislatura, y forma parte del pacto de investidura que alcanzaron el PSOE y ERC después de intensas semanas de reuniones secretas que hicieron que los republicanos se abstuvieran y permitieran así, por solo dos votos, que Sánchez saliera elegido presidente en enero de 2020. En esos encuentros, en los que había tres representantes del PSOE y tres de ERC, se pactó con detalle un documento que básicamente incluía la creación de la mesa de diálogo, que solo se reunió una vez porque la pandemia cambió por completo las prioridades de todos.

Pero en el fondo, pasado un año y medio, las posiciones siguen siendo muy similares, aunque la situación política ha cambiado mucho, sobre todo por la concesión de los indultos a los presos del procés. En ese documento de enero de 2020 se hablaba de “resolver el conflicto mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”. Tras la medida de gracia, ese asunto ha pasado a un segundo plano.

Los indultos han devuelto a los dirigentes encarcelados a la calle, una de las cuestiones que más complicaba todas las negociaciones con ERC. Pero los republicanos han hecho de la mesa la gran justificación para su apoyo al PSOE no solo en la investidura, sino después en los Presupuestos —donde pasaron de la abstención al sí— y en prácticamente todas las votaciones importantes.

La apuesta de ERC por apoyar a los socialistas es de fondo, porque Oriol Junqueras, su líder, ha teorizado que el independentismo debe “ampliar su base” antes de volver a pensar en una escalada como la de 2017, y mientras eso sucede cree que la mejor opción es colaborar con el Ejecutivo central. Pero para defender esa posición dentro del independentismo, donde ya está sufriendo muchas críticas —en la manifestación de la Diada el pasado sábado hubo abucheos y gritos de “botifler (traidor)” para el propio Junqueras, algo difícil de imaginar hace poco para alguien que ha estado casi cuatro años en la cárcel—, ERC necesita justificarlo con los avances de la mesa de diálogo, y por eso su apuesta es tan fuerte con este instrumento.

Además ahora ERC controla la mesa, al contrario de lo que sucedía cuando la presidía Quim Torra, en 2020, y de alguna manera la boicoteaba. La mesa, decía el acuerdo de 2020 que sigue en la base de la negociación, “partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas y que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

El texto pactado añadía: “En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

Cada una de estas palabras se negoció durante semanas. Ninguna es casual. Pero el gran problema de fondo sigue en el mismo sitio: cómo y qué votar. El Gobierno apostaría por una votación absolutamente legal y prevista en la Constitución, que es votar a posteriori en referéndum una reforma del Estatut pactada, como se hizo en 2006. Es la tesis en la que siempre insistía Alfredo Pérez Rubalcaba: votar un acuerdo, y no un desacuerdo, que es lo que sucede en un referéndum de independencia. Es lo que se hizo en la Constitución y en la reforma del Estatut, votar después de que los políticos lleguen a un acuerdo.

Sin embargo, los independentistas quieren un voto de sí o no sobre la independencia, como en Escocia o en Quebec. Y eso, insiste el Ejecutivo central, es completamente inviable porque es anticonstitucional y jamás un Gobierno español lo podrá aceptar, señalan en La Moncloa. Por eso, dadas la complejidad del asunto y la lejanía de las posiciones, de esta primera mesa no se espera mucho más que un acuerdo en la metodología de los próximos encuentros. Solo el hecho de que las reuniones sigan adelante ya sería un gran logro, dado lo mucho que ha costado ponerse de acuerdo en los participantes, el contenido e incluso la fecha. Y dadas las críticas a la propia existencia de la mesa que llegan de Junts y de todo su entorno. El camino parece pues muy difícil. Pero de momento hay camino, y no es poco.