La Fiscalía cuestiona todo el procedimiento legal de las repatriaciones en Ceuta

La Fiscalía se movilizó apenas horas después del comienzo de la operación para repatriar a 700 menores de Ceuta a Marruecos y todas sus actuaciones desde entonces han ido en la línea de cuestionar el procedimiento legal seguido por Interior. En los juzgados de la ciudad africana el fiscal ya ha dejado clara su oposición al modo en que se están tramitando las devoluciones. Las exigencias de información planteadas por la Fiscalía de Menores del Tribunal Supremo a Interior revelan que el ministerio público no fue consultado, como es preceptivo, para elaborar los expedientes de expulsión.

La ley de extranjería, en su artículo 35, y el reglamento que la desarrolla no dejan lugar dudas: la Fiscalía tiene que ser oída antes de decidir sobre la repatriación de un menor extranjero. Las fuentes consultadas señalan que el ministerio público solo recibió una comunicación genérica y al margen del cauce oficial para anunciarle la puesta en marcha del operativo, en la tarde del pasado viernes.

Ya en la mañana del día siguiente, las Fiscalías del Supremo y de Ceuta se activaron. Reclamaban a Interior la orden dictada para iniciar las repatriaciones y la entrega de la documentación de cada caso individual, a la que, según la ley, los fiscales deberían haber tenido acceso antes. Mientras el ministerio público abría estas diligencias para indagar el proceso administrativo, Interior ya había entregado 30 chicos a Marruecos en dos tandas de 15, una el viernes y otra en la mañana del sábado.

El fiscal de Ceuta se sumó el domingo a la petición de una ONG, Coordinadora de Barrios, para solicitar al juzgado que paralizase la devolución de ocho menores. En su escrito, el fiscal José Luis Puerta era muy claro: “De la documentación aportada, no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de extranjería”. Y señalaba que, como “fundamentación jurídica” de las repatriaciones, Interior solo aportaba un “oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin firma, en el que se dice que se va a proceder” a las devoluciones en virtud de un convenio con Marruecos. La solicitud de la ONG y del fiscal fue rechazada por la juez de guardia porque aquellos ocho menores ya estaban al otro lado de la frontera. Un juzgado de Ceuta paralizó finalmente este lunes otra tanda de devoluciones que estaba previsto y el gobierno de la ciudad decidió suspenderlas todas durante 72 horas ante la falta de cobertura judicial.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que proviene buena parte de la cúpula de la Fiscalía General del Estado, se ha unido a las críticas a la operación. Su portavoz, Teresa Peramato, en declaraciones a Servimedia, instó al Gobierno a “seguir el procedimiento” que, recordó, exige oír al interesado, a los servicios de protección de menores y a la Fiscalía. Peramato afirmó que “en el caso de que no se hayan llevado a cabo cada uno de esos pasos, habrá que exigir las responsabilidades que corresponda”.