Interior expulsa a otros 15 menores a Marruecos desde Ceuta

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha mandado en la mañana del sábado un segundo grupo de 15 menores extranjeros no acompañados hacia Marruecos a través de la frontera del Tarajal, en Ceuta. De esta forma, Madrid y Rabat mantienen abierto el proceso de repatriación de cientos de menores que ambos Estados pusieron en marcha el viernes gracias a un acuerdo de 2007 que hasta ahora no se había aplicado. Lo previsto es que cada día se sigan enviando a 15 pese a que, según diferentes organizaciones humanitarias sobre el terreno, se incumple la legalidad española e internacional y no se priman los intereses del niño.

En torno a las diez de la mañana, un furgón blanco con los menores ha llegado escoltado por policías a las instalaciones fronterizas. Procedía del polideportivo de Santa Amelia, un pabellón cubierto habilitado como albergue de emergencia para parte de los menores que llegaron a mediados de mayo a través del mar.

El minibús ha permanecido en el Tarajal durante aproximadamente una hora, hasta que se ha cumplido el protocolo bilateral y los niños han sido entregados a las autoridades del reino alauí. El proceso, que ha transcurrido sin incidentes según ha podido observar en la distancia EL PAÍS, ha tenido de testigos a trabajadores de Samu (la empresa que gestiona el recurso de menores), agentes de la Policía Nacional y miembros de Protección Civil.

De nada han servido las críticas y la solicitud de detener el proceso por lo que se considera expulsiones ilegales desde organizaciones humanitarias, el Defensor del Pueblo y hasta desde las filas de Podemos, que integra el gobierno junto al Partido Socialista.

A esa oposición se ha sumado este sábado el Consejo General de la Abogacía Española que a través de su Subcomisión de Extranjería solicita poner freno a las repatriaciones sin garantías jurídicas y afirma en un comunicado que se está contraviniendo una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al poder de decisión del menor. Además, creen que se está incumpliendo el propio acuerdo firmado en Rabat en 2007 entre los gobiernos de los dos países, que exige la reunificación del menor con su familia, ya que los que están siendo expulsados de Ceuta son trasladados posteriormente a un centro cerca de la ciudad de Tetuán y no directamente con sus progenitores.

El Gobierno de la ciudad autónoma, del Partido Popular, defiende la manera en la que se están enviando los niños y jóvenes a su país. De hecho, es la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Feu, como máxima responsable de los asuntos de los menores y con el presidente Juan Vivas de vacaciones, la que supervisa por parte de la administración local que se cumple con lo acordado.

“No queremos que esto se pueda truncar”, señalan fuentes del Gobierno ceutí, consciente de lo delicado de un acuerdo que puede romperse si la bola de nieve de la polémica crece en exceso. “Queremos consolidar este proceso” porque “el compromiso es total” por parte del presidente Vivas, añade.

En el entorno fronterizo reinaba la calma, con algunos pescadores echando la caña desde el espigón a un mar como un plato mientras bandadas de gaviotas sobrevuelan la escena. Grupos de ciclistas dan la vuelta ante las verjas que dan acceso a Marruecos en un intento de aprovechar al máximo las dimensiones de este territorio de 20 kilómetros cuadrados y 84.000 habitantes, lo que supone 4.200 habitantes por kilómetro, una de las densidades de población más altas de España.

El nerviosismo sin embargo es creciente entre los cientos de menores que permanecen en Ceuta y que, al corriente del proceso de devolución, piensan que pueden ser ellos los siguientes en ser mandados a su país, según empleados de diferentes organizaciones humanitarias que tratan de seguir todo lo cerca que pueden un protocolo del que las autoridades prefieren no darles detalles.

“Nos interesa desalojar el pabellón y los campamentos”, reconoce una fuente del Gobierno ceutí en referencia a los siete recursos, seis de chicos y uno de chicas, en los que se hallan los menores “en precario”.

“El proceso, según la legislación española y los pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional, debe ser individualizado y garantizar además que los menores, que en la mayoría de los casos se puedan negar a volver a su país, sean informados de su retorno y de los derechos que les asisten, entre ellos ser escuchados. Tampoco pueden ser devueltos sin que se realice en todo este procedimiento una evaluación del interés superior del menor”, argumenta el Consejo General de la Abogacía en el comunicado.

Poco antes del mediodía, dos vehículos de la Policía Nacional, un coche y una furgoneta, custodiaban la puerta del polideportivo Santa Amelia junto a varios guardias de seguridad. Media docena de empleados de la Fundación Samu, que tiene adjudicada la gestión del recurso temporal de menores, desmontaban los catres militares en forma de litera que hasta estos días han ido ocupando los menores.

En las últimas horas una treintena de niños y jóvenes han abandonado la pista deportiva cubierta de estas instalaciones en la que llevaban viviendo varias semanas. El viernes la furgoneta blanca dio dos viajes a la frontera, uno con once menores y otro con cuatro. Ese mismo vehículo, con un distintivo de transporte escolar en la parte trasera, ha sido el empleado en la mañana del sábado para seguir realizando traslados a la frontera.

Unas 10.000 personas, de las que entre 2.000 y 3.000 eran menores de edad, llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos cuando, a mediados del pasado mes de mayo, Rabat los empujó para presionar a Madrid durante una de sus peores crisis bilaterales en décadas. En horas, la población de la ciudad española creció más de un 10% y tanto las autoridades locales como las estatales se vieron desbordadas.

Con las aguas de nuevo encauzadas cinco meses después, gracias sobre todo al cambio de titular en la cartera de Exteriores realizado por el presidente Pedro Sánchez, los dos países tratan de reconducir la situación. Un documento del Ministerio del Interior fechado el 10 de agosto anunciaba que, por orden del ministro Fernando Grande-Marlaska, se iba a proceder a la devolución de los más de 700 menores que todavía permanecían en suelo ceutí. Lo hace aplicando un acuerdo de 2007 que hasta ahora ha estado guardado en un cajón pese a que organizaciones como Save The Children o Unicef consideran que se están incumpliendo tanto leyes nacionales como internacionales.