El juez mantiene la imputación de Sanchez Galán y otros tres directivos de Iberdrola en el ‘caso Villarejo’

Nuevo varapalo judicial para Iberdrola y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el caso Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa, ha rechazado el escrito presentado por la eléctrica el pasado 30 de junio en el que pedía la nulidad del auto dictado el pasado 23 de junio por el que se citaba a Sánchez Galán y otros tres directivos de la compañía a declarar como imputados por los delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad documental por haber encargado al comisario José Manuel Villarejo al menos cinco proyectos de espionaje. En el auto, el magistrado concluye que el escrito no puede prosperar, entre otros motivos, por defectos de forma, y rechaza que se haya producido la indefensión que alega la compañía.

En el auto, dado a conocer el jueves, el juez explica que la petición de nulidad ha de plantearse por medio de los recursos legalmente establecidos y no, como ha hecho Iberdrola, con un escrito. “La nulidad no se hizo valer por vía de recurso, cuando hubo posibilidad para ello”, señala en su resolución. El juez añade que, si bien ha rechazado la petición de Iberdrola por este aspecto formal, el incidente tampoco hubiera podido prosperar por otras cuestiones de fondo. En este sentido, el juez detalla que la eléctrica alegó una supuesta indefensión al no haberse aceptado su personación en la causa como acusación particular contra uno de los investigados. El juez recuerda que la decisión de no permitir la personación de la compañía fue notificada a esta, por lo que tuvo oportunidad de presentar recurso y, por tanto, no se le causó indefensión. “Por todo ello —continúa la resolución del juez— debe desestimarse la nulidad también por cuestiones de fondo, al no apreciarse situación alguna que justifique la nulidad invocada”.

El escrito ahora rechazado forma parte de la ofensiva judicial que Iberdrola puso en marcha el mismo día que se conoció la citación como investigado de su presidente. El juez imputó a Sánchez Galán el 22 de junio, pero no se supo hasta el día siguiente. Fue entonces cuando la compañía envió un primer escrito a García-Castellón para quejarse de que “había tenido conocimiento [de esa decisión] a través de los medios de comunicación” y criticaba “el criterio empleado para notificar las resoluciones”. La energética ya avanzaba entonces que pensaba batallar judicialmente para que se le considerara personada en la causa tras haberse querellado contra José Antonio del Olmo, exdirector de control de funciones corporativas de la eléctrica, y considerado por el juez testigo clave en la causa. Del Olmo aseguró que, en 2004, comunicó a sus superiores “diversas irregularidades que presentaban los trabajos” encargados a Villarejo y llegó a depositar entonces un informe en una notaría, ahora incorporado al sumario. Esto provocó que la eléctrica se querellase contra él en un juzgado de Bilbao, que a su vez remitió la denuncia a la Audiencia Nacional para que se incorporara al caso Villarejo.

A raíz de esto último, Iberdrola ha reivindicado reiteradamente su condición de perjudicada: “Sin embargo, estas peticiones han tenido como única respuesta el silencio judicial, lo que ha implicado que no se [nos] haya notificado ninguna resolución e imposibilitado el acceso a las actuaciones”, reprochaba la compañía en el escrito donde también pedía anular el auto del instructor en el que imputaba a una de sus filiales, Iberdrola Renovables de Energía. A su vez, los abogados del máximo directivo de la energética han remitido otros recursos al juez para informarle de “errores” que contienen sus resoluciones. El último movimiento se produjo esta misma semana, cuando los abogados de Sánchez Galán pidieron presentaron su desimputación esgrimiendo la reciente decisión del juez de archivar las pesquisas abiertas dentro de la misma macrocausa contra Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank.

Según la investigación, los encargos de Iberdrola se prolongaron desde 2004 hasta 2017 y tenían para la compañía la “naturaleza de confidenciales”. Villarejo recibió por ellos al menos 1,04 millones de euros. La instrucción ha detectado, al menos, cinco supuestas contrataciones: el proyecto Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, “centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía S. A. se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”.