La Fiscalía Anticorrupción pide al juez que impute a CaixaBank, Repsol y una filial de Iberdrola por el ‘caso Villarejo’

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que impute a Iberdrola Renovables Energía, CaixaBank y Repsol como personas jurídicas en las respectivas piezas que investigan los encargos de estas compañías a Cenyt, empresa vinculada al comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción ha remitido al juez los escritos solicitando la imputación de las tres compañías del Ibex 35 por su relación con Villarejo, según han confirmado fuentes jurídicas.

Iberdrola Renovables Energía es una filial del grupo Iberdrola que no es la sociedad que en su día cotizó en Bolsa (Iberdrola Renovables, extinguida y absorbida por Iberdrola) ni tampoco la matriz del grupo. Dicha sociedad contrató a Villarejo primero desde 2011 y luego desde 2016 en relación con un arbitraje con una sociedad suiza y su principal accionista. Por lo que respecta a Repsol y CaixaBank, la pieza se refiere al presunto espionaje que ambas habrían encargado a Cenyt para investigar al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, por su relación con la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control de Repsol. El expresidente de Caixabank Isidro Fainé y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, están ya imputados en la causa.

Anticorrupción solicita la imputación de Iberdrola Renovables Energía y no del grupo Iberdrola porque investiga dos facturas encargadas después de 2011 por la filial al comisario retirado, explican fuentes conocedoras del caso. Aunque la propia Iberdrola también realizó directamente contratos con Villarejo, los encargos de antes de 2011 no se pueden imputar a personas jurídicas porque no estaba tipificado así en el Código Penal, solo se podía imputar a personas físicas, precisan. Por el resto de facturas anteriores a 2011 sí se ha imputado a ejecutivos de la eléctrica. De hecho, el juez García Castellón decidió imputar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a tres de sus directivos (Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo) por la contratación de Villarejo. El juez trata de esclarecer si la eléctrica contrató los servicios del comisario para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

El juez asegura que ha encontrado hasta 15 facturas sin pedido, emitidas y abonadas por un total de 1,04 millones de euros al grupo Cenyt en la contabilidad de Iberdrola. Los encargos de Iberdrola se prolongaron desde 2004 hasta 2017 y tenían para la compañía la “naturaleza de confidenciales”, según el auto de imputación a Galán. La instrucción ha detectado, al menos, cinco supuestas contrataciones: el proyecto Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, “centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía S. A. se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”.

Esta semana estaban previstas las declaraciones como imputados ante el juez de Ignacio Sánchez Galán y el resto de directivos de Iberdrola investigados, pero el magistrado decidió suspenderlas hasta que se resuelva el recurso de nulidad que presentó la eléctrica española. Los servicios jurídicos de la compañía recuerdan que Iberdrola no figura como imputada en la causa, pero tampoco está personada como acusación, por lo que no están al tanto de las resoluciones judiciales y se encuentran en una situación de indefensión, según lamenta la empresa en su último escrito al juez.

Por su parte, el expresidente de CaixaBank y el presidente de Repsol también resultaron imputados por una de las piezas del caso Tándem. El pasado mayo, Fainé y Brufau se defendieron ante el juez del caso Villarejo. Ambos negaron que encargaran los servicios del antiguo agente de la Policía Nacional y añadieron que nunca tuvieron constancia de ninguna irregularidad. “Nunca he espiado a nadie”, llegó a exclamar Fainé en dos ocasiones. Ambos directivos mantuvieron una charla a finales de 2011 ante los intentos de Del Rivero de hacerse con el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex. “El presidente de Repsol me dijo que tenía información de que una empresa española y una de fuera deseaban apoderarse de Repsol y de Gas Natural, que se llamaba así entonces. Y como Repsol tenía el control con nosotros de Gas Natural, él me dijo que averiguaría sobre este tema, que ya había empezado. Eso fue lo que me dijo, nada más. Yo le dije: ‘Hablaré con mi jefe de seguridad para que hable con el tuyo”, detalló Fainé al magistrado.

Según repitieron el presidente de Repsol y el expresidente de CaixaBank, las direcciones de seguridad de ambas compañías se encargaron de contactar con Cenyt, el grupo de empresas de Villarejo. Al frente de ellas se encontraban Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), dos comisarios de la policía contratados por las empresas y que aseguran que reportaron sobre los avances a sus superiores. Brufau y Fainé negaron que les llegara cualquier dato de relevancia. “A mí jamás se me comunicó el nombre de la empresa”, dijo el primero. “Yo no sabía que existía Cenyt”, incidió el segundo. ¿Ni el comisario Villarejo? “Tampoco”, coincidieron.