El juez imputa a una filial de Iberdrola por los encargos al comisario Villarejo

El caso Villarejo sacude otro duro golpe al Ibex 35. Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha decidido imputar este viernes a Iberdrola Renovables Energía S. A., una filial de la energética española Iberdrola, por los supuestos encargos de espionaje al comisario José Manuel Villarejo, epicentro de este macrosumario. El magistrado —que también mantiene bajo sospecha al presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, y que hace solo 24 horas acordó imputar a Repsol y Caixabank por otra línea de investigación— atribuye a la compañía un presunto delito de cohecho y ha dado el paso después de recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

A través de un auto dictado este viernes, García-Castellón detalla que la causa acumula ya, tras casi dos años de pesquisas, los indicios suficientes sobre “la comisión de un delito de cohecho activo por parte de directivos y empleados de [Iberdrola Renovables Energía]”. Por ello, el juez ha requerido a la compañía para que designe a un representante, a un abogado y a un procurador. Y, una vez se complete este trámite, el magistrado tiene previsto tomar declaración al primero de ellos, asistido por el letrado que nombre.

Aunque la investigación que cerca a Iberdrola es mucho más amplia —incluye hasta cinco supuestos encargos a Villarejo—, esta imputación de la filial se centra exclusivamente en una de las contrataciones del comisario: el bautizado como Proyecto Wind, la presunta operación de espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Christopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica, “con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania” y “con quienes surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de manera favorable a Iberdrola Renovables Energía S. A. en un procedimiento arbitral”, según el juez.

Los investigadores encontraron una factura de 2012 pagada por Iberdrola Renovables Energía a Cenyt, el grupo de empresas encabezado por Villarejo, que entonces se encontraba en activo dentro de la Policía Nacional. Dicho documento, por valor de 29.500 euros, se emitió por una serie de supuestos trabajos de “apoyo y logística de seguridad a personal de Rumania”, aunque el magistrado ya indicó en otro escrito que los conceptos se “manipularon” para ocultar la verdadera finalidad de las labores encomendadas al comisario.

Además, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía ha localizado diferentes anotaciones sobre el Proyecto Wind en las agendas del comisario, a las que otorgan un importante grado de credibilidad por componer una especie de “diario personal” destinado a “la lectura privada de quien las confeccionó”, donde se incluyen las presuntas “actividades”, “citas o comunicaciones mantenidas con terceros”, así como las fechas en que se produjeron y una “breve descripción del objeto de las mismas”.

Reproches a Iberdrola

Iberdrola repite que siempre creyó que Villarejo se encontraba en excedencia cuando lo contrató. Pero el juez y la Fiscalía Anticorrupción ponen en duda su versión. “Existieron omisiones relevantes en la diligencia exigible a Iberdrola Renovables”, escribe García-Castellón en su último auto, donde reprocha que, como mínimo, se produjo una “falta de comprobación” que requiere una “explicación”. En este sentido, el magistrado recuerda que la energética tenía al frente de su área de Seguridad a Antonio Asenjo, otro miembro de la Policía. Y, pese a que este último no se encontraba entonces en activo, “es evidente que, atendida su dilatada trayectoria profesional, debía conocer que el escalafón de los miembros del Cuerpo se publica anualmente”.

En su auto de este viernes, el juez acuerda también el sobreseimiento de la causa contra José Antonio del Olmo, exdirector de control de funciones corporativas de Iberdrola, que se encuentra en guerra con la compañía. La energética se querelló contra él por un delito de falsedad documental, después de que el ejecutivo desvelase que en 2004 depositó ante notario unos documentos donde comunicaba a sus superiores “diversas irregularidades que presentaban los trabajos del proyecto Arrow”, otro de los encargos a Villarejo. Según la eléctrica, Del Olmo había manipulado los papeles, pero el magistrado lo considera ahora “exento de responsabilidad criminal” y retira a Iberdrola la condición de “perjudicada” en la causa.

Iberdrola Renovables Energía es una filial del grupo Iberdrola que no es la sociedad que en su día cotizó en Bolsa (Iberdrola Renovables, extinguida y absorbida por Iberdrola) ni tampoco la matriz del grupo.

Las líneas de investigación

La Audiencia Nacional mantiene en el punto de mira a Iberdrola desde hace casi dos años. Los investigadores consideran que la empresa pagó a Villajero encargos por, al menos, un valor de 1,04 millones de euros —además de otros 407.740 euros facturados a través de Castellana de Seguridad S. A.—.

Según la investigación, los encargos de Iberdrola se prolongaron desde 2004 hasta 2017 y tenían para la compañía la “naturaleza de confidenciales”. La instrucción ha detectado, al menos, cinco supuestas contrataciones: el proyecto Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea.