CONFLICTOS DIPLOMÁTICOS

Rabat intenta evitar un pulso con la Unión Europea, su mayor socio comercial

La entrada en Ceuta de más de 8.000 migrantes indocumentados ha despertado una solidaridad sin precedentes de Bruselas con Madrid frente a Marruecos

En el centro, el rey de Marruecos, Mohamed VI, estrecha la mano del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk en 2017 en Abiyán (Costa de Marfil).
En el centro, el rey de Marruecos, Mohamed VI, estrecha la mano del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk en 2017 en Abiyán (Costa de Marfil).ISSOUF SANOGO / AFP

Marruecos no está acostumbrado a que la Unión Europea emita ninguna condena que afecte a cuestiones de derechos humanos. El hecho de que el Parlamento europeo pueda aprobar este jueves una resolución donde se condene el uso de la emigración irregular, y en especial el de menores no acompañados, como presión política contra un Estado miembro de la UE, es inaudito en las relaciones entre Bruselas y Rabat.

Rabat es una pieza clave para la seguridad del continente y un aliado necesario en la lucha contra problemas transfronterizos como el crimen organizado o el tráfico de emigrantes irregulares. A su vez, la Unión Europea es el mayor socio comercial de Marruecos, el lugar de donde proviene el 53,1% de sus importaciones y el 66,7% de sus exportaciones. A ninguna de las dos partes les interesa entrar en conflicto. Y siempre han tratado de sortearlo.

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La entente cordiale mantenida hasta ahora entre ambas orillas del Mediterráneo se ha visto en peligro por la reciente crisis fronteriza en Ceuta, considerada por Bruselas como una violación de las fronteras europeas y un chantaje inaceptable al conjunto de la UE y a uno de sus Estados miembros. Marruecos no parecía esperar la furibunda reacción en tromba de las instituciones comunitarias, que exigieron respeto a la legalidad internacional y la inmediata restitución de los controles fronterizos.

“Todo nuestro apoyo y solidaridad con España”, señaló el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ante la avalancha de entradas irregulares en el territorio ceutí. En términos similares se expresaron el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El vicepresidente de la Comisión responsable de política migratoria, Margaritis Schinas, advertía tajante a Rabat: “Europa no se dejará intimidar por nadie en el tema de la migración”.

Ambas partes han intentado desde entonces rebajar la tensión para volver a la normalidad. Pero las imágenes de Ceuta, en particular las de niños jugándose la vida para salir irregularmente de Marruecos, han desencadenado una reacción política que ha llegado hasta el Parlamento Europeo, un foro que como el resto de instituciones europeas trataba con mimo las relaciones con Rabat.

Mientras el Parlamento Europeo se ha expresado en varias ocasiones en términos muy duros contra la represión efectuada por las autoridades de Argelia contra su población, Rabat apenas se ha visto incomodada en ese sentido por la cámara europea. Ni en asuntos del Rif ni, por supuesto, en cuestiones del Sáhara Occidental.

El Parlamento Europeo aprobó el 26 de noviembre de 2020 una resolución urgente que advertía sobre el deterioro de las libertades en Argelia, con 669 votos a favor y solo tres en contra, como bien se encargó de informar la agencia oficial marroquí MAP. El Parlamento llamaba a la liberación inmediata del periodista argelino Khaled Drareni. Un año antes, el 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo también emitió otra resolución donde condenaba “de forma enérgica” las detenciones “arbitrarias” y las “intimidaciones” efectuadas contra miembros de la sociedad civil que protestaban pacíficamente en el llamado Hirak (”movimiento”, en árabe) argelino.

Sin embargo, las protestas de Alhucemas que se desencadenaron en 2016 en el llamado Hirak del Rif y que terminaron con cientos de personas detenidas, no han provocado ninguna reacción en el Parlamento europeo. Esta institución tampoco ha reaccionado hasta ahora en defensa de los dos periodistas marroquíes, Suleimán Raisuni y Omar Radi, que se encuentran aislados y en prisión preventiva, acusados de delitos sexuales. Raisuni mantiene una huelga de hambre desde hace 63 días y Radi se vio obligado a suspender la suya por motivos de salud. El Parlamento tampoco se ha destacado por defender a los presos saharauis ni a los activistas saharauis que denuncian represión en el Sáhara Occidental.

Todas las tensiones entre Bruselas y Rabat se habían ido resolviendo hasta ahora en sordina, con la discreta y valiosa ayuda de Madrid a Marruecos. El Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo, sentenció en 2018 que el pacto de pesca con Marruecos no debe aplicarse al Sáhara Occidental porque ese territorio “no forma parte del Reino de Marruecos”. Finalmente, Bruselas y Rabat firmaron otro acuerdo de pesca. Los barcos europeos —sobre todo, españoles— siguieron faenando en el Sáhara Occidental. Y el Frente Polisario recurrió de nuevo ante la justicia europea, que tendrá que pronunciarse en los próximos meses.

El ejemplo máximo de colaboración entre Madrid y Rabat ante Bruselas se produjo en 2016, después de que la UE firmase un acuerdo con Turquía mediante el cual las autoridades turcas se hicieron cargo de varios millones de refugiados sirios a cambio de 3.000 millones de euros. Aquella cifra hizo que Marruecos elevara también el precio de su factura.

Rabat calculó que necesita 434 millones de euros para controlar sus fronteras, según una memoria económica de Bruselas. Y España se convirtió en portavoz de los intereses de Marruecos en Bruselas, tras un récord histórico de llegadas de emigrantes irregulares en 2018. El Gobierno español consiguió en 2019 que la UE se comprometiera a ofrecer a Rabat 140 millones de euros. Ese año, el flujo de llegadas se redujo, pero en 2020 volvió a dispararse y arribaron 23.000 emigrantes irregulares a Canarias, la mitad de los cuales eran marroquíes. La mayoría de ellos salieron desde la ciudad saharaui de Dajla, estrechamente vigilada por las fuerzas del orden marroquíes.

Ahora, tras la entrada masiva en Ceuta, las autoridades marroquíes parecen haber descubierto algo que los emigrantes irregulares saben de sobra: que detrás de la frontera marroquí, una vez que se pisa el territorio español de Ceuta, se pisa también Europa. Rabat ha intentado neutralizar ese factor, insistiendo en que la crisis diplomática es un problema bilateral con España que no tiene nada que ver con el resto de la UE. Pero la reacción de la Comisión a mediados de mayo y el debate de este jueves en el Parlamento Europeo muestran que la estrategia marroquí de separar los intereses españoles de los europeos no ha dado, de momento, los frutos esperados por Rabat.

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