Marruecos impone duras penas de cárcel a 19 activistas saharauis
Ocho de los condenados se enfrentan a cadena perpetua por los disturbios en el campamento de Gdim Izik de 2010, donde murieron 11 agentes marroquíes
Tras seis meses de juicio civil, el veredicto contra los 24 activistas saharauis —uno de ellos ha visto postergado su caso por motivos de salud— se dio a conocer a primeras horas de este miércoles. La sala de lo Criminal del Tribunal de Salé, ciudad próxima a Rabat, ha sentenciado a 19 personas con penas que van desde los 20 años de cárcel a la cadena perpetua para ocho de ellos. Cuatro de los encausados han sido puestos en libertad, ya que sus condenas son inferiores a los siete años que llevan en prisión.
Los procesados llevan en prisión desde 2010, fecha en la que se produjo el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik. Aquel año, 20.000 personas instalaron 7.000 jaimas en una zona desértica, a 15 kilómetros de El Aaiún. En principio reivindicaban el acceso al trabajo y a la vivienda. Con el paso de los días, la protesta se convirtió en un reclamo del derecho a la autodeterminación. Aquello se convirtió en la mayor protesta civil desde que España abandonara el Sáhara Occidental en 1976. Al cabo de un mes, el 10 de noviembre de 2010, la policía recibió la orden de desalojar la zona. Durante la operación fallecieron 11 agentes, en su mayor parte atropellados. El Frente Polisario denunció también la muerte de cuatro personas, entre ellos un adolescente de 14 años.
Un tribunal militar condenó en 2013 a la mayoría de los 24 activistas a penas de más de 20 años, incluidas ocho cadenas perpetuas. La defensa de los saharauis alegó que no había ninguna prueba contra ellos como autores materiales de las muertes. La insistencia del expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, fue decisiva para que Marruecos decidiera iniciar un proceso civil. Finalmente, el juicio comenzó en enero ante la mirada de decenas de observadores internacionales.
Rosalía Perera, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz y letrada de la fundación del Consejo de la Abogacía Española, asistió en 2013 al juicio militar y estuvo presente este martes en la última sesión del tribunal civil. Asegura que el juicio mejoró mucho en la formas, pero no en lo sustancial. “El proceso militar fue inadmisible", indicó, "ya que un tribunal militar no debía haber juzgado nunca a estos civiles. Además, la presión que había en la sala y el trato que se daba a los acusados nos hacía vaticinar unas condenas terribles, como finalmente se dictaron. Ahora teníamos esperanza en que habría un juicio “equitativo”, por emplear una palabra que repetía insistentemente el presidente de este Tribunal civil. Había una cierta preocupación en mantener las formas. Las formas se han mantenido hasta el final, aunque el derecho a la defensa se ha visto limitado continuamente”.
Respecto al veredicto en sí, Rosalía Perera señala: “No puedo calificar más que de sorprendentemente doloroso, grave e injustificable que este tribunal haya dictado en pleno Siglo XXI condenas de cadena perpetua ante la ausencia de pruebas de cargo que inequívocamente señalen a una persona como autora del delito que se le imputa, sin la existencia de nexo causal claro. Se ha mantenido casi idéntica la sentencia militar. Allí hubo ocho cadenas perpetuas y aquí, también”.
La defensa de los 23 procesados se retiró del juicio el 15 de mayo, por considerar que no se deban las suficientes garantías para un proceso justo. Los acusados dejaron de asistir a las sesiones y el tribunal nombró abogados de oficio. Los cuatro abogados de oficio insistieron durante su última intervención en la falta de pruebas contra los acusados. “Qué huellas de los acusados han encontrado en la autopsia de las víctimas?”, preguntaba al presidente de la sala uno de los abogados de oficio. “Las autopsias no incriminan a ninguno de los acusados”, insistió.
El letrado saharaui Sidi M. Talebbuia, que viajó desde España en calidad de observador, indicó que todo el proceso era un “puro teatro” y que las sentencias en realidad estaban ya dictadas. Isabel Loureso, activista portuguesa de derechos humanos, invitada por la Fundación Sáhara Occidental, indicó: “Los presos están acusados de las muertes de personas concretas. No hay ninguna relación directa entre los acusados y las víctimas, ninguna prueba, ni ADN, ni nada. Las sentencias se han dictado valiéndose de las mismas actas obtenidas bajo tortura en el proceso militar de 2013”.
Las familias de las víctimas se han declarado satisfechas por el veredicto, aunque siguen reclamando una compensación económica al Estado.
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