Villarejo pide declarar a puerta cerrada en el Congreso para revelar detalles del espionaje a Bárcenas

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, imputado por su implicación en el espionaje ilegal a Luis Bárcenas y en libertad provisional desde marzo, ha remitido este martes al Congreso de los Diputados una carta en la que solicita que su comparecencia en la comisión de investigación de la Operación Kitchen, prevista para el próximo jueves, sea a puerta cerrada. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Villarejo justifica su petición en la necesidad de poder declarar sobre “diversas notas” que elaboró sobre aquel operativo parapolicial iniciado en 2013 para arrebatarle al extesorero documentación comprometedora para el PP y que, en la actualidad, están sometidas a la ley de secretos oficiales. “Difícilmente podré hablar de ello sin que en adelante pese sobre mí otra acusación de ‘violación de secretos”, recalca el comisario en la carta, que envió mediante un burofax [con acuse de recibo y autentificación del contenido]. Fuentes de la comisión señalan a este diario que la petición será previsiblemente rechazada y que la sesión se desarrollará, como todas las anteriores, con carácter público.

En la carta, Villarejo insiste en que tiene “la más firme y decidida voluntad de colaborar en esclarecer la verdad de los hechos que han dado lugar a esta comisión de investigación parlamentaria” y califica su citación de “oportunidad” para poder ofrecer su “versión de los hechos”. Sin embargo, destaca que el Ministerio del Interior, al que acusa de seguir una “causa general” contra él, ha declarado como reservado el contenido de todas las notas informativas que elaboró mientras trabajó como “agente de inteligencia” y, por tanto, sometido a la Ley sobre Secretos Oficiales. “Al existir restricciones que colisionan con mi firme decisión de declarar sobre todo lo que conozco, a preguntas de los miembros de dicha comisión, es por lo que solicito que mi testimonio se realice bajo el protocolo de la Comisión de Secretos [cuyas sesiones son a puerta cerrada y el desarrollo de las mismas tienen el carácter de reservado], salvaguardando así los intereses de las instituciones y, en suma, de nuestra soberanía nacional”, señala el comisario jubilado.

Villarejo insiste en que si se acepta esa solicitud “se conjugaría” su “voluntad firme” de declarar en el Congreso “con la protección de los intereses de mi país a los que me debo como leal servidor del Estado que siempre fui”. La petición será, previsiblemente, rechazada, según confirman a EL PAÍS fuentes de la comisión. Estas recuerdan que, desde el inicio de sus trabajos, se puso de manifiesto que la comisión tenía capacidad para acceder a este tipo de documentación secreta y que, por tanto, la comparecencia de Villarejo debe ser pública, como han sido hasta ahora las de las 20 personas que le han precedido. Estas fuentes consideran que la petición del policía es “parte de su puesta en escena” para el próximo jueves.

La misiva del comisario incluye también una segunda petición que, según apuntan fuentes de la comisión, también será rechazada. Villarejo solicita comparecer acompañado de su abogado defensor, Antonio José García Cabrera, como han podido hacer otros comparecientes que, como él, están imputados en el caso Kitchen. Sin embargo, pide que este se siente a su lado “para poder asesorarme sobre las consecuencias de mis respuestas” y evitar que responda a cuestiones que “puedan interpretarse como menoscabo a la autoridad judicial”. Hasta ahora, los letrados que han acudido acompañando a otros comparecientes han permanecido sentados al fondo de la sala donde se celebran las sesiones, lo que el comisario considera insuficiente por encontrarse encausado en el macrosumario del caso Tándem, por la trama policial que presuntamente encabezaba. La comisión le negará finalmente esta posibilidad y le invitará a que se comunique con su defensor mediante “contacto visual y notas”.

Hasta el momento, cinco de los policías imputados en el caso Kitchen se han negado a responder las preguntas de los diputados tras alegar que la información que les solicitaban estaba sometida a la Ley sobre Secretos Oficiales o para no perjudicar su situación judicial. Estos silencios, pero también la escasa documentación que ha llegado al Congreso tras la negativa del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a remitir parte del sumario, es señalada por varios diputados de la comisión como la principal causa de los escasos avances en la investigación parlamentaria tras dos meses de sesiones.

Un sexto implicado, el comisario Enrique García Castaño, conocido con el alias de El Gordo, también remitió al Congreso, antes de comparecer, una carta. En su caso, pedía que el Congreso solicitase al Gobierno que le dispensara de la obligación de guardar secreto sobre las cuestiones relacionadas con sus actividad policial. García Castaño recibió del Congreso una respuesta similar a la que ahora se hará llegar a Villarejo. En ella, la Cámara baja aseguraba que la comisión de investigación “tiene competencia para recibir información relativa a secretos oficiales y gastos reservados” y, por tanto, descartaba pedir a la comisión de secretos oficiales una dispensa, como pedía el comisario. Sobre la solicitud de autorización al Gobierno, la Cámara baja señalaba que tampoco procedía “ninguna actuación más en relación con los deberes de secreto que, en su caso, pudieran afectar al compareciente”.

Tras esta respuesta, García Castaño anunció al inicio de su comparecencia que no iba a poder responder a buena parte de las preguntas, aunque finalmente sí lo hizo. Así, aseguró que recibió instrucciones directas del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también imputado, para espiar a Bárcenas y que, “por supuesto”, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto. El agente también mostró su convencimiento de que tanto el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, estaban informados de la Operación Kitchen. De hecho, su intervención ha sido calificada por los diputados como la “más valiosa” hasta ahora.