Bárcenas comparecerá el primero en la comisión de la Kitchen y Rajoy el último

La mesa que dirige y ordena los trabajos en el Congreso de la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, el presunto uso de medios y fondos reservados del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy para espiar, en 2013, al extesorero del PP Luis Bárcenas, se ha reunido este miércoles y ha decidido citar como primer compareciente para ser interrogado ea el propio Bárcenas, pieza clave del caso Gürtel. Esa comparecencia se producirá el 11 de marzo, acompañada de la de dos ex altos mandos policiales. La comisión ha priorizado para las primeras sesiones las comparecencias de altos mandos de la policía y ha dejado para el final la de los exresponsables políticos, tanto de exsecretarios de Estado y ministros como del propio expresidente, Mariano Rajoy, que será el último aunque todavía sin fecha cerrada.

La comisión de investigación Kitchen, denominada oficialmente “comisión relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular”, fue aprobada en pleno el pasado octubre, pero no ha sido hasta finales de enero cuando empezó a funcionar. Tras la campaña electoral catalana, la mesa de la comisión se ha citado para ordenar sus próximos trabajos y resolver el dilema sobre cómo convocar a los 30 comparecientes aprobados en un primer momento en una lista confeccionada por el PSOE y que recabó el apoyo de Unidas Podemos, entre otras formaciones. La comisión dejó abierta la posibilidad de llamar a más personas durante su transcurso, según vayan sucediéndose las sesiones y si aparecen novedades relevantes por aclarar.

El listado aprobado este miércoles concluye que las comparecencias comenzarán con uno de los personajes clave de los principales escándalos que han afectado al PP en los últimos lustros, desde que se destapó el caso Gürtel. Bárcenas, espiado de manera ilegal por la trama parapolicial de la Operación Kitchen, deberá acudir al Congreso el 11 de marzo. Para esa fecha, está fijada en la Audiencia Nacional una de las sesiones del juicio iniciado la semana pasada sobre los llamados papeles de Bárcenas, sobre la contratación irregular a través de una caja b de las obras para la remodelación de la histórica sede del partido en el número 13 de la calle Génova de Madrid, que ahora Pablo Casado quiere mudar a otra dirección. Sin embargo, y pese al retraso que ha sufrido la vista tras enfermar uno de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez, por coronavirus, está previsto que para entonces ya haya declarado el extesorero del PP, que podrá ausentarse del resto de las jornadas de las vista hasta el tramo final, previsto para finales de mayo.

En la primera jornada de comisión, además de Bárcenas deberán acudir los comisarios Miguel Ángel Bayo Herranz y Felipe Eduardo Lacasa Córdoba, ya jubilados, que eran en aquellos años que se investigan ahora, entre 2013 y 2016, se encargan de entregar los fondos reservados que se recibían del Ministerio del Interior a las unidades de la Policía Nacional. Ambos ya han declarado como testigos por estos hechos en la Audiencia Nacional, y sus testimonios revelaron descontrol en el uso de los fondos reservados, parte de los cuales se desviaron presuntamente a financiar la Opedración Kitchen..

En las siguientes sesiones está previsto citar, por este orden, al comisario José Antonio Rodríguez González, actual director del Gabinete de Estudios y Coordinación de la secretaría de Estado de Seguridad, y al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que estuvo al mando de la coordinación de las fuerzas de seguridad en el operativo montado para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y que ocupó el mismo puesto que el comisario Rodríguez. Desde este cargo se visaba la utilización de los fondos reservados que Interior entregaba a policía y Guardia Civil, alrededor de seis millones de euros al año.

La comisión se ceñirá en las siguientes sesiones en conocer las opiniones y versiones de varios policías, entre ellos el inspector jefe Manuel Morocho, máximo responsable de la investigación del caso Gürtel y cuyo trabajo supuestamente fue torpedeado por la trama Kitchen. Le seguirán los inspectores jefes Bonifacio Díaz Sevillano y José Ángel Fuentes Gago, ambos señalados como integrantes de la llamada brigada patriótica -el grupo de policías que supuestamente espió a rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Dïaz al frente de Interior- y el comisario Enrique García Castaño, conocido como el Gordo y entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), responsable de hacer seguimientos en operaciones antiterroristas y que ha confesado que participó en el espionaje a Bárcenas por orden de sus superiores policiales y políticos.

También van a ser citados a comparecer más policías ya imputados en el sumario del caso Kitchen. Así, tendrán que acudir al Congreso los comisarios Eugenio Pino, máximo jefe policial en la etapa que ocurrieron los hechos desde su puesto de director adjunto operativos; Andrés Gómez Gordo, quien durante un tiempo fue estrecho colaborador de María Dolores de Cospedal en su etapa de presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha; y Marcelino Martín-Blas, entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos y que terminó enfrentados con otros implicados.

También han sido citados los comisarios Enrique Barón Castaño (en aquellos años máximo responsable de la lucha antiterrorista), Juan Antonio González García (comisario general de Policía Judicial cuando se investigó el caso Gürtel), José Luis Olivera (primer jefe de la UDEF y que escaló en la etapa del PP a responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado-CITCO, además de muy cercano a Villarejo), Eugenio Pereiro (actual responsable de la lucha antiterrorista de la Policía) y Mariano Hervás (que ejercía como el número dos de la UCAO cuando se desarrolló la Operación Kitchen). Algunos ya han declarado como testigos en la causa. Tras ellos comparecerán el abogado Javier Iglesias, que llevó en sus primeras declaraciones la defensa del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido, y que en la actualidad defiende a la esposa de Villarejo; y el sacerdote Silverio Nieto, muy cercano al exministro Jorge Fernández Díaz y que conocía la existencia de los mensajes de móvil que incriminaban a este en la trama.

Cuando acaben esas primeras sesiones, la comisión llamará a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas y en prisión por el caso Gürtel; al que fue su chófer durante meses y que luego se descubrió que facilitaba información a la trama, el ahora policía Sergio Javier Ríos Esgueva; al abogado Jorge Sanchís Bordetas, exdirector de gabinete de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; al último exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, José Antonio Nieto Ballesteros; al comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, en prisión desde noviembre de 2017 por encabezar presuntamente la mafia policial desmantelada en la Operación Tándem; al exdirector general de la Policía Nacional de aquel Gobierno, Ignacio Cosidó y al propio Francisco Martínez, imputado y que mantuvo un careo judicial con su exjefe, el exministro Fernández Díaz, uno de los colaboradores y amigos más cercanos del expresidente Rajoy.

Para las últimas sesiones, y según lo programado ahora, la comisión se ha reservado las comparecencias del empresario Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, y de la propia exsecretaria general del PP, con los que el comisario Villarejo mantuvo varias conversaciones que están grabadas. El pasado septiembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que solicitaba que ambos fueran citados para declarar como imputados en el como caso Kitchen, pero hasta ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha desoído la petición. Finalmente deberán comparecer el exministro Fernández Díaz y el expresidente Rajoy. Para esas comparecencias aún no se ha podido concretar fecha. La comisión se fijó, en principio, un periodo de trabajo de tres meses.