¿Está en riesgo el Estado de derecho? Hablan los jueces

Tres de las cuatro asociaciones de jueces se han quejado ante la UE por la supuesta intromisión política en el Poder Judicial. EL PAÍS reúne a la portavoz de la principal asociación judicial y al de la única que no ha suscrito esa denuncia.

María Jesús del Barco, juez decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Fernando de la Fuente, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, el viernes en el exterior del edificio de EL PAÍS.
María Jesús del Barco, juez decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Fernando de la Fuente, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, el viernes en el exterior del edificio de EL PAÍS.© Luis Sevillano

Tres de las cuatro asociaciones de la carrera judicial dirigieron esta semana un escrito a la Comisión Europea en el que denuncian la situación de “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España”. Centran su queja en la reforma legal impulsada por el Gobierno que limita las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se cumpla su mandato de cinco años. El del órgano actual, presidido por Carlos Lesmes, caducó en diciembre de 2018, pero los partidos han sido incapaces de alcanzar un pacto para su renovación.

EL PAÍS ha reunido a María Jesús del Barco, juez decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora; y a Fernando de la Fuente, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), de tendencia progresista y única asociación que no ha suscrito el documento enviado a la UE. Ambos debaten sobre el estado de la justicia en España.

La reforma del Gobierno

La APM y otras dos asociaciones denuncian que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) acometida por el Gobierno supone un riesgo para el estado de Derecho. ¿Por qué?

María Jesús del Barco (APM). Siempre hemos reclamado que los jueces elijamos a los vocales jueces del CGPJ. Y Europa hace años que da toques a España en el mismo sentido. Pero esa reforma nunca llega y, sin embargo, se hace esta. Creo que es un ataque frontal al Estado de derecho porque impide al órgano de gobierno de los jueces ejercer una de sus funciones esenciales, que es efectuar nombramientos. Atenta contra la separación de poderes y se ha hecho a iniciativa del Ejecutivo. Le pedimos a la presidenta del Congreso poder hacer alegaciones y se nos negó. Y ya anunciamos entonces que iniciaríamos todas las acciones necesarias, incluso ante la UE.

—¿Por qué no firmó JJPD? ¿Consideran que no existe ese riesgo que denuncian sus compañeros?

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Fernando de la Fuente (JJPD). Nosotros no nos hemos negado a firmar. No se nos ha propuesto, no ha habido una negociación ni un rechazo. Es cierto que ya viene de una trayectoria previa y estas tres asociaciones dan por hecho que en esa línea no íbamos a estar. Para nosotros lo prioritario es la renovación del CGPJ. El ataque fundamental a la independencia es tener un Consejo no renovado. Luego podemos hablar de otras cosas. Estamos de acuerdo con que a los vocales jueces los elijan los jueces, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Si asumimos que el CGPJ puede estar en funciones in sécula seculórum, estamos poniendo en duda la Constitución.

APM. Espero que esta reforma al menos sirva de acicate a los políticos para llegar a un acuerdo. Me molesta que esta incompetencia de los políticos para cumplir el mandato constitucional la paguemos los jueces, que al final es pagarlo la sociedad entera porque sin un poder judicial fuerte todo se va al garete.

JJPD. Hay una utilización política del CGPJ y eso es lamentable. Hay un partido que no es capaz de tender puentes para el acuerdo, que es el partido en el Gobierno; y otro, que es el principal partido de la oposición, que sabe que si no participa en el acuerdo, el CGPJ no se renueva. Los políticos tienen una obligación constitucional que tienen que cumplir. Dicho esto, nosotros no estamos de acuerdo con que un CGPJ en funciones tenga todas las funciones. Precisamente porque se usa políticamente. Lo que está haciendo ahora el PP lo puede hacer dentro de unos años el PSOE. Hay que hacer desaparecer ese interés de los partidos por un CGPJ en funciones. Antes de que surgiese la propuesta, nosotros ya dijimos que había que regular lo que puede hacer el CGPJ en funciones. Pero no se ha hecho bien.

—¿Por el contenido o por las formas?

JJPD. Por las formas. Con el contenido estamos esencialmente de acuerdo

APM. ¿Y qué hacemos con los puestos que se quedan vacantes?

JJPD. Hemos defendido los nombramientos que ha hecho el CGPJ mientras ha podido. Pero esa tentación hay que hacerla desaparecer. Y a veces hay que lanzar un órdago. Ya está, a partir de ahora los culpables de que haya puestos que no se cubran son los políticos, y los ciudadanos tienen que saberlo y exigirles que lo solucionen. Debía haberse hecho de forma más sosegada, no al albor de una necesidad.

APM: Y casi en plan chantaje, tensando la cuerda.

Bloqueo del CGPJ

Tras dos años y medio, los partidos no han logrado un pacto para renovar el Consejo. ¿Qué solución proponen las asociaciones? ¿El bloqueo del PP es también un ataque al estado de Derecho?

APM. Es un mandato constitucional que no se cumple. Nosotros estamos de acuerdo en que lo principal es que se renueve. No puede ser que llevemos dos años y medio así.

JJPD. Eso es lo prioritario. Y no me parece razonable que solo negocien dos partidos

APM. Ni siquiera eso. Negocia un partido del Ejecutivo y un representante de un partido que ni siquiera forma parte de ese Legislativo [en referencia a Enrique López, consejero de Justicia de Madrid y responsable de esta materia en el PP]. No respetan ni el modelo que nos imponen. Te aseguro que si los jueces tuviéramos que elegir a los vocales, ya lo habríamos hecho.

—El Gobierno tiene aparcada la propuesta de rebajar la mayoría necesaria para renovar el Consejo, pero si el bloqueo persiste podría retomarla. ¿Lo consideran una opción admisible?

JJPD. No estamos de acuerdo con esa modificación. Transmite a los ciudadanos una intromisión en el Poder Judicial y su manejo. Pero es cierto que esa propuesta es consecuencia de la falta de acuerdo. Si hubiera habido pacto, no hubiera existido.

APM. El ciudadano no sabe distinguir el CGPJ de los jueces y magistrados que integramos la carrera judicial. Percibe que el político nombra a los jueces. Por lo que esa reforma podría solucionar a corto plazo el bloqueo, pero a largo plazo el daño a la imagen los jueces y a la democracia es enorme.

—Los últimos intentos de renovar el Consejo han fracasado por las condiciones impuestas por el PP. ¿Están de acuerdo con que se vete como vocal del CGPJ a candidatos que han participado en política?

APM. No me gusta que un cargo de representación en el CGPJ sea de alguien que tenga una vinculación política. Todos podemos intuir la ideología del otro, pero una cosa es eso y otra haber ido en una candidatura. Eso daña la imagen de la justicia y de los que nos partimos la cara poniendo sentencias y defendiendo la independencia. Es sangrante ver jueces que van de la política al juzgado y del juzgado a la política. Si hasta yo pienso que eso no es bueno, qué va a pensar el ciudadano.

JJPD. La apariencia de imparcialidad es muy importante. Se debe ser muy cauto en casos en los que haya habido una vinculación política. Lo que no podemos compartir es que se vete a un magistrado porque haya enjuiciado a tu partido. Si el veto a José Ricardo del Prada es porque intervino en el juicio de Gürtel, tú mismo estás poniendo en duda la independencia judicial. Y luego hay otro problema: se está mezclando la necesidad de renovación del CGPJ con la oportunidad política. Vamos a golpe de elecciones. Estamos a punto de renovar, pero como se convocan elecciones en Cataluña, nada. Luego, como se convocan en Madrid, tampoco.

María Jesús del Barco y Fernando de la Fuente, durante la entrevista.
María Jesús del Barco y Fernando de la Fuente, durante la entrevista.© Luis Sevillano

APM. Eso es lamentable. Si tú como partido dices que crees en la independencia del órgano de gobierno, no puedes estar suspendiendo las negociaciones cada vez que hay un evento político importante. Hay que tener sentido de Estado y frialdad. Hay que sentarse y habrá unos elegidos que te gusten más y otros menos, eso es negociar. Eso es lo que harían si creyeran de verdad en la independencia de los jueces. El problema es que no cree ninguno.

JJPD. Los partidos han perdido sentido institucional, se mueven por intereses electorales, no por el interés de los ciudadanos. Eso lleva a que se instrumentalice el CGPJ.

APM. Antes PP y PSOE ponían por delante el interés general. Ahora, si tuviéramos que reformar la Constitución o reformar leyes orgánicas que afecten a derechos fundamentales, sería imposible.

La justicia en el foco

En los últimos años ha habido muchos casos judiciales que han centrado la atención de la opinión pública. Algunos directamente ligados a la política, como el procés o los casos de corrupción, y otros de raíz social, como el caso de la manada. ¿Ayudan a acercar la justicia a los ciudadanos o perjudican la imagen de los jueces?

APM. Creo que el papel que hizo la Sala Segunda del Supremo en el juicio del procés fue magnífico para que el ciudadano viera cómo trabajamos. Acercó la justicia al ciudadano. Y es verdad que en los últimos años hemos vivido casos en que la justicia ha estado en el centro, para bien o para mal. El problema es que el CGPJ ha estado desaparecido. No había nadie que explicara las sentencias porque Carlos Lesmes decidió eliminar la figura de portavoz del Consejo.

JJPD. Las audiencias y los juicios son públicos y eso tiene un objetivo constitucional, que es el control de la acción judicial. Como jueces, tenemos un órgano de gobierno entre cuyas funciones está el dar a conocer la justicia para que el ciudadano tenga confianza en los jueces, pero eso ahora no funciona.

APM. Hay sentencias que todos sabemos que van a estar en la calle y en los medios. Y lo normal es que eso lo canalice el CGPJ, que explique la sentencia, porque al final lo primero que se cuenta es lo que queda. Esa labor didáctica de explicación no se ha hecho y a nivel de imagen nos ha machacado.

Corrupción e independencia

La justicia ha llevado a prisión a exdirigentes políticos, banqueros o al cuñado del rey. Actualmente se investiga a partidos e incluso al anterior jefe de Estado. ¿Está garantizada la independencia judicial en estos casos pese a todas las carencias e injerencias que denuncian?

APM. Sí. Se ha llevado al cuñado del rey a prisión, a líderes políticos, a ministros. Estos casos tienen la parte positiva de que trasladas a los ciudadanos que el que la hace la paga. Da igual que seas político. Es más, se le debe exigir una mayor responsabilidad. Cuando los jueces entramos en un asunto es porque se ha cometido un delito. O porque algunos partidos judicializan todo y tenemos que entrar y archivar lo que no corresponde, que pasa a menudo.

JJPD. No hay ningún motivo para dudar de la independencia y esta es la prueba. No podemos fallar precisamente en aquellos casos que tienen repercusión, hay que ser aún más pulcros.

APM. No nos gusta que nos lleguen estos casos, a nadie le gusta ser el foco. Pero eso no quiere decir que esa presión te afecte para hacer bien tu trabajo. El ciudadano tiene que saberlo y estar tranquilo.

“Gestionar una pandemia no es prohibir”

Los partidos de la oposición y los presidentes autonómicos reclaman herramientas jurídicas para combatir el coronavirus tras el 9 de mayo, cuando se levante el estado de alarma. Temen que se repita la situación del pasado verano, cuando los jueces, cuya autorización es preceptiva para tomar medidas que restrinjan derechos fundamentales, aplicaron criterios opuestos en situaciones similares. ¿Cómo se justifican esas discrepancias? ¿Hay que cambiar la ley?

María Jesús del Barco (APM). Tras el primer estado de alarma se puso de manifiesto que las comunidades adoptaban medidas para las que no tienen competencias, y eso necesita un control judicial. Había momentos que parecía un campeonato, a ver quién acordaba lo más restrictivo. Gestionar no es prohibir. Gestionar es ser capaz de ver qué puedes hacer para que el ciudadano mantenga sus derechos mientras luchas contra la pandemia.

Fernando de la Fuente (JJPD). Hemos dado carta de naturaleza a muchas restricciones. Estar en un estado de alarma permanente no es natural. Lo que sucede es que se da a las comunidades un exceso de decisión en cuestiones que podrían ser comunes. Quizá la modificación legislativa debería ir más por que sea obligatorio lo que acuerde el Consejo Interterritorial. Y que en esas reuniones se pacten unos mínimos y luego cada comunidad adopte medidas concretas que sean analizadas por los tribunales superiores.

APM. Está claro que las leyes de 1981 y de 1986 no previeron una pandemia así, ni estaban preparadas para un desarrollo autonómico como el que se ha producido. Y no se han cambiado después.

—¿Se debe regular la posibilidad de restringir derechos fundamentales sin estado de alarma y sin control judicial?

JJPD. El control judicial es para evitar la arbitrariedad en decisiones administrativas. No se puede transmitir al ciudadano que los jueces son malos porque deniegan lo que piden los políticos. El juez decide conforme al caso concreto, pero también conforme a la documentación que se le presenta. A veces no se motivan las peticiones con informes serios, con datos.

APM. Si quieres restringir derechos tiene que ser con estado de alarma. Las restricciones de derechos y libertades de los ciudadanos no pueden dejarse al capricho de un presidente autonómico.

El control de la justicia en tres reformas

La reforma de 2004 que obliga al consenso. El Gobierno socialista abordó a finales de 2004 la primera reforma importante del Poder Judicial en el siglo XXI para “reforzar la independencia judicial”. El cambio legislativo obligó a que el nombramiento de presidentes de tribunales superiores de justicia o de magistrados del Supremo se hiciera con una mayoría de tres quintos (13 de 21 miembros). Hasta entonces bastaba con mayoría simple, lo que permitió al Consejo durante los ocho años de mandato de José María Aznar (1996-2004) nombrar para los distintos cargos a jueces de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura con el voto de 11 vocales elegidos a propuesta del PP sin que la carrera se quejase.

 

La reforma de 2013 regresa al rodillo. El PP regresó al Gobierno a finales de 2011 y dos años después aprobó una reforma del Poder Judicial que incumplió su promesa de dar a los jueces la competencia de nombrar a 12 vocales del Consejo y, además, volvió a cambiar las mayorías necesarias de manera que bastaba con 11 votos de los 21 para nombrar cargos judiciales. El PP eligió con su mayoría absoluta a 11 de los 21 vocales.

 

La reforma de 2018 frena el poder de la mayoría. El Congreso aprobó con un Gobierno socialista otra reforma legal del Poder Judicial que recuperaba la necesidad de sumar tres quintos en el Consejo para aprobar nombramientos de presidentes de tribunales superiores de justicia o de magistrados del Tribunal Supremo.

 

Sentencias contra el poder. Durante lo que va de siglo XXI y pese a la bronca política a cuenta del supuesto control de la justicia, los tribunales han condenado a algunos antiguos representantes del poder: ministros (del PSOE y del PP), presidentes autonómicos (del PSOE y del PP y de CiU), presidentes de bancos, jefes de la patronal, dirigentes sindicales, diputados, senadores, alcaldes, concejales o el cuñado del Rey, entre otros.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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