Calvo no descarta recuperar la reforma que cambia la fórmula para renovar el Poder Judicial si el PP rechaza el pacto
El PSOE no apoya la idea de aplicarla ya, como pide Unidas Podemos, pero la reserva para más adelante
La posibilidad de cambiar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar su bloqueo aún está sobre la mesa del Gobierno. El PSOE descarta endurecer a través de una enmienda la ley del Poder Judicial, cuya reforma se tramita en el Congreso para evitar que el órgano de gobierno de los jueces siga nombrando cargos judiciales con el mandato prorrogado. Si Podemos presenta una enmienda para elegir vocales con mayoría absoluta —ahora son necesarios los tres quintos de la cámara—, el PSOE no la aprobará. Esto lo dejó claro la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, según el entorno de la vicepresidenta, esto no significa que el Gobierno renuncie a la reforma dura si el PP persiste en bloquear la renovación después de las elecciones catalanas.
La situación de bloqueo que vive el Poder Judicial desde hace dos años impide que el CGPJ tenga una representación de jueces y juristas de prestigio que resulte proporcional en cuanto a sensibilidades a la distribución del poder político en el Congreso y el Senado.
Mantiene su veto el Partido Popular, clave para sacar adelante cualquier renovación porque sin sus 89 votos es imposible sumar los tres quintos necesarios para los nombramientos. Pese al cambio de mayoría en el Congreso, el sector conservador sigue teniendo en el CGPJ una mayoría absoluta de vocales a los que el PP propuso hace siete años para un mandato de cinco.
La situación de bloqueo provocó un primer movimiento del Gobierno de coalición para registrar en el Congreso una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que modificaba el sistema de elección de los vocales. La reforma permitía la renovación con la mayoría absoluta de las dos cámaras en caso de que en primera votación fuera imposible reunir a los tres quintos del parlamento necesarios para los nombramientos.
La reforma recibió críticas de Europa y el presidente Pedro Sánchez aceptó aparcarla en el Congreso de los Diputados para intentar un nuevo acuerdo con el PP. Mientras se producían las escaramuzas parlamentarias, el Consejo General del Poder Judicial con el mandato prorrogado seguía desempeñando sus funciones, entre ellas, el nombramiento de cargos clave en el Tribunal Supremo.
El enfado del Gobierno ante esta situación desencadenó un nuevo movimiento parlamentario. PSOE y Unidas Podemos presentaron otra proposición de ley para que el Poder Judicial no pudiera hacer nombramientos de cargos judiciales con el mandato prorrogado, como ahora. Esa iniciativa pretendía meter presión al PP para desbloquear la renovación del CGPJ. Pero las semanas han pasado y el partido de Pablo Casado sigue sin cerrar un acuerdo y plantea varias condiciones. Una de ellas es sacar de cualquier negociación a Unidas Podemos, un partido que no solamente obtuvo una importante representación parlamentaria sino que forma parte del Ejecutivo. El PP no acepta que alguno de los vocales del nuevo Poder Judicial pueda ser propuesto por Unidas Podemos, algo insólito en la historia del Consejo, que siempre tuvo vocales de sensibilidades minoritarias: nacionalistas vascos y catalanes o Izquierda Unida, antes PCE.
La tramitación de la nueva reforma legal se hará por el trámite de urgencia y se han habilitado sesiones en enero. Unidas Podemos amenaza con meter enmiendas durante la tramitación para acometer la reforma dura que permita renovar el CGPJ con mayoría absoluta. Pero el PSOE ya ha aclarado que esa posibilidad no contará con su apoyo y en esa línea iban las declaraciones de Calvo tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, su entorno aclara que si el PP insiste en vetar mucho más tiempo la renovación del CGPJ tramitará la reforma dura que permitirá salvar ese bloqueo. La solución llegará pues en unas semanas, con toda probabilidad después de las elecciones catalanas.
