Calvo entierra la reforma del Poder Judicial que permitía renovarlo sin el PP

La vicepresidenta Carmen Calvo fue la encargada en el Gobierno de idear la reforma de la Ley del Poder Judicial que permitía renovar su órgano de gobierno sin tener que pactar con el PP, porque pasaba de una mayoría necesaria de tres quintos del Congreso a solo mayoría absoluta. Pero, ante la tensión política que esa iniciativa generó en octubre, Pedro Sánchez decidió aparcarla, y ahora Calvo la ha enterrado aparentemente de forma definitiva. “No vamos a tramitar nada que esté afectando a las mayorías necesarias para la renovación del órgano. No está en el ánimo del grupo parlamentario mayoritario de la Cámara, que es el PSOE, con 120 escaños, que es además el grupo mayoritario que sostiene el Gobierno”, ha asegurado la vicepresidenta este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Calvo descarta así seguir en este asunto la vía que plantea Pablo Iglesias, que insiste en recuperar esa reforma ante la negativa del PP a renovar el consejo. El PSOE apuesta por un pacto con el PP después de las elecciones catalanas de febrero. La vicepresidenta ha insistido en que el PSOE defiende la vía que está en marcha, esto es, la de limitar mediante una ley la capacidad del Consejo de hacer nombramientos cuando esté caducado su mandato, como sucede ahora, cuando lleva dos años fuera de plazo.

La rueda de prensa ha estado plagada de mensajes al socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, aunque tanto Calvo como la portavoz, María Jesús Montero, han insistido en que hay que normalizar el hecho de que en las coaliciones haya distintas posiciones. En el sector socialista hay un malestar creciente con Unidas Podemos por hacer públicas las discusiones que para los socialistas deberían quedar en la discreción del debate interno, y sobre todo por trasladar la idea de que el PSOE no quiere hacer reformas progresistas y ellos sí.

Ese malestar se ha traslucido en la rueda de prensa en algunas respuestas, aunque precisamente este martes el PSOE y Unidas Podemos han empezado a resolver algunos de sus conflictos sobre asuntos centrales de la política económica. El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el decreto antidesahucios que llevaban semanas negociando los dos sectores del Gobierno y que finalmente incluye un añadido que impedirá el corte de suministros de gas, luz y agua en este invierno del coronavirus a la población más vulnerable. Ambas prohibiciones, tanto de desahucios como de cortes de suministros, estarán vigentes solo mientras dure el estado de alarma. La última prórroga de seis meses aprobada por el Congreso concluye el 9 de mayo.

Este acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para un asunto especialmente sensible cierra un capítulo de la batalla política que las dos almas del Gobierno viven en las últimas semanas, justo después de haber encarrilado los Presupuestos y con ellos la legislatura. Sin embargo, quedan varios frentes importantes abiertos, en especial el del salario mínimo y el de las pensiones.

En el salario mínimo de momento no hay decisión definitiva, pero todo indica que el presidente, Pedro Sánchez — ausente en el Consejo de Ministros de este martes por la cuarentena a la que se ha sometido tras el positivo del presidente francés, Emmanuel Macron, con quien almorzó la semana pasada—, ha decidido respaldar la opinión de su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que apuesta por congelarlo de momento y ver en unos meses si la situación económica permite subirlo. Unidas Podemos reclama una subida del 0,9%, 9 euros al mes de los 950 en los que está ahora el SMI, el mismo porcentaje que han subido las pensiones y los sueldos de los funcionarios y por debajo de la media de aumento de los convenios colectivos. Calvo ha dejado muy claro que la apuesta del sector socialista, que es probablemente la que se impondrá, es dejar la decisión para dentro de unos meses.

Ante la cuarentena de Sánchez, ha sido la vicepresidenta primera quien ha presidido un Consejo de Ministros de claro contenido económico. La estrella es la aprobación de un gran plan de apoyo a la hostelería y la restauración que lleva también varias semanas de retraso por negociaciones internas del Gobierno. Esta vez no es entre el PSOE y Unidas Podemos, sino dentro del sector socialista, ya que el tira y afloja era entre la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el corazón económico del Ejecutivo, con Calviño y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que están especialmente preocupadas por la sostenibilidad de las cuentas públicas y frenan los impulsos de gasto de los ministros. De hecho, la medida estrella de este plan no supondrá un coste para el Gobierno, porque es un mecanismo para forzar una bajada de los alquileres que permite a los comerciantes que estén pagando un alquiler a un gran tenedor (propietario de más de 10 inmuebles) que si no logran un acuerdo de rebaja puedan exigir una rebaja del 50% o un retraso del pago hasta que se acabe el estado de alarma.