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Los Gobiernos central y vasco resuelven el traspaso de prisiones a Euskadi para el 1 de octubre

La transferencia de las tres prisiones de Euskadi se ha cuantificado en 70 millones

Mikel Ormazabal
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, antes de reunirse este viernes en Vitoria.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad vasco, Josu Erkoreka, antes de reunirse en febrero pasado en Vitoria.L. Rico (EL PAÍS)

Los Gobiernos de Pedro Sánchez y de Iñigo Urkullu han cerrado este viernes la negociación para el traspaso a Euskadi de las tres cárceles vascas y firmarán el acuerdo definitivo en la Comisión Mixta de Transferencias el día 10 de mayo, aunque la gestión por la Administración vasca no se hará efectiva hasta el próximo 1 de octubre. La transferencia de esta simbólica competencia ha sido valorada en 70 millones de euros, cantidad que se descontará del Cupo que el País Vasco paga al Estado. “Este es un hito muy importante y satisfactorio para el futuro del País Vasco”, ha afirmado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

El acuerdo entre ambos ejecutivos incluye también la cesión de otras tres materias: el transporte por carretera, el puerto de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN.

La asunción de la competencia de las cárceles ha sido, junto a la del régimen económico de la Seguridad Social, una de las principales reivindicaciones del Gabinete de Urkullu en las dos últimas legislaturas. Con el acuerdo que se sellará el 10 de mayo, el Gobierno vasco tomará el control de la competencia “exclusiva” en la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Zaballa (Álava), Martutene (en San Sebastián) y Basauri (Bizkaia), así como del seguimiento y cumplimiento de las penas de los reclusos, entre otras tareas. Actualmente, la población reclusa en estas tres prisiones ronda las 1.300 personas, de las que un centenar son mujeres.

El acuerdo incluye también la transferencia de la antigua cárcel alavesa de Nanclares, ya sin población reclusa, aunque en sus dependencias se alojan funcionarios de prisiones. Del mismo modo, se ha consensuado que cuando se construya la cárcel donostiarra de Zubieta, el Gobierno vasco devolverá al español la titularidad del edificio de Martutene. Está previsto que la nueva prisión, con un coste de 39 millones de euros, esté terminada en la primavera de 2023, según ha anunciado Garamendi en una comparecencia junto al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

El Ejecutivo autonómico también se hará cargo de los casi 700 trabajadores de Zaballa, Martutene y Basauri, en su mayoría funcionarios, a quienes integrará en la función pública vasca, pagará sus nóminas y respetará los derechos que hayan adquirido hasta ahora.

“Tortuoso camino”

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El acuerdo llega tras un “largo y tortuoso camino”, ha señalado Erkoreka, que acerca a Euskadi “un poco más al objetivo del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika” aprobado hace 40 años. “Es un avance en el autogobierno” vasco, ha destacado el consejero, que precisamente inició las negociaciones que ahora han llegado a su final para la cesión de las cárceles vascas.

En noviembre de 2018, la entonces ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, y Erkoreka fijaron el primer cronograma de transferencias tras siete años de sequía por la falta de interlocución entre los Gobiernos central y vasco mientras estuvo Mariano Rajoy en la Presidencia. La maquinaria administrativa para sustanciar los traspasos arrancó muy despacio y los plazos fueron alargándose más allá de los anuncios que iban realizando los ejecutivos. Carolina Darias trató de darle un impulso a la negociación a comienzos de 2020, pero la pandemia provocó una nueva ralentización, aunque a mediados de ese año, poco antes de las elecciones vascas, se alcanzó el acuerdo para el traspaso de tres materias de menor valor.

La firma para la cesión de las cárceles, una competencia de gran calado para los nacionalistas vascos, llegará finalmente en mayo, con Miquel Iceta al frente del ministerio. Garamendi ha querido agradecer el “fuerte impulso” que el actual ministro ha dado a las negociaciones para consumar el pacto.

El Gobierno de Urkullu ha fichado al exjuez de la Audiencia Provincial de Álava Jaime Tapia como responsable del equipo técnico encargado de diseñar el modelo penitenciario vasco. Este estará basado en el sistema de las “3R”, ha dicho Erkoreka: reeducación, resocialización y reinserción de los reclusos. Se va a implementar un modelo basado en favorecer el cumplimiento de las penas en semilibertad, con el objetivo de que al menos el 40% de los internos cumplan sus condenas en régimen abierto. “Euskadi está preparada para asumir esta competencia. Es una oportunidad para cambiar, mejorar y gestionar una competencia aprovechando un mejor conocimiento de la realidad social”, ha afirmado el consejero.

Entre las grandes competencias pendientes, a los Gobiernos solo les quedaría formalizar la referida al régimen económico de la Seguridad Social, que no llegaría hasta finales de este año, según el último cronograma de transferencias.

Traslado de presos de ETA

La fecha del traspaso definitivo de las cárceles vascas se ha conocido el mismo día en que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha anunciado este viernes el acercamiento de otros cinco presos de ETA, cuatro de ellos a prisiones de País Vasco y Navarra, y la concesión de la semilibertad de otro activista.

Entre los acercamientos ordenados este viernes y de los que informa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en un comunicado, está el traslado desde la cárcel de Zuera (Zaragoza) a la de Álava del etarra Igor Martínez de Osaba Arregui, uno de los tres integrantes de la denominada “caravana de la muerte” que en 1999 transportó 1.745 kilos de explosivos que un comando tenía previsto colocar en Madrid.

En la cárcel de Basauri ingresará Ugaitz Pérez Sorriketa, recluido en la de Logroño y que en agosto cumplirá tres cuartas partes de una condena de 25 años. El tercer traslado corresponde a Garikoitz Arruarte Santa Cruz, quien cumple una pena de 20 años por un atentado frustrado en 2003 y que pasará de la prisión de Soria a la de Pamplona. Gregorio Escudero Balerdi, condenado entre otros delitos por el asesinato del concejal del PP en Zarauz José Ignacio Iruretagoyena en 1998, cambiará la cárcel coruñesa de Teixeiro por la de Dueñas (Palencia). Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, en prisión preventiva por su presunta participación en dos atentados, ingresará en Asturias procedente de la cárcel de Topas (Salamanca).

Instituciones Penitenciarias también ha ordenado la progresión a tercer grado o régimen de semilibertad de Asier Bengoa López de Armentia, en prisión preventiva desde 2019.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recordado hoy que ya ascienden a 212 los traslados aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde junio de 2018, de los cuales 176 son presos etarras y 52 de ellos ya cumplen condena en el País Vasco o Navarra. Esta potestad de decidir el traslado de reclusos seguirá estando en manos del ministerio que dirige Grande-Marlaska.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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