La agitada gestión de Marlaska, el ministro que nunca se quitó la toga

”¿Dimitir? No lo hará mientras sepa que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez”. Quienes conocen a Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 58 años) están convencidos de que, tras cerca de tres años al frente del Ministerio del Interior, no va a tirar la toalla pese a que las dos últimas polémicas hayan afectado al que, como juez, es su flanco fuerte: el jurídico. Su defensa de la actuación en la que seis policías derribaron sin orden judicial la puerta de un piso en Madrid en el que se celebraba una fiesta ilegal y la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a su departamento a restituir como jefe de la Guardia Civil en Madrid al coronel Diego Pérez de los Cobos han provocado una marejada política aprovechada por la oposición para pedir su dimisión, pero también un “desgaste personal importante”, admiten en el PSOE. “Él está muy tranquilo, porque sabe que le asiste la razón jurídica y política”, insisten en su equipo.

La polémica ha acompañado a Grande-Marlaska desde su llegada al Gobierno, en junio de 2018. En las filas del PSOE se recibió entonces su nombramiento con recelo porque, en 2013, había sido elegido vocal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de PP. El ministro, que se define como “progresista”, logró arrumbar esas dudas con su implicación en las campañas electorales de 2019, en las que fue candidato por Cádiz. “No tiene carné, pero nadie duda de su fidelidad, sobre todo a Sánchez”, aseguran ahora en el partido. Su elección tampoco gustó a la oposición. “Se convirtió rápidamente en un traidor para la derecha política y mediática, que hasta ese momento había pensado que era uno de los suyos”, le defiende su entorno.

A la sorpresa de su nombramiento siguieron dos decisiones que han definido la tormentosa relación de Grande-Marlaska con la Guardia Civil, el cuerpo que, 10 años antes, desarticuló el comando de ETA que tenía órdenes de atentar contra él. En julio, nombró a un comisario de la Policía Nacional para sustituir al coronel Juan Hernández Mosquera como director del Gabinete de Estudios y Coordinación, un puesto que convierte al que lo ocupa en el verdadero número tres operativo del ministerio y que, hasta ese momento, siempre había ocupado un alto mando del instituto armado. En agosto, destituyó al también coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), tras la filtración a la prensa de un correo interno en el que criticaba la falta de fondos reservados. Sobre esta destitución aún tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo. “En sectores de la Guardia Civil se consideraron estas decisiones como afrentas”, recuerdan fuentes de Interior.

El entorno de Grande-Marlaska reconoce ahora que el ministro tal vez “no calculó bien” las consecuencias de estas medidas que, además de abrir un abismo en su relación con el instituto armado, “puso en marcha una gran maquinaria en su contra” que explica hechos posteriores. Así, en septiembre de 2019 volvió a protagonizar un enfrentamiento con el instituto armado, a cuyos responsables recriminó que no le informaran del alcance de una operación que desembocó en el arresto de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) —colectivos de independentistas radicales— acusados de terrorismo. “No soporta enterarse de las cosas por la prensa”, admite un antiguo colaborador.

Esa es también la razón que está detrás del cese fulminante, en mayo de 2020, del coronel Pérez de los Cobos. El ministro tomó la decisión tras conocer por un diario que el instituto armado investigaba al director del centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, dentro del caso 8-M por la celebración de manifestaciones feministas días antes del primer estado de alarma. En el PSOE se consideró que Grande-Marlaska gestionó “mal y a destiempo” una destitución en la que, además de las formas —se comunicó la destitución al coronel un domingo de noche—, fallaron las explicaciones públicas, que fueron cambiando desde la “remodelación de equipos” a la negativa del coronel a facilitar información de una causa judicial.

Sin contrapeso político en Interior

“Un ministro debe hacer este tipo de cosas con el mínimo ruido posible y, por supuesto, sin generar un problema mayor”, señala un diputado socialista, que achaca la “mala gestión” del cese a la condición de magistrado del ministro: “En un juzgado, el juez lleva todo el peso y decide sin consultar. Dirigir un ministerio es muy distinto”, recrimina. Un antiguo colaborador achaca sus actuaciones más recientes a “la falta de un contrapeso político en el ministerio que le haga contar hasta 10 antes de actuar”, tras el cese como secretaria de Estado de Seguridad, en enero de 2020, de Ana Botella, la persona elegida por el partido como su contrapeso político en Interior. “Toma una decisión y no hay vuelta atrás”, añade. El entorno de Grande-Marlaska niega el error, y se muestra convencido de que la destitución de Pérez de los Cobos era inaplazable: “Ha sido el primero en actuar contra ciertas personas, sobre todo dentro de la Guardia Civil, que se creían intocables”. El ministro está convencido de que la justicia admitirá el recurso y confirmará el cese ahora declarado “ilegal”.

En las filas socialistas no gustan las formas “excesivamente jurídicas” del ministro. “Le pesa la toga, su pasado como juez. Sus decisiones pecan muchas veces de poco políticas”, señala un diputado socialista. “Parece no entender que cuando él habla, lo hace también el Gobierno y el partido”, apunta otro parlamentario. Ambos coinciden en que la defensa que Grande-Marlaska hizo del asalto de la policía a una vivienda en la que se celebraba una fiesta ilegal —puso en duda la inviolabilidad de los pisos turísticos por considerar que no son morada pese a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sentido contrario— les dejó “espantados”. Sin embargo, su entorno rechaza que esa “impronta” judicial sea un lastre en su gestión. “La política debe ir de la mano de la ley”, afirman. E insisten en que con aquellas palabras “no quiso entrar en un debate jurídico, sino defender a los suyos, a los agentes”.

También levantó ampollas el uso que hizo, durante el primer estado de alarma, de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. El PSOE había recurrido esta norma, aprobada por el PP en 2015, ante el Tribunal Constitucional y convirtió su derogación en una promesa electoral. Pese a ello, fue la norma que sirvió para proponer más de 1,2 millones de propuestas de sanción aquellos días, un elevado número que provoco quejas desde Unidas Podemos, socio de Gobierno. “La utilizó porque era una ley en vigor, simplemente”, justifica un antiguo colaborador. Según una respuesta parlamentaria, solo uno de cada cinco de estas propuestas ha derivado en la apertura de expediente sancionador.

La polémica también ha salpicado su gestión de la inmigración irregular. Con una política de mano dura en guante de seda —ha mantenido las expulsiones en caliente, luego avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la vez que retiraba las concertinas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla—, en 2019 logró, contra todo pronóstico, el objetivo de reducir a la mitad la llegada de sin papeles a las costas. Un hito que duró pocos meses. En 2020 se vivió el segundo repunte histórico de llegadas en patera a las islas Canarias. Grande-Marlaska era el responsable del campamento que se improvisó en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y que llegó a hacinar a más de 2.000 personas. El ministro, ante las denuncias de que los migrantes pasaban allí semanas, aseguró que nadie superaba las 72 horas de custodia policial. El Defensor del Pueblo y organizaciones no gubernamentales constataron lo contrario. La improvisación duró casi cuatro meses.