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La decisión de juntar tres juicios en uno aceleró la libertad del comisario Villarejo

La Audiencia Nacional alegó falta de salas grandes para juzgarlo antes de noviembre, fecha en la que el policía cumplía el máximo de prisión provisional

José Manuel Romero
Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Kitchen'.
Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Kitchen'.EFE

Una sorprendente decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional para juntar en un solo juicio tres piezas separadas del caso Villarejo desencadenó la excarcelación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La falta de salas grandes para juzgarlo antes de noviembre, fecha en la que Villarejo cumplía los cuatro años que la ley fija como tope máximo de prisión provisional, aceleró su libertad provisional. Cualquiera de los tres juicios previstos, por los que Anticorrupción pide para el policía un total de 109 años de cárcel, se podía haber celebrado en una sala pequeña y en pocos días.

La investigación de los delitos cometidos supuestamente por Villarejo comenzó en marzo de 2017 y permitió desarticular una red empresarial corrupta apoyada en una mafia policial. El juez ordenó en noviembre de 2017, tras una investigación secreta de ocho meses por parte de los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa, la detención del comisario, el registro de sus propiedades y su prisión provisional.

El juez abrió entonces una macrocausa con todo el material incautado para investigar más de 20 años de corrupción en España con el comisario Villarejo como protagonista. El instructor ha abierto hasta 30 piezas distintas que salpican y manchan a políticos, empresarios, periodistas y jueces.

El sumario afecta a uno de los principales bancos del país, BBVA, cuyo antiguo presidente está imputado por contratar a Villarejo para espiar a un adversario; a la cúpula de Interior durante el Gobierno del PP, con el ministro, el secretario de Estado y los principales cargos policiales investigados; y al rey emérito, cuya causa se archivó por dos veces pero desencadenó la marcha de España de Juan Carlos I.

Villarejo ingresó en prisión el 3 de noviembre de 2017 y la Audiencia mantuvo esa situación hasta el pasado 3 de marzo, prorrogando en 2019 la medida dos años más ante el grave riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Sin embargo, ocho meses antes de llegar al plazo máximo que se puede mantener a una persona en prisión provisional sin sentencia condenatoria, el juez que instruye la causa ha decidido dejarle en libertad previa solicitud de la Fiscalía.

Antes de que se diera esta situación, Anticorrupción presentó todo tipo de iniciativas para evitar que el comisario quedara libre antes de la celebración de, al menos, uno de los muchos juicios previstos contra él. La Fiscalía recurrió la decisión de juntar los tres juicios en uno con fuertes críticas a la sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que fue quien adoptó ese acuerdo.

En una macrocausa, explican fiscales consultados por EL PAÍS, lo más ventajoso para agilizar la tramitación y celebrar juicios es formar piezas separadas. Hay ejemplos de esta situación.

El caso Gürtel, una extensa trama de corrupción vinculada a gobiernos del PP desarticulada en 2009, se repartió en más de una decena de piezas separadas de las que 12 años después se ha juzgado aproximadamente la mitad.

El caso Nóos se dividió en 26 piezas distintas, y una de ellas llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey, y sentó en el banquillo a su mujer, la infanta Cristina. La diferencia entre aquellos procesos y el caso Tándem es que la sección de la Audiencia Nacional encargada de celebrar el juicio resolvió, hace unas semanas, juntar en una sola vista oral tres de las piezas cuya instrucción estaba finalizada. Esa decisión alteró todas las previsiones.

Un abogado personado en la causa lo explica así: “La Fiscalía actuó rápido con el objetivo de evitar la excarcelación de Villarejo antes de la celebración del primer juicio. En apenas dos años y medio finalizó la investigación de tres de las piezas separadas y presentó su calificación al juez, que dictó tres autos de procesamiento entre mayo y junio de 2020 para celebrar los tres juicios”.

La Fiscalía reclamó penas altísimas para Villarejo: 57 años de cárcel por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental en la pieza 2 (denominada Iron, correspondiente a la batalla de un bufete de abogados contra antiguos socios por el supuesto robo de clientes); 38 años y 10 meses de cárcel por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental en la pieza 3 (llamada Land, que investiga las peleas por la herencia de la familia García Cereceda); y 14 años más por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración en la pieza 6 (caso Pintor, el intento de un empresario por cobrar una deuda a otro).

“Pero después de los autos de procesamiento del juez, los trámites necesarios para poner todo en orden y dar acceso a las partes se prolongaron más meses de los necesarios, y de remate llegó en febrero la decisión de la sección cuarta de juntar las tres piezas separadas en un juicio. Antes tenían piezas que no eran grandes y en dos de ellas había acusados que habían firmado la conformidad reconociendo el delito. ¿Qué hace la sala? En vez de marcar un juicio con pocos acusados que iba a durar una semana o cuatro tardes, se saca de la manga juntar tres juicios en uno y convierten en complicadísimo algo muy sencillo, porque no es lo mismo hacer un juicio con 10 acusados que con 30, y dicen que para este juicio grande ya no pueden hacerlo hasta noviembre, con lo cual, ordenan poner en libertad a Villarejo porque no le van a poder juzgar como preso preventivo”.

La decisión de la sección cuarta de excarcelar a Villarejo por las tres piezas que iban a juicio no implicaba, aparentemente, la salida de prisión del comisario, que tiene otras 23 causas en instrucción por delitos muy graves. Pero esa interpretación era errónea, según explica el mismo abogado: “La finalidad de la prisión preventiva se cae cuando la sección encargada de celebrar el juicio dice que este nunca podrá ser antes de que se cumplan los cuatro años máximo de prisión provisional. En esa circunstancia, al fiscal no le queda otra que pedir la libertad. Si la finalidad que se perseguía con la prisión provisional es que Villarejo no se fugue y no reincida de cara al juicio, si el tribunal que le va a juzgar te está diciendo que no le quiere preso, y en ninguna de las demás piezas separadas se puede terminar la instrucción de aquí a noviembre ni por supuesto celebrar juicio, la decisión es la lógica y la coherente, puesta en libertad, por pura doctrina constitucional que rechaza la prisión provisional como una medida de pena anticipada. Por eso, la Fiscalía pide su libertad con un montón de medidas cautelares y el juez lo acepta”.

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