La Audiencia Nacional deja en libertad a Villarejo

Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha decretado la puesta en libertad del comisario jubilado José Manuel Villarejo tras haberlo solicitado este mismo miércoles la Fiscalía Anticorrupción, según confirman fuentes jurídicas. El ministerio público presentó su petición sobre el antiguo agente de la Policía Nacional, que llevaba en prisión provisional desde noviembre de 2017, después del choque con la Audiencia Nacional, que dictó este martes un auto donde rechazaba el recurso presentado para tratar de adelantar el primer juicio contra él. El comienzo de esa vista oral se ha fijado para el 13 de diciembre, más de un mes después de que Villarejo cumpla los cuatro años máximo que se puede permanecer encarcelado de forma preventiva y sin una sentencia en contra. El policía ha abandonado la cárcel sobre las seis y media de esta tarde.

El ministerio público había pedido este miércoles al instructor del caso, Manuel García-Castellón, que ante su próxima e inevitable salida de prisión, lo dejase ya libre. Según el organismo, no tiene sentido mantener esa medida excepcional cuando su motivación era asegurar la presencia del investigado en el juicio. Eso sí, pidió que le impusiesen medidas cautelares: retirada de pasaporte, comparecencias periódicas ante los tribunales y la prohibición de salir de España. Un requerimiento que ha aceptado el magistrado.

García-Castellón y la Fiscalía se han opuesto durante más de tres años a la excarcelación. Ambas partes consideraron justificada la prisión provisional ante el riesgo de reiteración delictiva, la posibilidad de que destruya pruebas vitales para la investigación o que se fugue del país. El instructor ha reiterado en diferentes ocasiones que puede aprovechar para fugarse dadas sus “conexiones en el extranjero” y su importante “capacidad económica”. Circunstancias que persisten, según los investigadores, que consideran que se encuentra “cada vez más acreditada” la integración de su familia en la organización criminal liderada por Villarejo —“concretamente, su esposa” y uno de sus hijos—, además de recordar que se le halló documentación con “pluralidad de identidades” falsas que le podrían servir para la “planificación de una fuga”.

Los planes iniciales de Anticorrupción, ahora frustrados, pasaban por la división de la causa en líneas de investigación separadas para conseguir condenar a Villarejo en una de ellas antes de alcanzar los cuatro años de prisión preventiva, mientras se seguía con el resto de la instrucción. Las dos primeras (Iron y Pintor) se enviaron a juicio el 13 de julio de 2020, pero el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará la trama —formado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri— acordaron unir ambas en una única vista oral junto a una tercera (Land). Y fijaron su fecha para el 13 de diciembre. Según explicaron en su auto de este martes, debido a la existencia de otras vistas orales retrasadas y a los aplazamientos por la pandemia, era imposible adelantar los plazos para que hubiera sentencia antes de noviembre.

Batalla entre la Fiscalía y la Audiencia

El choque entre la Fiscalía y el tribunal ha resultado intenso. Tras decidir juntar en un primer macrojuicio esas tres piezas separadas, los magistrados acordaron anular la prisión provisional dictada contra Villarejo por esas mismas líneas de investigación. Esa medida no implicaba que el comisario quedase ya libre, pues aún seguía vigente su encierro preventivo para el resto de la macrocausa. Pero, según criticó el ministerio público, impedía adelantar la vista oral al quitarle el carácter “preferente” frente a otras por no tratarse ya de un proceso con preso. De hecho, Anticorrupción calificó la decisión de la Audiencia como “opción no responsable” y dijo que no se motivó lo suficiente.

Unas palabras a las que respondieron los jueces el martes: “Lo que no puede pretender es marcar la agenda de señalamientos de la Sala. Primero, porque desconoce por completo la relación de causas pendientes. Y segundo, porque desconoce las disponibilidades materiales de las salas de enjuiciamiento hábiles, capaces de soportar un juicio oral de las características como el que nos ocupa”, arremetía el auto de los magistrados, donde se señalaba que, debido a problemas de agenda, aunque hubiese seguido como preso preventivo en esas tres piezas, no se habría podido fijar el juicio hasta, “como muy pronto”, finales de octubre o noviembre de 2021. “Por lo que resultaba ciertamente imposible y poco probable que hubiera recaído sentencia con anterioridad a la finalización del plazo máximo de prisión (3 de noviembre de 2021), pretendiendo con ello la Fiscalía trasladar dicha carga procesal de manera incomprensible a la Sala”, cargaron los jueces.

El abogado de Villarejo pide también la libertad

La defensa de Villarejo no esperaba este último movimiento de la Fiscalía, según confirman fuentes de su entorno, que creían que el ministerio público apostaría por mantenerlo en la cárcel hasta noviembre, cuando cumple esos cuatro años que puede permanecer en prisión preventiva como máximo. De hecho, el abogado del comisario, Antonio García Cabrera, también había movido ficha y presentó este miércoles un escrito en la Audiencia Nacional para solicitar la excarcelación de su cliente.

“Villarejo no podrá ya ser juzgado ni, eventualmente, condenado dentro del plazo máximo legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, subraya el letrado en su escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS: “Estas circunstancias hacen que desde ya, hayan decaído inevitablemente todas las finalidades que permiten adoptar una medida que, por respeto a los derechos fundamentales que se ven afectados, debe ser excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada”. Según el abogado, no solo no existe el riesgo de que se fugue antes del juicio, sino que pierde sentido la tesis de garantizar su presencia en la vista oral mediante la provisión provisional, pues inevitablemente tendrá que salir antes de la cárcel.

La defensa del comisario jubilado recurre, incluso, a las condecoraciones que obtuvo en la Policía para argumentar que no huirá: “Es un hombre de honor que siempre ha hecho frente a sus compromisos y obligaciones como servidor público, con muy relevantes servicios a España y a su seguridad, que le han hecho acreedor, entre otras distinciones y reconocimientos, de tres cruces al mérito policial. Dos de ellas, con distintivo rojo, concedidas en 2009 y 2013 por servicios policiales que supusieron hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal”.

El partido político Podemos, personado como acusación popular, ha lamentado la decisión del juez: “Cuesta entenderlo. Existe un riesgo alto de fuga”.