CASO KITCHEN

El juez investiga al ex ‘número dos’ de Fernández Díaz por reunirse con un colaborador de Villarejo que vendía secretos

La Policía detectó el pasado 11 de septiembre el encuentro en Madrid de Francisco Martínez, ya entonces imputado, con un preso cercano al comisario

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 12 de noviembre para participar en el careo con el exministro Jorge Fernández Díaz.
El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado 12 de noviembre para participar en el careo con el exministro Jorge Fernández Díaz.Eduardo Parra / Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado citar a declarar como investigado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por la reunión que mantuvo, hace cinco meses, con un presunto integrante de la trama urdida por el comisario jubilado José Manuel Villarejo desde la cárcel para vender secretos de Estado, según ha adelantado La Razón y ha confirmado EL PAÍS en fuentes jurídicas. La citación de Martínez, ya imputado por la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional en el que se desvelaba la celebración de un encuentro, el pasado 11 de septiembre, entre el ex número dos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy y Alfonso Pazos, un recluso que compartió celda con Villarejo en la cárcel de Estremera (Madrid) y que presuntamente intentaba vender documentación policial, parte de ella sometida a la ley de secretos oficiales, bajo las directrices de este último.

Según el informe policial, al que ha tenido acceso este diario, los agentes detectaron que Pazos y su pareja sentimental, María Ascensión Fernández, también investigada en la causa, se desplazaron ese día desde su domicilio en Andoain (Gipuzkoa) a Madrid en su coche particular. Tras llegar a la capital sobre las 17.45, ambos se dirigieron al Hotel Meliá Torre, situado en la céntrica Plaza de España, donde llegaron sobre las 18.10. Los agentes destacan que el recluso portaba una mochila de color negro y su compañera, una “maleta tipo trolley”.

Una vez en el hotel, los agentes detallan que Pazos se dirigió a la cafetería para reunirse allí, en una mesa separada del resto de los clientes, con Martínez, quien ese momento ya estaba imputado por el espionaje a Bárcenas en 2013, pero que aún no había declarado como tal ante la Audiencia Nacional. Lo haría a finales de octubre. Más tarde, también participó en un careo con quien había sido su jefe, el exministro Jorge Fernández Díaz. Días antes de su encuentro con el colaborador de Villarejo, el ex número dos de Interior había asegurado a periodistas de EL PAÍS iba a contar el juez “todo” lo que sabía.

Los policías destacan en su informe que el recluso y el ex alto cargo del Gobierno de Rajoy conversaron “durante un tiempo aproximado de una hora”. “A las 19.18, Francisco Martínez abona con tarjeta de crédito las consumiciones que ambos estaban tomando y, tras despedirse de Alfonso Pazos, procede a abandonar el hotel por el hall principal. Alfonso Pazos permanece en la cafetería del hotel pidiendo otra consumición”, recoge el documento policial. Uno de los agentes siguió durante unos minutos al ex secretario de Estado, al que observa entrar en una estación de Metro próxima.

Tras incorporarse a la causa el documento policial, Anticorrupción pidió al juez que citase a Martínez en calidad de investigado para poder interrogarle sobre el objeto de la reunión y si el supuesto colaborador de Villarejo le facilitó algún tipo de información. Las pesquisas han revelado que Pazos, un exmilitar que ejerce de abogado y que en aquel momento cumplía condena en semilibertad en la cárcel de Logroño, “aprovechaba las salidas realizadas con ocasión de los permisos penitenciarios de que disfrutaba para mantener reuniones y contactos con diferentes personas, a fin de distribuir, facilitar o negociar con la documentación a disposición del investigado José Manuel Villarejo”, en prisión desde su detención en noviembre de 2017, según destaca la Fiscalía en su último escrito. Anticorrupción destaca en el mismo que era el comisario quién supervisaba estas gestiones.

Esta trama se investiga en una pieza aparte, la número 28, de la macrocausa abierta tras la detención de Villarejo dentro de la Operación Tándem. Los investigadores señalan que el presunto objetivo de la trama, que fue desmantelada el pasado octubre, era conseguir fondos, ya que supuestamente pedían dinero por documentación confidencial, en parte procedente de la propia policía y catalogada como secreto oficial, que había atesorado Villarejo antes de su arresto. De hecho, sus integrantes habían enviado a varios periodistas, entre ellos uno de EL PAÍS, y a otras personas documentación sobre la Operación Cataluña —actuaciones policiales contra el independentismo—, el rey Juan Carlos, o sobre Podemos y su líder, Pablo Iglesias, entre otros.

Villarejo siempre ha alardeado de conservar material comprometedor para personas e instituciones. En febrero de 2017 —nueve meses antes de su arresto— y cuando el comisario ya intuía que era investigado y se mostraba convencido de que en cualquier momento un juez iba a ordenar el registro de su vivienda, presumía ante un periodista de que tenía grabaciones escondidas: “Le diré al secretario [judicial]: tome nota, que se llevan esto, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna [en referencia a Corinna Larsen, examiga íntima de Juan Carlos I], no sé qué dice esto, aquí está”. En ese mismo audio el comisario se jactaba de tener copias: “No se preocupe porque la rompa porque tengo muchas copias (...) ¡Pero tonto, si tengo siete copias obviamente! Tengo siete copias y tres de ellas, en el extranjero”.

Tres meses después, aún en libertad, Villarejo amagó por primera vez con utilizar documentos confidenciales ante la justicia. Fue en la denuncia que presentó en mayo de 2017 en la Audiencia Nacional contra el entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán. En aquella denuncia —que finalmente no fue admitida a trámite— el comisario aseguraba tener 23 dosieres sobre otras tantas actuaciones presuntamente irregulares del servicio secreto.

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