Anticorrupción pide al juez del ‘caso Villarejo’ que archive la pieza que investiga a Corinna Larsen
La Fiscalía concluye que no hay indicios de que el comisario realizara el encargo de la examiga de Juan Carlos I de espiar a su asistente
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, en el que pide archivar la investigación sobre los supuestos encargos que Corinna Larsen, examiga íntima de Juan Carlos I, hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera que, según se recoge en un reciente informe policial incorporado a la causa, no hay constancia de que el policía hubiera realizado finalmente el encargo, ni que la trama hiciera accesos ilegales a las bases de datos oficiales para recabar información para ello ni constancia de pagos.
García-Castellón reabrió el pasado julio esta pieza del sumario -bautizada Carol por ser el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria en sus archivos- después de que la Policía hubiera remitido más de un año y medio antes al juzgado dos nuevos audios de conversaciones mantenidas por Villarejo y Larsen en 2016 y encontrados en casa del primero que revelaban “la posible existencia de un encargo” por parte de la examiga del monarca al policía para obtener datos sobre su asistente personal española, de la que sospechaba que estaba filtrando datos de su vida privada. El magistrado citó entonces a ambos a declarar como investigados para septiembre, junto al empresario Juan Villalonga, y al que fuera socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, que también participaban en las conversaciones, pero posteriormente dejó en suspenso estas comparecencias.
La pieza Carol fue la quinta en abrirse dentro del sumario del caso Villarejo, que suma ya una treintena de investigaciones sobre los supuestos trabajos ilegales del comisario. En un primer momento, las pesquisas se iniciaron a raíz del hallazgo de unos audios en poder de la trama en los que Larsen atribuía —sin pruebas— al rey Juan Carlos I el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech. La empresaria aseguraba también que el monarca cobró por mediar en la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a La Meca, una obra de más de 7.000 millones de euros ejecutada por un consorcio español de 12 firmas.
Sin embargo, la pieza se cerró en 2018 a petición de la Fiscalia, que consideraba que no había indicios suficientes para continuar investigando. El entonces juez instructor, Diego de Egea, también tuvo en cuenta que los datos que aportaba Larsen en esa grabación se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que el Rey era entonces inviolable. No obstante, el magistrado envió a la Fiscalía la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y, meses después, Anticorrupción abrió unas diligencias, que son las que han derivado en la investigación al rey emérito en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Desde entonces, la pieza Carol permaneció archivada, hasta que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitió a finales de enero de 2019 al juzgado dos nuevas grabaciones cuyo contenido podrían “revestir apariencia delictiva”. Eran los audios sobre el supuesto encargo de Larsen para que la trama del comisario jubilado espiase a su asistente. El pasado julio, más de año y medio después, García-Castellón decidió, a partir de esas grabaciones, reabrir la pieza para esclarecer “la posible existencia" de ese encargo.
El último informe policial sobre las mismas concluye que no hay dato alguno de que, finalmente, Villarejo hubiera ejecutado el servicio que ofreció a Corinna en aquella conversación. De hecho, ha constatado que no ha localizado en las bases de datos policiales accesos para recabar información sobre la supuesta víctima del espionaje ni movimientos de dinero que reflejen pagos. El documento también destaca que cuando se produjo el ofrecimiento, octubre de 2016, Villarejo ya estaba jubilado (lo hizo en junio de ese año), por lo que desaparecía el posible delito de cohecho. Esta había sido, precisamente, uno de los principales argumentos de la defensa de Corinna para pedir el archivo de la causa, y que todavía deber ser resuelto por la Audiencia Nacional.
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