El acuerdo para el Poder Judicial incluye tres jueces del Supremo y varios nombres de la lista pactada en 2018

El pacto inminente entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba con 26 meses de interinidad del actual órgano, presidido por Carlos Lesmes. Los retrasos en la renovación del Consejo han sido frecuentes en los 40 años de historia de la institución, pero nunca hasta ahora se había extendido tanto la prórroga del mandato. Y eso que a punto estuvo de renovarse a tiempo, en diciembre de 2018, pero el acuerdo cerrado por socialistas y populares saltó por los aires tras la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el órgano después de que se filtrara un mensaje del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que, con Marchena, el PP seguiría controlando la Sala de lo Penal del Supremo “desde detrás”.

Aquel acuerdo, no obstante, es la base del pacto negociado ahora y, salvo el presidente y algunos vocales, los nombres que se propondrán para ocupar un sillón en el Consejo son, según fuentes consultadas, los que integraban la candidatura del PSOE y el PP hace más de dos años.

El proceso que ahora está a punto de culminar es el que inició Lesmes en el verano de 2018, cuando remitió un escrito a los entonces presidentes del Congreso (Ana Pastor) y el Senado (Pío García-Escudero) para informarles de que ponía en marcha la maquinaria de la renovación. El Consejo abrió un plazo para que los jueces que aspiraran a ocupar un puesto de vocal por el turno judicial presentaran su candidatura. En septiembre de ese año, Lesmes remitió a las Cortes una lista con 51 nombres de jueces en activo que lograron el aval de una de las tres principales asociaciones profesionales o se presentaron de forma independiente avalados por 25 miembros de la carrera. De esta lista de medio centenar de nombres, los partidos tienen que elegir a los 12 vocales del turno de jueces.

Los jueces aspirantes. Los grupos parlamentarios ya habían alcanzado un acuerdo en 2018 sobre quiénes integrarían este cupo; y esa candidatura tiene muchos nombres en común con la que presentarán ahora. Se caerán algunos y entrarán otros, pero los que entren deben proceder del listado de 51 jueces que envió Lesmes.

Entre otros nombres, según las fuentes consultadas, se encuentran los magistrados del Supremo José María Montero (avalado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, APM) y Ángel Arozamena (considerado progresista, pero que se presentó sin asociación). Estas fuentes señalan que el acuerdo podría incluir un tercer magistrado del alto tribunal, que sería Inés Huerta, que se presentó no avalada por ninguna asociación. En la lista propuesta por el PSOE en 2018 figuraba también el magistrado José María del Riego, pero presentó su renuncia a formar parte del Consejo hace dos años.

En este cupo, el sector progresista defiende también la candidatura de la magistrada Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra; Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que ya fue vocal del Consejo entre 2008 y 2013; José María Fernández Seijo, el juez que consiguió que el Tribunal de Justicia de la UE permitiera a los jueces parar los desahucios; e Ignacio Espinosa, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

En este turno concurría también la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, a la que el PP ha insistido en vetar y que, en cualquier caso, ya no cumple la condición de ser juez en activo porque es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, por lo que tendría que dejar ese puesto y solicitar la vuelta a la carrera. Los socialistas han defendido también la presencia del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, pero las fuentes señalan que el PP se ha resistido a votarle porque le consideran próximo a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y ya le recusaron para el tribunal del juicio sobre la caja b del partido.

Del lado conservador, el PP apuesta por los magistrados de la Audiencia Nacional María Tardón, de la Asociación Francisco de Vitoria, y Alejandro Abascal, de la APM; Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial y magistrada de la Audiencia de Barcelona, que se presentó como independiente; y el juez decano de Vitoria José Luis Núñez, de la APM.

Los juristas. Los partidos han pactado también los ocho vocales que se incorporarán al Consejo por el cupo de juristas. Al contrario de lo que ocurre con los jueces, en este caso no se parte de un listado predeterminado, sino que los grupos pueden proponer cualquier nombre que cumpla las condiciones (jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio), pero las fuentes señalan que los nombres elegidos coincidirán “en más de un 70%” con la candidatura que presentaron el PP y el PSOE en 2018. El PP ha puesto sobre la mesa, según estas fuentes a la fiscal Rosa Rubio; y el PSOE, al letrado de la Administración de Justicia del Supremo Luis Martín Contreras; y la fiscal Pilar Fernández. En este cupo podrían integrarse también juristas propuestos por Podemos y aceptados por el PP.

Primera presidenta. El pacto entre PSOE y PP prevé también que el próximo sea el primer Consejo presidido por una mujer, aunque las fuentes aseguran que no se dará a los vocales un nombre cerrado, como ha ocurrido de forma habitual, sino “dos o tres” opciones entre las que los nuevos miembros del Consejo deben elegir. Se han propuesto nombres de magistradas del Supremo como Pilar Teso, Ana Ferrer y Lourdes Arastey; o Encarnación Roca, actualmente en el Tribunal Constitucional. Los anteriores siete Consejos han estado presididos por hombres, y las mujeres fueron minoría hasta el actual, el primero que nació con 10 vocales hombres y 10 mujeres, aunque la dimisión de Mercé Pigem, que fue sustituida por el vocal José María Macías, rompió la igualdad.

Grupos minoritarios. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, han acaparado siempre la mayoría de asientos del Consejo, aunque habitualmente se han reservado puestos para grupos minoritarios, especialmente nacionalistas (PNV y CiU) y para IU. Unas veces estos grupos han formado parte de la negociación y otras, como puede ocurrir ahora, han ocupado plazas cedidas por socialistas y populares. Hasta el fin del bipartidismo, la distribución del Consejo reflejaba, a grandes rasgos, la del Parlamento, donde socialistas y populares acaparaban la inmensa mayoría de los diputados y senadores. La distribución de escaños actual es, sin embargo, la más plural de la democracia, pero previsiblemente, esa circunstancia quedará infrarrepresentada en el nuevo órgano de gobierno de los jueces, donde los dos principales partidos prevén abarcar casi la totalidad de vocales.