El exconsejero catalán Lluís Puig declara ante el tribunal belga encargado de revisar su entrega a España

Lluís Puig, el exconsejero de Cultura de la Generalitat, huido en Bélgica desde hace ya algo más de tres años, ha comparecido este jueves en Bruselas ante el Tribunal de Apelación encargado de revisar la solicitud de entrega cursada contra él por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. España reclama a Puig por un presunto delito de malversación de fondos públicos dentro de la causa contra la cúpula independentista del procés, al formar parte del Gobierno catalán que organizó el referéndum ilegal en 2017.

La vista sobre su caso se ha prolongado hasta tan entrada la tarde que la luz ha ido cayendo en el inmenso vestíbulo de mármol y columnas del Palacio de Justicia de Bruselas, de modo que cuando Puig ha aparecido tras finalizar la audiencia, el espacio se había convertido ya en un baile de sombras entre las que se movían Antoni Comín y Clara Ponsatí, los dos exconsejeros catalanes también reclamados por la justicia española. En su caso, igual que en el del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aún se encuentran protegidos por la inmunidad de la que gozan como diputados del Parlamento Europeo.

Avanzando entre los claroscuros, Puig se ha colocado en el centro de la estancia y, flanqueado por su equipo de abogados, se le ha quebrado la voz al explicar a la prensa cómo queda su situación procesal: de momento todo igual hasta el 7 de enero, fecha en la que el Tribunal de Apelación determinará si acepta o no la euroorden española.

En agosto de este año, los tribunales belgas dieron la razón a Puig en primera instancia, y rechazaron la euroorden, al considerar que la autoridad española que la había emitido no era competente para hacerlo, según señaló entonces la Cámara del Consejo. El independentismo, que siempre ha basado parte de su defensa en el argumento de que el Supremo español no es el tribunal que debía enjuiciar el procés, celebró la decisión como una victoria. Pero la fiscalía belga la recurrió de inmediato. El 7 de enero, caiga la moneda del lado que caiga, lo previsible es que ambas partes opten por recurrir a la instancia superior, el Tribunal de Casación belga.

A la salida, Puig se ha declarado “satisfecho” porque, según su visión, los tres jueces encargados de estudiar su caso han “profundizado” en los aspectos relevantes del asunto: la conocida defensa catalana, cuyos argumentos viajan de la vulneración de derechos humanos a la ya citada falta de competencia del Supremo o la ausencia de delito. “El conseller de cultura no malversó ni un euro”, ha reiterado Puig. “Esto no es otra cosa que una persecución política”.

Su caso de algún modo marca el ritmo de lo que podría ocurrir con Puigdemont, Comín y Ponsatí en el futuro, si es que el Parlamento Europeo decide levantar su inmunidad. El debate sobre su protección como diputados se ha ido retrasando desde febrero, debido a la pandemia, que imposibilitaba que se reuniera de forma presencial y a puerta cerrada la comisión parlamentaria encargada de las inmunidades. El proceso en la Eurocámara arrancó finalmente de forma telemática a principios de noviembre, pero aún se podría prolongar meses, y hablar de plazos resulta ingenuo en estos tiempos de covid.

En el ambiente del Palacio de Justicia flotaba cierto aire de reencuentro entre aquellos que frecuentaban el puente aéreo Barcelona-Bruselas, pero cuyo trajín se ha visto drásticamente reducido desde marzo. Gonzalo Boye, uno de los abogados de los políticos catalanes, llevaba meses sin viajar a Bruselas, ha comentado. El bebé de una de las personas del entorno de Puig, concebido en Bélgica, pero criado en Cataluña, se ha convertido en el centro de atención durante unos instantes. Lo saludaba con gracia Simon Bekaert, hijo de Paul Bekaert, los abogados belgas especializados en euroórdenes, que también llevan la defensa del rapero Valtónyc, condenado en España por un delito de injurias a la corona y fugado en Bélgica, y de la presunta etarra Natividad Jáuregui, otra residente belga extraditada a España hace tres semanas, después de años de litigios.

El gran ausente al concluir la vista en el Palacio de Justicia ha sido Puigdemont, que sí se había dejado ver en cambio a primera hora, posando para una foto de grupo en la calle ante la escalinata y con banderas. El foco de la noticia en la capital europea, en cualquier caso, se ha oído de fondo a lo largo del día, ahí fuera, con las constantes sirenas de la policía abriendo paso a las comitivas de jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el crucial y último Consejo Europeo del año, ese que decidirá sobre el millonario fondo de rescate.