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Una sombra en la estabilidad del Ejecutivo

La decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado a los presos del ‘procés’ ha soliviantado a las fuerzas independentistas

Desde la izquierda, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, el 28 de julio a las puertas de la prisión de Lledoners después de que fuese suspendido su tercer grado.
Desde la izquierda, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, el 28 de julio a las puertas de la prisión de Lledoners después de que fuese suspendido su tercer grado.Pau Venteo / Europa Press

Tan inoportuno políticamente, para algunos partidos, como imposible de soslayar o modificar. La decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado a los presos del procés ha soliviantado a las fuerzas independentistas que pugnan entre ellas por mostrar el mayor grado de indignación posible. No solo los independentistas, también los soberanistas de En Comú Podem. Todos ellos piden cuentas o acción al Gobierno de Pedro Sánchez. Poco o nada puede hacer el presidente a corto plazo y no es probable antes de las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero.

Un día después de la aprobación de los Presupuestos del Estado en el Congreso, a falta del recorrido por el Senado, el Gobierno se encuentra con la exigencia de ERC, uno de los artífices del éxito presupuestario, de que “pare los pies” a quienes quieren “venganza” contra los independentistas catalanes condenados por sedición. Quien hace la petición, Josep Torrent, presidente del Parlament, miembro de ERC, sabe perfectamente que en democracia esa demanda al poder ejecutivo para que actúe contra el judicial es meramente retórica. Lo sabe, como sabe también que el Gobierno de la nación puede hacer y modificar leyes con la mayoría que ha sacado adelante los Presupuestos del Estado.

Aunque no se dude de la sincera indignación y consternación de los miembros de ERC por las vicisitudes penitenciarias de sus compañeros condenados, no es irrelevante la presión electoral de Junts per Catalunya sobre ellos. “¿Qué gana la causa del independentismo con el apoyo de ERC al Gobierno de Madrid?”. Con esta pregunta, a modo de reproche, se toparán los republicanos hasta los comicios catalanes, que ganarán, según las encuestas. Laura Borràs, candidata de JxC, acentuará sus ataques por ese flanco. Estos algo más de dos meses se les van a hacer eternos a ERC, al PSC, a Unidas Podemos y al Gobierno.

La voz de los comunes, con Jaume Asens a la cabeza, y de sus hermanos en Madrid, Unidas Podemos, se escuchará dentro y fuera del Palacio de la Moncloa. La ley exprés de amnistía, inexistente en la legislación española, que va a pedir el independentismo, no será la fórmula que propugnen los socios de Gobierno del PSOE pero sí la aceleración de las fórmulas que están ya en estudio. Puede hacerlo el Gobierno pero debe estar dispuesto a asumir la merma de su crédito en el resto de España; tampoco el propio PSC saldría bien librado ante una parte de su potencial electorado. Una aceleración de la reforma de la ley de sedición o la concesión del indulto en pocas semanas desde la mesa del Consejo de Ministros será acompañada con un chaparrón de denuncias del PP, Ciudadanos y Vox. Incluso sin abordar de inmediato esas medidas, la denuncia será constante. Estas se producirán en paralelo a las concentraciones y peticiones en Cataluña de reiniciar el proceso para celebrar un referéndum de autodeterminación. Vuelta a empezar con el conflicto catalán.

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