LA SENTENCIA DEL SUPREMO DEL CASO GÜRTEL

Ocho testimonios y dos informes policiales convencen al Supremo de la caja b del PP

El alto tribunal detalla en su fallo la prueba “válida y suficiente” que permitió a la Audiencia Nacional concluir la existencia de una contabilidad opaca en el partido

Luis Bárcenas, en el juicio celebrado, en 2017, en la Audiencia Nacional por la primera época de la trama Gürtel.
Luis Bárcenas, en el juicio celebrado, en 2017, en la Audiencia Nacional por la primera época de la trama Gürtel.CHEMA MOYA / AFP

Cuando la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2018 a 29 personas por la primera etapa de Gürtel, afirmó con rotundidad que “no quedan dudas” de la existencia de una caja b en el PP que se nutrió durante 20 años de las aportaciones económicas que hacían empresarios a cambio de la supuesta adjudicación de obras públicas. En su fallo, el tribunal esgrimió ocho declaraciones de testigos e imputados, y dos informes policiales para sustentar la existencia de dicha contabilidad opaca y, con ello, la acusación contra el extesorero Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, de apropiarse de parte de estos fondos para engrosar sus millonarias cuentas en Suiza y pagar parte del chalé de lujo que adquirieron en Baqueira Beret. Ahora, el Tribunal Supremo ha avalado las diez al afirmar que toda esta prueba es “válida y suficiente”.

El fallo del alto tribunal enumera todas ellas. Así, cita las declaraciones que el extesorero prestó tanto durante la instrucción ante el juez Pablo Ruz como ante el tribunal durante la vista. En ellas, admitió la existencia de una “contabilidad extracontable”, ajena a la oficial y en la que firmaban tanto él como quien fuera su antecesor, Álvaro Lapuerta. Bárcenas, en prisión actualmente, también reconoció en el juicio la veracidad de los apuntes contables manuscritos conocidos como los papeles de Bárcenas.

El Supremo recuerda otras declaraciones de miembros del PP con las que la Audiencia Nacional sustentó su resolución. Destaca los testimonios de tres antiguos cargos públicos del PP: el exdirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo; el exdiputado alavés Santiago Abascal Escuza (fallecido en 2017 y padre del líder de Vox) y el exsenador Luis Fraga. Todos ellos figuraban en los apuntes contables como perceptores de cobros procedentes de la caja b y todos reconocieron haber recibido esas cantidades. Del Burgo, que figuraba en 25 apuntes del cuaderno, también detalló que el dinero se lo entregaba en efectivo Bárcenas para que se lo hiciera llegar a otras personas.

A ellos, la sentencia de la Audiencia Nacional sumó —y así lo recuerda ahora el Supremo— lo declarado como testigos por dos destacados exdirigentes del PP, el exsecretario general Javier Arenas y el expresidente del Senado Pío García Escudero, muy cercanos al exlíder popular Mariano Rajoy. El tribunal considera que ambos la admitieron “indirectamente e, incluso, confirmando algunos de los apuntes de la caja b” al reconocer que, en 2008, se celebró una cena de homenaje a Lapuerta, en la que le regalaron un reloj. Ambos gastos aparecían recogidos en la contabilidad opaca.

La sentencia también llamó la atención sobre el testimonio de uno de los condenados, el constructor Alfonso García Pozuelo. Este aportó en la vista datos que certificaban que la entrega que hizo de 60.000 euros en diciembre de 2003 a la caja b tenía como único objeto que el PP le adjudicase contratos de obra pública allí donde gobernara.

El tribunal también dio especial valor a la declaración como testigo del auditor interno del PP, Carlo Luca Magniani. Su testimonio dio veracidad a los papeles del extesorero al confirmar que algunos ingresos que figuraban en la caja b fueron traspasados el mismo día y por idénticas cantidades a la cuenta de donativos y a la contabilidad oficial del PP. Ello implicaba, según los jueces, no solo la existencia de la contabilidad b, sino “el traspaso de fondos de los papeles B a la contabilidad A”.

Finalmente, el Supremo recuerda que el tribunal utilizó dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para sustentar la existencia de la caja b. El primero, del 6 de marzo de 2013, fue el que dio lugar a la apertura de una pieza separada en el caso Gürtel sobre los papeles de Bárcenas y donde los agentes analizaron la posible correlación entre la documentación que entonces ya obraba en la causa (la contabilidad en negro de Francisco Correa y una carpeta intervenida a su contable, José Luis Izquierdo) y los apuntes contables manuscritos de Bárcenas.

El segundo, de abril de 2014, detallaba la correlación entre los apuntes de la caja b y los ingresos en las cuentas bancarias de Bárcenas. La UDEF destacaba, en concreto, la coincidencia de un ingreso de 2001 de cinco millones de pesetas (30.000 euros) en el depósito que el extesorero tenía en Dresdner Bank, de Zúrich y un apunte sobre un ingreso de esa misma cantidad en esa misma época en la contabilidad opaca del PP.

Para el alto tribunal, los dos informes policiales demostraban que Bárcenas tenía “capacidad de control y disposición sobre esa contabilidad” lo que le permitió apropiarse, entre 2001 y 2003, de 150.050 euros que acabaron en sus cuentas suizas, además de detraer otros 149.600 euros, mediante la compraventa de acciones del diario Libertad Digital —también reflejada en la contabilidad opaca de la formación—. Por todo ello, el Supremo afirmaba en su fallo conocido el pasado miércoles que la Audiencia Nacional “contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una caja b o contabilidad extracontable del PP”.

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