CASO GÜRTEL

El fallo del Supremo apuntala la investigación de los ‘papeles de Bárcenas’

La sentencia considera la prueba esgrimida por la Audiencia Nacional para certificar la existencia de una caja b en el PP de “válida y suficiente”

Fragmento de los apuntes contables de la caja b del PP conocidos como los 'papeles de Bárcenas'
Fragmento de los apuntes contables de la caja b del PP conocidos como los 'papeles de Bárcenas'

La sentencia del Tribunal Supremo hecha pública este miércoles, en la que resuelve los recursos a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la llamada primera época del caso Gürtel (1999-2005), considera que este tribunal contó en su fallo de 2018 “con prueba de cargo válida y suficiente” para concluir que existió una contabilidad opaca en el PP bajo el control de su extesorero Luis Bárcenas, quien recogía los movimientos de estos fondos en las anotaciones manuscritas conocidas como los papeles de Bárcenas.

El fallo del Supremo concluye que esa prueba “válida y suficiente” consistió en documentos, declaraciones de testigos e imputados, e informes periciales, que permitían llegar tanto a la conclusión de que la caja b existía como para considerar probado que Bárcenas “ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad” de ese dinero. La sentencia del alto tribunal también avala la conclusión de que el extesorero se apropió de fondos de lo que él mismo denominó “contabilidad extracontable” en su propio beneficio, entre ellas el desvío de 149.600 euros para adquirir acciones del diario digital Libertad Digital que aparecen recogidos en sus apuntes contables manuscritos.

El Supremo cree “indiferente que el PP haya renunciado a cualquier reclamación [sobre las cantidades detraídas por Bárcenas de la caja b] (incluso porque afirme que no le consta haber sufrido perjuicio alguno) e, incluso, la procedencia lícita o ilícita de estas cantidades”. Para el alto tribunal, “lo relevante es que el acto de apoderamiento se produjo” y que el dinero que Bárcenas recibió “como mero custodio y que hizo suyo no era res nullius [cosa de nadie] y, por ello, incurrió en la responsabilidad penal que le están exigiendo las acusaciones”, remachan los magistrados.

La sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018 fue el primer fallo judicial que consideró plenamente veraces los papeles de Bárcenas y, por tanto, la existencia de una caja b que se nutría de donaciones ilegales de empresarios y con la que se hacían pagos en metálico a sus dirigentes. Entonces, el tribunal admitió que esta contabilidad opaca —destapada por EL PAÍS el 31 de enero de 2013— quedaba fuera del objeto del proceso, pese a lo cual dedicó varios párrafos en el fallo a certificar su existencia para, de este modo, sustentar parte de las acusaciones contra Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, como también hace ahora el Supremo.

La Audiencia Nacional incidía en la “procedencia ilícita” de ese dinero al considerar que “las aportaciones a la caja b no se tratan de simples donaciones hechas de modo altruista por algunos empresarios, sino que tienen un marcado carácter finalista en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos”. El Supremo no se pronuncia sobre ello, pero su fallo sí apuntala la investigación que aún mantiene abierta el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre los papeles de Barcenas al confirmar la condena del extesorero por apropiarse de parte de los mismos.

De esta pieza, la Audiencia Nacional ya ha fijado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio por el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, con dinero de la caja b del PP. Por estos hechos se sentarán en el banquillo de los acusados Bárcenas (que se enfrentará a una petición fiscal de 5 años de prisión) y el exgerente del partido Cristóbal Páez (18 meses de cárcel), así como tres responsables de Unifica (3 años de cárcel para cada uno), empresa que se encargó de la reforma.

Además, queda otra parte de la pieza aún en fase de instrucción judicial —que debe estar concluida el 29 de julio del año que viene— en la que se investigan, precisamente, la relación directa entre donativos de empresarios reflejados en los papeles de Bárcenas y la adjudicación de contratos públicos. Las pesquisas se reactivaron tras aparecer nuevos indicios en otras causas, como el caso Kitchen, en el que se investiga el espionaje ilegal a Bárcenas en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para sustraerle documentos comprometedores para el PP y sus dirigentes.

Esta parte de la investigación recibió recientemente un impulso tras incorporarse al sumario dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que, por primera vez, se documentaba la presunta existencia de un delito de cohecho. Esta fue una línea de investigación que se descartó en 2014 ante la falta de pruebas que demostraran la relación entre los pagos al partido y las adjudicaciones hechas por administraciones gobernadas por el PP.

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