El Supremo ratifica el papel de Bárcenas como principal vínculo entre Gürtel y el PP

El fallo del Tribunal Supremo de este miércoles sobre el caso Gürtel incide en el papel clave jugado por Luis Bárcenas, extesorero del PP. En su sentencia, los magistrados mencionan más de 1.000 veces el nombre del exdirigente popular, convertido ya en historia viva de la corrupción de España. Apenas le rebajan ligeramente la condena de cárcel dictada por la Audiencia Nacional —pasa de 33 años y 4 meses a 29 años y 1 mes—. Y lo señalan como la pieza fundamental para, gracias a su “influencia” dentro de la formación, extender la actividad ilegal tejida entorno a la red de empresas de Francisco Correa, de la que se benefició el partido al que pertenecía y actualmente en la oposición.

Los jueces del Supremo repasan en su dictamen las “abundantes” pruebas aportadas contra Bárcenas, que “logró acumular un importante patrimonio” gracias a su actividad desempeñada dentro de la trama y la formación conservadora, a la que se define como el “nexo” del conjunto de episodios ilícitos relatados en la sentencia. De hecho, el extesorero del PP no solo se benefició de la red de Gürtel, sino que también manejó una contabilidad paralela dentro del partido y diseñó todo un plan de “sociedades pantalla” para sacar fondos fuera de España, según consideran fundamentado los magistrados. Para ello se valió, por supuesto, de su mujer, Rosalía Iglesias.

Aunque el alto tribunal cree excesivas algunas manifestaciones sobre la caja b del PP que la Audiencia Nacional detalló en el apartado de los “hechos probados” de su fallo, también deja claro que ese órgano judicial “contó con prueba de cargo válida y suficiente” para concluir “la existencia de una contabilidad extracontable” del partido ahora dirigido por Pablo Casado. Unos fondos sobre los que Bárcenas, que se encuentra actualmente en prisión, “ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad”.

Este fallo fija las bases del relato sobre la corrupción dentro de uno de los principales partidos del país, que ha gobernado durante más de 15 años y que salió de La Moncloa tras la moción de censura propiciada por la sentencia de la Audiencia Nacional que ahora valida el Supremo en su mayor parte. Bárcenas no era un cualquiera. Era un hombre muy poderoso dentro del PP, relacionado con los altos cargos de la sede de la calle Génova, con tentáculos por todo la formación y que, además de los puestos de tesorero y gerente, ocupó durante seis años un sillón en el Senado por decisión de la cúpula. Su importancia era tal que, tras el estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas, se organizó en la cúpula del Ministerio del Interior un operativo sin control judicial con el presunto objetivo de arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP, según el sumario del caso Kitchen.

“La sentencia parte de unos indicios plurales, concomitantes, interrelacionados y plenamente acreditados que le permiten inferir de una forma lógica y racional que los acusados se concertaron para, aprovechando la influencia que, entre otros, tenía Luis Bárcenas por razón del cargo que ocupaba dentro de su formación política, obtener adjudicaciones de obra pública a favor de las empresas de confianza de Francisco Correa y que éste pudiera controlar, a cambio de gratificaciones, mediante el cobro de comisiones que éste distribuía en efectivo y, en el caso de Luis Bárcenas, también en forma de viajes y servicios que encubría con facturas ficticias”, dice el Supremo en uno de los pasajes de su extenso fallo, donde detalla también que el extesorero, al margen de la actividad delictiva que desempeñaba dentro de Gürtel, desvió fondos del partido para su propio beneficio. Todo ello, lo ocultó “a través de un entramado financiero en entidades bancarias suizas” con “una permanente actitud defraudatoria”.

El exsenador popular se encuentra en la cárcel desde mayo de 2018, cuando se le notificó la sentencia de la Audiencia Nacional por, entre otros, delitos contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo y falsedad documental. El tribunal dio por probado que el extesorero escondió a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales. Como máximo responsable de las finanzas populares, Bárcenas podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación de contratos de obra pública. Luego, en la fase de ejecución “se incrementaba” el precio “en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella”. Posteriormente, señalaba el fallo, “el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.