Justicias polaca y española: una comparación imposible

Desde que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos presentara la proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ―que permite la renovación de los 12 jueces del CGPJ por la vía rápida, es decir, con la mayoría absoluta del Congreso dando un portazo así al consenso de tres quintos que se necesitaban hasta ahora―, se ha generado un intenso debate sobre hasta qué punto esta propuesta se parece a las diferentes reformas judiciales emprendidas por el Gobierno polaco. Varsovia lleva años desbaratando su sistema judicial para legitimar las leyes con las que está moldeando el país siguiendo el ejemplo de la vecina Hungría en su deriva autoritaria. Ambos países se alejan cada vez más de la UE. La justicia europea ha reprobado algunas de las reformas judiciales del Ejecutivo polaco en un intento de frenar la degradación democrática de la sexta economía de la UE.

“Lo de España es una modificación puntual. La división de poderes está garantizada con el buen funcionamiento del Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales. Lo de Polonia es un asalto continuo a la independencia de los jueces”, asegura por teléfono Adam Krzywon, profesor de derecho constitucional de la universidad de Varsovia. “Creo que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una mala decisión, pero no se puede comparar con el desmontaje integral que ha sufrido la justicia polaca y que ya no garantiza la división de poderes”. Las reformas que ha llevado a cabo Polonia en los últimos años no solo afectan al órgano de gobierno de los jueces, sino también al Tribunal Constitucional, al régimen disciplinario de los magistrados y a su edad de jubilación.

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que también ha recibido la reprimenda de Bruselas ―y que según el Ejecutivo comunitario puede poner en peligro la independencia judicial―, ha sido la excusa perfecta para que el partido ultraderechista polaco Ley y Justicia (PiS), que gobierna desde 2015, meta en el mismo saco su larga lista de reformas judiciales con el nuevo cambio puntual en la justicia española. Y de paso pide a la UE que dé el mismo tratamiento a España que a Polonia.

“Permítanme recordarles que el Consejo Nacional de Judicatura de Polonia [el equivalente al Consejo General del Poder Judicial español] es la principal fuente de ataques contra Polonia. [...] La Comisión Europea y Alemania crean mecanismos para forzar obediencia mientras que el actual modelo español no les molesta en absoluto”, escribió el jueves en Twitter el secretario de Estado del Ministerio de Justicia en Varsovia, Sebastian Kalet.

El cambio que propone la nueva reforma del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para la renovación de 12 de los 20 jueces del CGPJ, pendiente desde hace casi dos años, es que no se necesite la aprobación de tres quintos del Congreso y del Senado. Basta con tener la mayoría absoluta en una segunda vuelta. Se acabaría así con los grandes consensos entre diferentes partidos que hasta ahora eran necesarios para nombrar a los magistrados. Es lo mismo que sucede en Polonia con su Consejo Nacional de Judicatura. En el país eslavo, los 15 magistrados que forman parte del órgano judicial son elegidos por mayoría absoluta en el Parlamento (Sejm) en la segunda ronda de votación. “Esta es la similitud en ambos países. Que con estas reformas el Parlamento finalmente domina el poder judicial”, explica el jurista polaco Adam Krzywon. El profesor de derecho romano de la universidad de Varsovia, Jakub Urbanik, reconoce que aplicar esta reforma supone un “paso peligroso” para España.

El desmontaje de la justicia polaca

Antes de la llegada al poder del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), eran los propios jueces polacos los que nombraban a los 15 magistrados del Consejo Nacional de Judicatura. Pero en el año 2017, el Gobierno del PiS, acogiéndose al principio de soberanía popular, y como parte de su plan de desmantelamiento de la independencia judicial, cambió la norma para poder controlar este órgano máximo del poder judicial. Dos años antes, también renovó a cinco de los 15 miembros del Tribunal Constitucional y elevó a una mayoría de dos tercios el respaldo que deben tener los fallos del Constitucional. Así se aseguraba poder legislar acorde a sus ideales y que sus normas no fueran declaradas inconstitucionales tan fácilmente. “El Tribunal Constitucional ha quedado como un muñeco gobernado por los políticos”, critica Krywon.

En 2018, el Ejecutivo aprobó una ley para reducir la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo (de 70 a 65 años) con el objetivo de nombrar a magistrados más afines al Gobierno. Esta norma fue finalmente reprobada por el Tribunal de Justicia Europeo. La máxima instancia judicial de la UE también suspendió en abril de este año de manera cautelar la norma para cambiar el régimen disciplinario de los jueces. “Otra ley que ha servido como instrumento represor y sancionador para los jueces, vulnerando y cuestionando su independencia cuando las sentencias no eran favorables al Gobierno”, explica Jakub Urbanik.

Esta paulatina erosión de la justicia en Polonia, que ha seguido el ejemplo de la Hungría autoritaria de Orbán, ha sentado un precedente en el seno de la UE. “El Tribunal de Luxemburgo está sentando jurisprudencia sobre la erosión del Estado de Derecho en un país miembro de la UE. Esto era algo impensable hace unos años, pero sirve de aviso a otros Estados que se atrevan a alterar la división de poderes”, zanja Adam Krzywon.

Según explica el magistrado Joaquim Bosch, de la organización Jueces para la Democracia, la reforma judicial del Gobierno español “dista bastante” de la situación que se da en estos países. “En España no hemos llegado a esos niveles, pero sí es notorio el tirón de orejas de Bruselas a la propuesta de Sánchez y al anterior bloqueo del PP para la renovación del CGPJ”, señala. El Consejo de Europa lleva años haciendo recomendaciones a España por su sistema judicial, que tiende a politizarse cada vez más.

España es uno de los pocos países de la UE donde el nombramiento de los 12 jueces del CGPJ queda en manos de las Cortes, sin ninguna participación directa de los jueces —aunque las asociaciones judiciales remiten a las Cortes un listado de donde salen los elegidos—. En los primeros años de la transición, sí que eran los propios magistrados los que elegían a sus vocales en el CGPJ, pero esto cambió con una ley de 1985 aprobada por el Gobierno socialista de Felipe González con el fin de renovar a unos jueces que procedían de la dictadura franquista. “Desde entonces, el sistema para el nombramiento de los magistrados se ha ido desvirtuando”, zanja Bosch.

El fondo de reconstrucción, ¿en riesgo como dice el PP?

El Partido Popular, que ha estado durante dos años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España, ataca ahora al Ejecutivo de Pedro Sánchez calificando de “atropello legal” la reforma judicial del Gobierno. En cambio, en enero de este año, el PP votó en contra de una resolución del Parlamento Europeo para exigir a Polonia que respetara la independencia de sus jueces desmarcándose incluso de su propio grupo, el Partido Popular Europeo.

Pero no se queda ahí. El jueves, Pablo Casado aseguraba que con esta medida Sánchez está poniendo en riesgo el fondo de reconstrucción europeo para la pandemia que se debe aprobar en Bruselas. Todavía no se sabe de qué forma la UE vinculará los fondos con el cumplimiento del Estado de Derecho.

El Consejo europeo, bajo el liderazgo de Alemania, ha rebajado drásticamente el alcance de ese proyecto, de manera que lo que propone Berlín es suspender los pagos a países con casos de fraude que estén vinculados a los fondos europeos. Holanda, Dinamarca o Finlandia, junto con parte del Parlamento Europeo, quieren ir mucho más allá y castigar a Estados como Hungría y Polonia por su vulneración continua al Estado de derecho. Consideran que la mejor vía es la económica para sancionar a estos países, que son de los que más ayudas reciben de Bruselas saltándose luego a la torera las normas comunitarias. Hungría y Varsovia rechazan de pleno esta idea. La falta de acuerdo de los Veintisiete amenaza con retrasar los fondos hasta finales de 2021. El problema es mucho más complejo y no depende de España, como plantea el principal grupo de la oposición.