Los ultraconservadores polacos se aseguran el control del poder judicial

El partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) se ha propuesto darle la vuelta a Polonia para convertir la sexta economía de la Unión Europea en un país acorde con sus ideales: una nación más patriótica y piadosa alejada de las perversiones del liberalismo económico y social europeo. Para conseguirlo, el Gobierno, elegido en octubre con una amplia mayoría, considera que necesita librarse de cualquier contrapoder mediante reformas políticas y judiciales que están generando una fuerte contestación interna y exterior.

La última es una modificación de la ley que rige al Tribunal Constitucional y que fue aprobada ayer por el Parlamento tras una reñida sesión de 11 horas. La reforma eleva a una mayoría de dos tercios el respaldo que deben tener los fallos del Constitucional. El cambio es especialmente significativo después de que el Gobierno nombrara para este tribunal a cinco nuevos jueces (de un total de 15) nada más acceder al poder.

El cambio también retrasa a seis meses el plazo máximo en que deben emitirse los veredictos, suprime toda mención a la independencia del tribunal respecto del poder político, y obliga al Constitucional a atender en orden cronológico las demandas, lo que postergaría las que pudiesen ir en contra de las decisiones que comiencen a tomar ahora los conservadores.

La oposición política, la sociedad civil y el poder judicial han criticado la reforma por considerar que maniata a la institución. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo también se han mostrado hostiles con la deriva del Gobierno. La Comisión incluso pidió a Varsovia el martes que retirara el proyecto de ley y lo calificó de “atentado contra el Estado de derecho”. El líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, no oculta que todas las reformas emprendidas están dirigidas a liberar de obligaciones a su partido para poder operar las profundas transformaciones en el país que ambiciona. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, provocó la semana pasada una queja del Gobierno polaco al declarar que lo que está sucediendo se asemejaba a un golpe de Estado. Ante la polémica, Polonia ha solicitado al Consejo de Europa que revise la reforma legal por si percibe violaciones de los derechos humanos.

En las últimas semanas las posturas se han polarizado en Polonia, con manifestaciones que condenan al Gobierno y otras que defienden sus medidas. Perfiles de corte muy conservador, como el expresidente anticomunista Lech Walesa, han coincidido con los movimientos feministas o de defensa de los gais en alertar sobre la deriva autoritaria del Gobierno. El PiS ha eliminado las ayudas a la fecundación in vitro (a la que se opone por principios religiosos), ha exigido a respetados teatros que cancelen representaciones por considerar que atentan contra la moral, se ha opuesto a los planes de la UE de acoger refugiados, ha amenazado a los medios de comunicación con proyectos para controlar sus contenidos y ha comenzado lo que la oposición considera una “purga” en la Administración dirigida a expulsar a los cargos “poco patrióticos”. Sus partidarios recuerdan que, al mismo tiempo, ha activado un ambicioso paquete de reformas sociales (en las que se basó su victoria electoral) que van desde el adelanto de la edad de jubilación a subvenciones por el segundo hijo. Ante las dudas que genera en los inversores la viabilidad de estas medidas y, en general, la actitud del PiS ante la libre empresa, la Bolsa polaca ha caído un 17,5% desde las elecciones.