Los exministros del PP se dividen ante Casado sobre el Poder Judicial

Pablo Casado se encuentra en otro atolladero sobre la renovación pendiente del Poder Judicial. El líder del PP ha salido escaldado de los dos intentos de negociación emprendidos con el actual Gobierno y esta semana convocó a los cuatro exministros de Justicia de distintos Ejecutivos del PP para recibir sus consejos. La cita le proporcionó más confusión. Dos exministros se pronunciaron a favor de negociar: “El PP es un partido de Gobierno y de Estado, este Consejo está fuera de mandato”. Otros dos lo rechazaron de plano: “El anuncio de reformar la ley del Poder Judicial es una amenaza y un chantaje que el Constitucional no aceptará”.

Uno de los asuntos que lleva persiguiendo a Pablo Casado desde que accedió a la presidencia del PP es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que en noviembre llevará dos años caducado. El actual ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, ha intentado varias aproximaciones con el portavoz del PP en la materia, el consejero madrileño Enrique López, con el que coincidió de vocal en el Consejo y con el que tiene buenas relaciones. Esa vía nunca se ha cerrado, pese a las declaraciones públicas.

Ahora Casado quiere tener más argumentos y razones para saber cómo actuar, sobre todo tras publicar EL PAÍS que el Ejecutivo afronta una renovación de la ley orgánica que regula el Poder Judicial ante el bloqueo impuesto por el PP para impedir su actualización acorde a la nueva mayoría parlamentaria progresista que sostiene al Gobierno.

En ese contexto se programó para este pasado miércoles una primera cita de Casado en la sede del partido con los cuatro exministros de Justicia de distintas etapas de Gobiernos del PP: José María Michavila, Ángel Acebes, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá. La reunión duró un par de horas y la discusión fue qué hacer con la renovación del Consejo, sobre todo ante la presión creciente del Ejecutivo. Cada uno de los exministros, juristas todos de profesión y ahora con despachos en ejercicio, ofreció su opinión y alguno hasta llevó toda una propuesta alternativa a la regulación de esa ley, aunque no hubo tiempo para desarrollar su exposición.

Los exministros de Justicia del PP no tienen una posición unánime sobre cómo resolver esta situación. Dos se mostraron “en contra de facilitar ninguna negociación con el Gobierno, especialmente mientras en el Consejo de Ministros se sienten políticos de Unidas Podemos que cuestionan el sistema judicial actual, la jefatura del Estado y la Monarquía”. Esta es la tesis que mantiene, por ahora, el propio Casado y reforzada desde que en agosto trascendió el fracaso en el último intento de resolver este escollo, en el que se implicaron negociadores del entorno del presidente.

Michavila y Acebes, que en 2001 impulsaron un Pacto por la Justicia con el socialista Juan Fernando López Aguilar, no creen ahora en la negociación. Ambos dieron por supuesto que Casado tampoco es partidario de ningún pacto ante el nivel de exigencias y condiciones que le planteó en agosto a Sánchez tras la virulenta reacción de Unidas Podemos a la salida de España del rey emérito. Casado reclamó entonces al presidente Sánchez que apartara a Podemos de cualquier salida al atasco del Poder Judicial y demandó que esa formación, que tiene 35 escaños y cinco ministros en el Gabinete, no pudiera proponer a ningún candidato para acceder al órgano de gobierno de los jueces.

Acebes y Michavila refrendaron el miércoles esa postura de Casado en favor de “despolitizar al máximo” el Poder Judicial, pese a que en las dos negociaciones fracasadas aceptó el sistema y hasta negoció nombres de candidatos. Pero esos exministros fueron más allá al recomendarle que no afloje pese a la presión del Gobierno sobre la redacción de una nueva ley para limitar el poder del Consejo con el mandato caducado como está ahora.

Gallardón y Catalá se expresaron en términos más prácticos y moderados. Los dos entienden que el PP debe negociar, que es “un partido de Gobierno y de Estado” y que las normas evidencian que el actual Consejo está fuera de mandato y debe ser cambiado. El matiz está en cómo ejecutar esa negociación. Catalá acepta que el Consejo represente la nueva mayoría parlamentaria vigente en el país y Gallardón fue más atrevido. Aconsejó a Casado que negocie pero con condiciones tan duras que la hagan casi imposible y evidencien al final que la culpa de ese fracaso sería del Gobierno.

Ruiz-Gallardón, fiscal de carrera aunque apenas ejerció, se presentó ante Casado con una idea alternativa pero antes aclaró, en contra de lo que sostuvieron Acebes y Michavila, que él sí cree que el Gobierno no va de farol con su anuncio de reformar la ley del Poder Judicial y que ese plan es más que una amenaza. Gallardón propuso a Casado aceptar la negociación exigiendo dar más poder al gobierno de los jueces respecto al nombramientfo del fiscal general del Estado, que se ha convertido en uno de los objetivos a batir del PP tras la elección de la exministra Dolores Delgado.

Veto para la fiscal general

Hasta ahora, el Poder Judicial tiene que aprobar un informe sobre la idoneidad del candidato que decide el Ejecutivo, aunque su dictamen es preceptivo pero no vinculante. Gallardón plantea que se apruebe una reforma que dé al Consejo poder de veto real sobre ese candidato.

Acebes y Michavila rebatieron esas ideas: “Esto es un pulso sin fundamento en el que no debes ceder, una amenaza grave y un chantaje sin fundamento político que además si lo llevan a efecto lo podrías recurrir ante el Tribunal Constitucional con muchas posibilidades de ganar”. Y coincidieron: “Forzar el cambio de esa ley básica de un poder del Estado sin el PP es algo tan fuerte que el Constitucional no lo va a tolerar porque es inconstitucional desde el punto de vista de la letra y el espíritu de la Constitución”.

La Constitución exige 210 diputados (3/5 de la Cámara baja) para sustituir a 8 de los 20 vocales, pero la ley que regula el cambio de los otros 12 vocales del cupo de los jueces sí se podría modificar para permitirlo por mayoría absoluta y allanar así el camino para una renovación parcial, que es lo que quiere el Gobierno con el respaldo ya de 187 parlamentarios.

El Consejo elegido por jueces que el PP prometió y no hizo

El 24 de enero de 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso resolver los males de la justicia con una frase en forma de promesa que se reservó para los últimos minutos de su intervención en el Congreso de los Diputados. Con el Partido Popular al frente de un Ejecutivo y con mayoría absoluta, prometió Sáenz de Santamaría que el gobierno de los jueces iba a ser elegido por los propios jueces, y no por el Parlamento, como ocurría hasta ese momento.

La vicepresidenta del Gobierno de Rajoy se comprometió en su primera comparecencia a reformar la ley del Poder Judicial para establecer un nuevo mecanismo de elección de los 20 vocales del Consejo. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dio forma a aquel compromiso y redactó un anteproyecto de ley que concedía a la carrera judicial todo el poder para la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo. Y lo intentó ejecutar.

Pero aquel anteproyecto se quedó en la mesa del Consejo de Ministros como una promesa incumplida del Partido Popular. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impuso su tesis y el Consejo General del Poder Judicial siguió en manos del Partido Popular, que a través de su mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado se garantizó el control de ese órgano (eligió a 11 vocales de los 20). El Gobierno de Rajoy también decidió el nombre del presidente del Consejo durante los años siguientes: el magistrado Carlos Lesmes, que aún sigue. Cuando pudo cambiar la ley porque tenía más de los 176 diputados necesarios, el PP prefirió no hacerlo para controlar el Poder Judicial. Ahora, desde la oposición, bloquea la renovación para mantener la mayoría conservadora.