La nueva ley quitará competencias a un Poder Judicial en funciones

El texto que negocian PSOE y Podemos permite renovar el máximo órgano de los jueces con menos votos

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, el pasado mes de septiembre en Madrid.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, el pasado mes de septiembre en Madrid.J.J. Guillén / EFE

PSOE y Podemos trabajan ya en el contenido de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para sortear el veto del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El Ejecutivo no tiene aún un texto, pero las conversaciones avanzan hacia un acuerdo con las líneas básicas de la propuesta. Entre ellas, restringir las funciones y por tanto el poder del Consejo una vez que se cumplan los cinco años del mandato y mientras se renueva el órgano para que no pueda nombrar cargos judiciales, Además, 12 de los 20 miembros se podrán renovar con mayoría absoluta y no reforzada como ahora.

El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos impone a ambos socios que las propuestas de ley se presenten conjuntamente, o al menos, con el acuerdo del otro partido. La formación de Pablo Iglesias tiene lista desde hace semanas una propuesta para reformar la LOPJ, pero no la ha presentado a la espera de consensuarla, o al menos consultarla, con los socialistas. El PSOE, que en un principio se mostró reticente a un cambio legal ad hoc para desbloquear la ley, admite ya que, salvo un cambio de criterio del PP que ahora parece improbable, la reforma de la ley es la única vía posible para renovar el Consejo.

Los socialistas han estudiado la propuesta de Unidas Podemos, que tiene dos apartados clave. El primero, el cese de los vocales y el presidente del Consejo cuando caduque su mandato, una medida que se aplicaría con efecto retroactivo al Consejo vigente. El segundo, que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no hagan falta tres quintos de las Cámaras (210 votos en el Congreso) sino mayoría absoluta (176), lo que facilitaría la renovación sin el PP. El PSOE, según las fuentes consultadas, asume la necesidad de reducir la mayoría necesaria para la renovación, pero no es partidario de cesar a los vocales cuando se cumplan los cinco años de mandato. El rechazo de los socialistas a esta fórmula se basa, sobre todo, en que dejaría en el limbo la gestión del Consejo hasta que se nombre uno nuevo. Unidas Podemos propone que durante ese periodo no se puedan adoptar decisiones relevantes, como nombramientos de cargos discrecionales, y la gestión del día a día (permisos, licencias, nombramientos de sustitutos o jubilaciones) la asuma el Ministerio de Justicia. La formación de Iglesias pone el ejemplo de Francia, donde el ministerio tiene atribuidas muchas de las funciones que aquí recaen en el Consejo, pero los socialistas consideran que esta fórmula pondría en cuestión la separación de poderes.

Veto a los nombramientos

La fórmula que va cobrando peso y que es la defendida desde el principio, entre otros, por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es mantener a los vocales en funciones cuando caduque su mandato pero restringir sus atribuciones. Se trataría de regular qué puede hacer y qué no un Consejo en funciones y, entre las decisiones que quedarían vetadas una vez que venzan los cinco años de mandato, estaría la designación de cargos discrecionales, desde los presidentes de las Audiencias Provinciales y de Tribunales Superiores de Justicia, a los magistrados o las presidencias de sala del Tribunal Supremo.

Con esta regulación, el Gobierno pretende evitar que se repita lo ocurrido con el gobierno de los jueces, que desde que en diciembre de 2018 se quedó en funciones ha designado más de medio centenar de cargos, entre ellos 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias. La última tanda de nombramientos, aprobada el pasado miércoles después de que el Gobierno intentara frenarla, ha sido la que ha convencido a los socialistas de la necesidad de desactivar esta posibilidad para el futuro.

La propuesta de Unidas Podemos prevé también que los futuros vocales tengan que ratificar los nombramientos efectuados por el actual Consejo desde que venció su mandato. Es decir, el nuevo pleno revisaría cada una de esas designaciones y si no diera el visto bueno a alguna de ellas, quedaría anulada. Los socialistas, según las fuentes consultadas, tienen dudas sobre la constitucionalidad de esta medida y no la contemplan.

En el PSOE sí que va calando poco o poco la idea de reducir la mayoría necesaria para renovar a los 12 vocales jueces, cuyo sistema de elección no está claramente fijado por la Constitución con una exigencia de tres quintos de los votos del Congreso y Senado. Los ocho vocales del cupo de juristas de reconocido prestigio sí tendrán que ser elegidos con esa mayoría reforzada porque así lo determina la Constitución. Con este cambio, se facilitaría la renovación de 12 de los vocales, por lo que ambos partidos planean que la reforma legal permita esta opción de renovación parcial del Consejo. Es decir, que el órgano pueda empezar a funcionar con 12 vocales o que estos convivan con los ocho antiguos.

La reforma de la LOPJ que impulsó en solitario el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2013 ya permite los relevos parciales, pero solo prevé que cada Cámara renueve por su cuenta a los 10 vocales que le corresponden. Ahora lo que estudian los socios de Gobierno es que las renovaciones también se puedan separar según el cupo de procedencia de los vocales.

La intención de ambos grupos, según las fuentes, es cerrar a lo largo de este mes un acuerdo para renovar la ley. La reforma de una ley orgánica requiere de mayoría absoluta (176 votos) y los socios creen que ese apoyo lo tienen prácticamente garantizado. Ya han sondeado a algunos grupos, que se han mostrado dispuestos a un cambio legal que facilite el desbloqueo del CGPJ. Entre ellos están la mayoría de los que hace tres semanas suscribieron una declaración a favor de la renovación que se hizo pública el pasado 27 de septiembre y en el que nueve grupos cargaban contra los partidos que bloquean el Consejo. El texto fue suscrito por el bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez más Junts per Catalunya. En total, 187 escaños.

Un mandato con poder caducado

El actual Consejo General del Poder Judicial ha igualado ya el récord de 22 meses en funciones que tenía hasta ahora el presidido por Francisco Hernando. De aquel formaron parte como vocales dos de los hombres que en los últimos meses han negociado un intento de pacto entre PSOE y PP: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de Justicia del PP y consejero del ramo en Madrid, Enrique López. También entonces el órgano, con el mandato ya vencido, hizo nombramientos discrecionales, un total de 32. El Consejo actual ha designado más de medio centenar de altos cargos desde que caducó su mandato, el 4 de diciembre de 2018, y tiene ya sobre la mesa otros cuatro que quedaron aplazados en el pleno de la semana pasada.

El órgano que preside Carlos Lesmes ha renovado estando en funciones a buena parte de la cúpula judicial. Los vocales han adjudicado en estos 22 meses más de 50 altos cargos, desde presidencias de audiencias provinciales y tribunales superiores a la presidencia de la Audiencia Nacional. También se han renovado las cinco presidencias de sala del Tribunal Supremo con un balance favorable para el bloque conservador, que se ha garantizado para los próximos años la presidencia de las dos salas clave: la de lo Contencioso (adjudicada la semana pasada a César Tolosa) y la Penal, presidida por Manuel Marchena, que renovó el cargo en octubre pasado tras una convocatoria a la que no se presentó ningún otro candidato.

Desde que venció su mandato, el actual Consejo ha designado además a 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas que se mantienen hasta la jubilación y que, si se hubiera renovado el órgano a tiempo, no habrían correspondido al pleno actual. El resultado arroja una mayoría de nuevos magistrados conservadores que consolida la tendencia de los cinco años de mandato de Lesmes.

El Consejo siempre ha defendido su legitimidad para nombrar y renovar altos cargos que considera imprescindibles para el buen funcionamiento de la justicia. Solo una de los 20 vocales del órgano, Concepción Sáez, propuesta por IU, se ha opuesto a cada uno de los nombramientos por entender que ya no estaban facultados para realizarlos. Antes de designar cada uno de estos cargos, el Consejo en funciones ha tenido que aprobar las bases que rigen los nombramientos discrecionales, una labor para la que, según la vocal Sáez, tampoco está legitimado un Consejo en funciones.

Parte de estos nombramientos fueron recurridos ante el Tribunal Supremo por las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, pero el alto tribunal ha rechazado por ahora suspenderlos. Aunque la Sala de lo Contencioso no se ha pronunciado todavía sobre si el Consejo puede designar cargos discrecionales con el mandato caducado ha considerado que los nombramientos impugnados gozan de “presunción de legalidad”.

Lo cierto es que la Ley Orgánica del Poder Judicial solo prohíbe al Consejo en funciones elegir a su presidente, pero no regula el resto de atribuciones. Cuando el pleno del Consejo ha debatido el asunto, ha entendido que estaba legitimado para ejercer todas sus tareas, excepto la puesta en marcha de proyectos a largo plazo.

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