Fuego cruzado contra los fiscales anticorrupción

Un pequeño despacho en el centro de Madrid sin más decoración que unas estanterías llenas de archivadores guarda, desde hace tres años y medio, capítulo a capítulo, el guion de la más grave corrupción política, policial y empresarial de la reciente etapa democrática en España. Ahora, cuando una gran parte de la instrucción está a punto de terminar, los dos fiscales que ocupan este despacho están siendo víctimas de ataques cruzados para desacreditar la investigación.

Todo empezó en la primavera de 2017, cuando dos fiscales recién llegados a la Fiscalía Anticorrupción, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, recibieron un curioso encargo de su nuevo jefe, Manuel Moix. Tendrían que investigar una denuncia —supuestamente anónima— sobre un extraño negocio ilegal en el que, al parecer, estarían envueltos un empresario y dos comisarios de policía —Carlos Salamanca y José Manuel Villarejo— a cuenta de una batalla por el poder en Guinea Ecuatorial. El asunto, exótico de por sí, llevaba unidos algunos detalles inquietantes.

El primer detalle era que, ya por aquella época, se rumoreaba que detrás de la denuncia anónima estaba el CNI. De hecho, ahora se ha sabido que eso pensaba quien por entonces era el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. También parecía que el objetivo final no era más que poner coto a la impunidad del comisario Villarejo, pararle los pies, mandar un aviso a este veterano policía que, por entonces, acusaba al jefe de todos los espías, el general Félix Sanz Roldán, de haber amenazado de muerte a Corinna Larsen, examante del rey Juan Carlos, y de otras ilegalidades.

El segundo detalle extraño era el hecho de que Manuel Moix, recién colocado al frente de Anticorrupción por el Gobierno de Mariano Rajoy, encargara un asunto tan peliagudo a dos fiscales, Stampa y Serrano, que llevaban muy poco tiempo allí y que, además, estaban en comisión de servicios, sin plaza fija, pendientes cada seis meses de si les renovaban la confianza o los enviaban de regreso a sus anteriores puestos. ¿El objetivo de Moix era controlarlos? ¿O acaso pretendía que la investigación no superase los límites fijados en la denuncia anónima?

No hubo manera de averiguarlo, porque un par de meses después Moix tuvo que dimitir por un escándalo financiero y, en el primer giro de guion de esta historia, se hizo cargo de Anticorrupción el fiscal Alejandro Luzón, quien desde el principio respaldó aquella investigación hasta convertirla en lo que hoy es: un gran escándalo de corrupción institucional.

Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano tardaron poco tiempo en descubrir que abrirse paso en aquella investigación era como atravesar un desfiladero. No tardaron mucho más en llegar a la conclusión de que estaban ante “un clan policial mafioso, cuya finalidad primordial era conseguir beneficios económicos e influencia [en círculos políticos, judiciales y periodísticos] con la finalidad de obtener la impunidad de su actuación delictiva”.

A medida que avanzaba la investigación principal del caso Tándem surgían otros hilos de los que tirar, las llamadas piezas separadas, que demuestran la complejidad y la gravedad de las andanzas de Villarejo, hoy en prisión, y sus secuaces.

Entre las 27 piezas separadas del caso, destacan las siguientes:

Pieza Pit. Los pagos a Villarejo del industrial naviero Ángel Pérez Maura para detener su extradición a Guatemala y las promesas del comisario para influir en jueces y fiscales de la Audiencia Nacional.

Pieza Carol. Unas conversaciones grabadas por Villarejo destaparon el supuesto fraude fiscal de Juan Carlos I y sus manejos para ocultar un patrimonio notable (65 millones de euros no declarados a Hacienda, regalo del monarca de Arabia Saudí que, a su vez, el rey emérito donó a su examante, la princesa Corinna). Archivada en un principio por la inviolabilidad de don Juan Carlos cuando ocurrieron los supuestos hechos y por la debilidad de los indicios, ha sido reabierta por el juez con un objetivo que aleja la investigación de las actividades del monarca.

Pieza Kitchen. El pago con fondos reservados del Ministerio del Interior de una operación de espionaje ilegal a Bárcenas y su familia con el objetivo de robarle pruebas que pudieran perjudicar al Gobierno del PP, según la investigación judicial.

Pieza BBVA. Las maniobras de espionaje ilegal encargadas supuestamente por el BBVA, durante el mandato del anterior presidente de la entidad, Francisco González, a un policía en activo, el comisario Villarejo, para contrarrestar la iniciativa de un empresario, Luis del Rivero, apoyada por el Gobierno socialista, para hacerse con el control del banco.

Pieza Dina. Las supuestas maniobras para desprestigiar a Pablo Iglesias, líder de Podemos, mediante la filtración de información obtenida de la tarjeta de un teléfono robado a una asesora del ahora vicepresidente del Gobierno.

Las 27 investigaciones abiertas —de las que tres están declaradas secretas, tres han sido archivadas y otras tres están concluidas y pendientes de juicio—, dan una idea de hasta qué punto Villarejo era capaz de aprovechar la protección que le confería su cargo en la policía y sus buenas relaciones con los personajes de la política, la empresa o el periodismo para obtener beneficios.

Hay una conversación con un periodista, grabada por el propio Villarejo el 15 de febrero de 2017, que resulta muy esclarecedora:

Periodista. ¿Qué previsiones tienes?

Villarejo. En cualquier momento se buscarán un juez para justificar un registro en mi casa. A ver qué encuentran…

P. La bici estática esa que tienes.

V. Hombre, dos o tres cosas para que las encuentren y no las tengan que buscar ya las tengo preparadas ¿no? Además, le diré al secretario, tome nota, tome nota, que se llevan esto ¿eh? Una declaración jurada de una señora que se llama Corinna, no sé qué dice esto, aquí está. Tome usted nota, por favor, y tal ¿no? Que no se preocupe que la rompa porque tengo muchas copias ¿no? Tengo siete copias, y tres de ellas en el extranjero. Tengo cuatro copias repartidas, que ninguna, obviamente, tengo en casa.

De esta conversación y otras parecidas quedan claras al menos tres cosas, según concluyen los fiscales en algunos de los escritos incorporados al sumario. La primera es que Villarejo tenía todo un sistema de actuación y una estrategia, incluso para cuando vinieran mal dadas. La segunda cuestión es que en esa estrategia tenían un papel relevante las grabaciones telefónicas. La tercera es fácil de inferir: Villarejo se graba a sí mismo sabiendo que todo eso un día puede contribuir a poner en marcha la máquina del fango.

El veterano comisario está convencido de que su amenaza de tirar de la manta, siempre latente, puede convertirse en su mejor blindaje. Y así es… hasta que deja de funcionarle.

Nueve meses después de aquella conversación, durante los registros de las casas y empresas de Villarejo, los fiscales encuentran un amplio catálogo de corrupciones.

El comisario había urdido una red de intereses muy tupida. Los fiscales dejan constancia en sus escritos de la “connivencia” del policía con algunos periodistas, a los que utilizaba para poner en marcha “campañas mediáticas” basadas en “la filtración de sus grabaciones telefónicas”.

El viejo policía no le hacía ascos a nada. Se atrevía con el Rey, pero también trabajaba a sueldo de un fabricante de detergentes. Unos días se disfraza de “agente encubierto” —una supuesta profesión de la que presumía en su currículo— y otros días de cobrador del frac. Su trabajo es inconmensurable, tanto como el sumario del caso Tándem.

Tres años y medio después, los fiscales ya vislumbran el final de algunas de las investigaciones abiertas en un proceso que arroja luz sobre 20 años de historia de las cloacas del Estado.

Los imputados son más de un centenar, entre empresarios, policías y políticos. Muchos de ellos ya han podido verle las orejas al lobo: en las primeras piezas la Fiscalía ha pedido altas penas de cárcel —entre 8 años y 34— para quienes contrataron los servicios de Villarejo. Y es justo en este momento cuando se ha abierto un fuego cruzado contra la honorabilidad de los fiscales, a los que se acusa de connivencia con una de las partes —Podemos— en el caso Dina, la pieza número 10 que investiga el robo de un teléfono móvil a una asesora de Pablo Iglesias y la publicación del contenido de la tarjeta en varios medios de comunicación.

El primero en disparar sospechas contra los fiscales fue José Manuel Calvente, un abogado que fue despedido del equipo jurídico de Podemos por el supuesto acoso a una compañera, la abogada Mar Flor. Calvente se defendió acusando a la letrada de mantener relaciones con el fiscal Stampa, unas relaciones de las que se estaría beneficiando Podemos por tener acceso a detalles de un sumario declarado secreto.

Esa denuncia de Calvente sirvió de base para que se activaran otras sobre las supuestas irregularidades cometidas por el fiscal a favor de la formación de Pablo Iglesias. El partido ultraderechista Vox, el comisario José Manuel Villarejo, la periodista canaria María Montero y el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, han intervenido en el fuego cruzado contra Stampa y la causa en la que participa.

La periodista Montero aprovechó las acusaciones de Calvente para intentar resucitar supuestas actuaciones poco éticas cometidas por el fiscal Stampa durante la época en que ejerció en Canarias y lo denunció ante la Fiscalía General del Estado. Todas sus denuncias han sido archivadas y, además, el Supremo confirmó las condenas a otros medios de comunicación canarios por publicar noticias falsas sobre este fiscal. Quien arremetió entonces contra Stampa fue Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo. A solo unos días de jubilarse, Navajas concedió una entrevista a Okdiario, el medio de comunicación que ha sido el principal instrumento de difusión de noticias falsas sobre Podemos fabricadas por la cúpula policial de Interior, según concluyó la investigación abierta en el Congreso de los Diputados.

Navajas cargó con mucha dureza contra el fiscal Stampa y, de manera indirecta, contra sus jefes por no apartarle de la investigación del caso Tándem. Llegó a decir: “Cuando me enteré, me dio asco. No soy ni el fiscal general del Estado ni el fiscal inspector, yo sé lo que hubiese hecho. Creo que el señor Stampa está en comisión de servicio. Yo lo hubiera apartado, quitado de la comisión, devuelto a su Fiscalía de Canarias que es de donde vino. Porque cuando el cirujano abre y ve un tumor, el tumor hay que quitarlo. Yo vomité, cuando nos enteramos por el periódico de que si la abogada, que si tiene una relación. A mí me dio un asco tremendo y se lo dije a la fiscal General del Estado: a este tío hay que…”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, contestó a todas las denuncias en la Audiencia Nacional, aprovechando un interrogatorio a Calvente, el abogado despedido de Podemos. “Yo respondo de la actuación procesal en el caso Dina”, declaró Luzón, “porque he tenido acceso a los escritos [de los fiscales anticorrupción] y los he visado yo [como jefe de la Fiscalía Anticorrupción]. No consideré que hubiera una tacha de su trabajo. Es más, considero que son unos fiscales muy rigurosos, muy sensatos, y de los menos filtradores, porque con la información que tienen no cuentan nada ni dentro ni fuera de la Fiscalía. Ni sus compañeros saben lo que están haciendo, solo lo sé yo”.

Las denuncias cruzadas contra Stampa, presentadas ante distintos órganos y con el mismo fin, no están prosperando. La inspección de la Fiscalía ha rechazado las denuncias, y la querella que presentó Vox ante la Fiscalía de Madrid tendrá que resolverse de inmediato. La Audiencia Nacional no admitió la querella del partido ultra contra Stampa e Iglesias.

Distintos expertos jurídicos consultados por EL PAÍS sostienen que “la causa no se puede anular por estas denuncias, ni el caso Dina tampoco”. “Pero lo que si es posible”, añaden estos mismos expertos, “es que ahora, alimentando todo esto, haya quien ponga más querellas por descubrimiento y revelación de secretos contra los fiscales. Vox se ha querellado ya por tierra, mar y aire, y todo esto es el caldo de cultivo para que ahora Villarejo y compañía preparen las correspondientes querellas al fiscal y, si alguna se admite, obliguen a Luzón a apartar a Stampa del procedimiento. Son piedrecitas en el camino para intentar descarrilar una investigación que ha puesto a mucha gente en la picota”.

La causa acredita numerosos vetos de los fiscales a Podemos

En el sumario del caso Dina figuran numerosos escritos de la Fiscalía rechazando las diligencias que pidió Podemos por “desproporcionadas, irrelevantes, improcedentes o impertinentes”. Anticorrupción se opuso en octubre de 2018 al intento de Podemos de incorporar a la causa distintas denuncias en otros juzgados contra la cúpula policial de Interior por fabricar informes falsos. También se opuso a investigar si existían pagos del comisario José Manuel Villarejo a la web Okdiario o a pedir diligencias para esclarecer la autoría del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que la policía aireó contra Podemos. En abril de 2019, la abogada de Podemos pidió la entrada y registro de la sede de Okdiario, así como la imputación del director de la publicación, Eduardo Inda. La Fiscalía lo consideró desproporcionado y el juez no lo autorizó. Ese mismo mes, Podemos pidió investigar si el director de Okdiario estaba relacionado con distintas filtraciones de información falsa contra Iglesias y su partido. Anticorrupción se opuso a todo lo solicitado en un escrito del 12 de abril. Una semana más tarde, otra batería de diligencias solicitadas por Podemos fue rechazada en otros dos escritos por los fiscales Stampa y Serrano.

El 21 de mayo de 2020, Anticorrupción solicitó al juez que revocase a Iglesias la condición de perjudicado al no poder probar que Villarejo fuese el autor de la filtración del contenido de la tarjeta del móvil robado a su asesora Dina Bouselham. En agosto, la abogada Marta Flor volvió a solicitar diligencias para investigar la supuesta guerra sucia de la policía contra Podemos. La Fiscalía se opuso en septiembre. A instancias de los fiscales, el juez retiró la condición de perjudicado a Iglesias, aunque era el único damnificado de las informaciones sobre la tarjeta del móvil. El recurso de Iglesias fue aceptado por la Audiencia, que le devolvió la condición de perjudicado.