Torra se niega a declarar por otra desobediencia y alega que no “reconoce” al tribunal

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la segunda causa abierta contra él por un delito de desobediencia. En una intervención de solo tres minutos en la sala de vistas, el jefe del Govern ha alegado que no reconoce al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ha dado por hecho que, como la primera vez, acabará condenándole diga lo que diga. Torra se ha presentado ante los jueces como víctima de la “represión” del Estado contra el independentismo y les ha comunicado que debía regresar cuanto antes a su despacho para afrontar la crisis derivada del coronavirus.

Arropado por líderes de los partidos y entidades independentistas y por miembros del Govern, Torra ha accedido al Palacio de Justicia a pie pocos minutos antes de las 10 horas, cuando estaba prevista su declaración. Unas pocas decenas de ciudadanos también le han acompañado y aplaudido mientras subía las escalinatas del TSJC y han mostrado pancartas de apoyo: “President, no estás solo”. El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha opinado que el juicio es “un despropósito más de la justicia y la democracia del Estado español”. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha afirmado que se trata de un episodio más en “la causa general contra el independentismo”.

En una decisión que ya había sido meditada con anterioridad, Torra ha optado por no responder a las preguntas de ninguna de las partes: ni de la Fiscalía, ni de la entidad Impulso Ciudadano —que promovió la denuncia— ni de su propio abogado, Gonzalo Boye. El TSJC le había citado como investigado por negarse a retirar de la fachada del Palau de la Generalitat un cartel a favor de los políticos presos del procés durante el periodo electoral de las generales de noviembre de 2019.

Breve ante los jueces, Torra ha sido más elocuente ante los periodistas en una intervención, poco después, en el Palau de la Generalitat. “Le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho de no declarar”, ha dicho el presidente, que no ha detallado si piensa acatar la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la primera causa de desobediencia y que podría implicar su cese como líder del Ejecutivo catalán. Para Torra, el nuevo juicio “se enmarca en una persecución política contra el independentismo”. “Nuestra causa”, ha añadido, “es justa y es de una minoría nacional”.

Dos casos idénticos

Las razones de esta segunda investigación contra Torra son idénticas a las que motivaron la primera. El president desoyó una orden (en este caso procedía del TSJC y no de la Junta Electoral Central) de retirar una pancarta (la misma que en la primera ocasión) y lo hizo, también, en periodo electoral.

Cuando el TSJC abrió este segundo frente contra Torra, ya le había condenado por su primera desobediencia a un año y medio de inhabilitación. El mandatario, que admitió haber desobedecido pero al mismo tiempo intentó esquivar el castigo (alegó que la Junta Electoral Central no podía darle órdenes) recurrió ante el Tribunal Supremo, que la semana pasada revisó su caso. En los próximos días el Supremo dará a conocer si, como es previsible (los antecedentes así lo indican y los hechos son claros) confirma la condena, lo que obligaría a Torra a dejar la presidencia.

La decisión puede abrir un nuevo periodo de inestabilidad política en Cataluña, entre otras razones porque Torra ya ha mostrado su nula disposición a convocar elecciones. En caso de confirmarse la inhabilitación, esta segunda causa judicial pierde interés para la trayectoria de Torra. La investigación seguirá adelante, pero es incluso probable que, siendo Torra ya un ciudadano común y no un aforado, se trasladase a los juzgados ordinarios y no al TSJC.

La causa penal que este miércoles ha llevado de nuevo a Torra ante la justicia comenzó por una denuncia de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, a la que reclamó la retirada de la pancarta. Los jueces atendieron la petición y, el 20 de septiembre de 2019 —cuando ya estaban convocadas las elecciones generales de noviembre— ordenaron a Torra que la retirase. Como ya había hecho, se negó a hacerlo, y fueron los Mossos d’Esquadra quienes, por orden judicial, hicieron el trabajo.