Caso Pujol

La Abogacía del Estado se opone a juzgar al clan Pujol en Cataluña

El magistrado insiste en investigar por separado los negocios inmobiliarios del hermano pequeño de la familia

El expresidente Jordi Pujol, en una imagen de 2019.
El expresidente Jordi Pujol, en una imagen de 2019.Carles Ribas

La Abogacía del Estado no está dispuesta a que el caso Pujol se juzgue en Cataluña. El órgano dependiente del Ejecutivo ha enviado un escrito al juez José de la Mata para oponerse a las alegaciones presentadas por la familia del expresidente de la Generalitat, después de que el magistrado propusiese el pasado julio sentarlos en el banquillo por aprovecharse de su “posición privilegiada” en la vida catalana para enriquecerse hasta acumular un patrimonio “desmedido” relacionado con el cobro de comisiones ilegales. Entre las pretensiones del clan se encontraba la posibilidad de que la causa se trasladase definitivamente a la comunidad donde gobernó Pujol durante más de dos décadas. Una opción que rechazan los servicios jurídicos del Estado.

Según consta en el escrito, al que tuvo acceso EL PAÍS, la famila Pujol expuso en su recurso que la competencia del caso debía recaer en un juzgado de Cataluña, “pues en dicho territorio se han desenvuelto sustancialmente los hechos investigados”. Pero la Abogacía considera incorrecto ese argumento. De hecho, defiende que la instrucción ha confirmado, precisamente, que la Audiencia Nacional es quien debe juzgar los hechos, ya que las pesquisas han evidenciado la existencia de una presunta “mecánica delictiva” que funcionaba a nivel internacional, con “operaciones y movimientos financieros” más allá de las fronteras españolas.

De la Mata propuso el pasado julio juzgar al clan Pujol —al matrimonio formado por el expresidente y Marta Ferrusola, y a sus siete hijos—, además de a otras 18 personas, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Según expuso el magistrado en su auto, la familia amasó parte de su fortuna con fondos obtenidos a través de comisiones ilegales entregadas por empresarios durante los años en los que la familia manejaba el Govern. Para ocultar el dinero, los imputados usaron presuntamente varias estructuras societarias, recurrieron a paraísos fiscales y falsificaron contratos.

Tras dictar esta resolución, los Pujol recurrieron y argumentaron también que no se había aportado ninguna prueba de que todos ellos formasen, como mantiene el magistrado, una organización criminal. Es más, la defensa insistió en que simplemente se les sentaba en el banquillo por su apellido. “Se acude a una suerte de responsabilidad de la tribu y de derecho penal de autor (ser un Pujol)", afirmaron sus abogados. La familia asegura que la fortuna que tuvo oculta en Andorra durante más de 30 años procede de un legado que el padre del expresident, Florenci Pujol, dejó a su nuera y a sus nietos. Una versión que De la Mata no se cree.

Otra línea de investigación

Paralelamente, el juez ha decidido mantener la nueva línea de investigación sobre los negocios inmobiliarios de Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente. A través de un auto dictado el pasado 8 de septiembre, el magistrado ha rechazado el intento de uno de los implicados de tumbar la apertura de esta pieza separada, bautizada como Drago. El empresario Luis Iglesias Rodríguez-Viña, yerno del exministro Eduardo Zaplana, alegaba que estas pesquisas no tienen ninguna relación con el caso Pujol y, por tanto, la Audiencia Nacional carece de competencia.

Un argumento que desestima De la Mata, que insiste en que en esta parte de la instrucción se investiga toda una serie de operaciones inmobiliarias —entre las que destaca, la compra de 1.152 locales de sucursales bancarias—, que tendrían detrás una trama de “ocultamiento y blanqueo de comisiones” para la que se utilizaron unas “estructuras societarias radicadas en terceros países”.

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