El PSOE llevará a la Fiscalía a la Junta de Andalucía por no hacer PCR a los inmigrantes

La disparidad de criterios sobre la realización de pruebas PCR a personas migrantes llegadas en patera puede acabar en Andalucía en los tribunales. El PSOE regional ha anunciado que pretende denunciar ante la Fiscalía al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su Gobierno, por “dejación de funciones” al negarse a hacer los test. Así lo ha explicado esta mañana Rosa Aguilar, portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, durante una visita a Almería. La Secretaría de Estado de Migraciones publicó el pasado 25 de julio un protocolo en el que exigía PCR a todos los inmigrantes que entraran de manera irregular a España por vía marítima, una labor que encargaba a las comunidades autónomas por tener transferidas las competencias sanitarias. Todas lo hacen, pero Andalucía se negó desde el primer día, recibiendo las críticas de entidades sociales, el Defensor del Pueblo y del Gobierno central. Ahora también de la oposición andaluza.

La portavoz socialista ha asegurado que los PCR ayudan a “detectar casos de coronavirus y evitar su expansión por contagios”, por lo que su ausencia deja “desprotegidas a estas personas” y “pone en riesgo la salud pública del conjunto de la ciudadanía”. Por ello, ha denunciado la “grave irresponsabilidad e insolidaridad” de la administración andaluza, gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Aguilar ha pedido además que la consejería de Salud y Familias “no ponga más excusas” y realice las pruebas porque la negativa actual “está poniendo en peligro la salud pública de los andaluces”. “Debe actuar por humanidad y también por cumplir la legalidad”, ha insistido.

La Junta de Andalucía ha repetido en diversas ocasiones que asumen que las competencias sanitarias sean suyas y que, precisamente por ello, cumplen sus propios protocolos. Estos conllevan realizar test rápidos a todas las personas migrantes, aplicando PCR únicamente a quienes den positivo en ellos o lleguen con síntomas, además de sus contactos estrechos. “Nosotros seguimos nuestro protocolo”, han insistido fuentes de la consejería de Salud y Familias cuya viceconsejera, Catalina García, dijo este martes que mantendrán su postura y no harán pruebas de manera sistemática. “Nos movemos entre la evidencia científica y el criterio epidemiológico, no con el criterio del Ministerio de Inmigración”, aseguró. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha afirmado que Andalucía ha hecho ya “más de 1.700 test y PCR a inmigrantes”, pero no ha aclarado cuántos de cada. En su comunicado diario sobre la situación de la pandemia, la Junta destaca que la Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 551.783 PCR desde el inicio de la crisis sanitaria.

Además del riesgo de salud pública, la principal consecuencia de este enfrentamiento entre administraciones recae en las propias personas migrantes. Sin un documento que acredite su PCR negativo no pueden acceder al sistema de acogida, ya que puede suponer un riesgo para quienes ya tengan su plaza en los centros. Es por lo que un grupo de doce personas procedentes de diferentes países de África se vio obligado a dormir en un parque de Almería la semana pasada. La medida, según las cifras que maneja el Gobierno central, ha afectado ya a más de 400 personas. Por ello, la secretaria de Estado para las Migraciones, Hanna Jalloul, ha solicitado a Andalucía que “reconsidere su posición”. Eso sí, el Gobierno tampoco ofrece respuesta ni toma acciones frente al reiterado incumplimiento. El Ministerio de Sanidad ha subrayado en numerosas ocasiones la importancia de los PCR para controlar la pandemia.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, preguntó la semana pasada Andalucía, Canarias, Valencia, Baleares y Murcia sobre los protocolos que siguen “en el contexto de la inmigración irregular”, aunque solo ha recibido información desde la comunidad valenciana. Para Fernández Marugán, la situación provocada por la pandemia exige que a la respuesta humanitaria que es realiza desde hace años, “sea también necesario adoptar medidas complementarias en el ámbito sanitario, que son competencia autonómica”. Además, abrió actuación de oficio en el caso de Andalucía, a la que ha enviado dos escritos que no han sido respondidos. Igualmente, criticaba “la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria” y “la ausencia de una coordinación eficaz”, por lo que solicitaba una reunión en la que las administraciones locales, autonómicas y la estatal asumieran sus competencias. La misma petición que han realizado organizaciones sociales como Andalucía Acoge o la asociación almeriense Barbecho, que fue la primera en denunciar la ausencia de PCR a migrantes en Andalucía. Desde esta entidad han explicado que de las 12 personas que durmieron en la calle la semana pasada solo quedaban dos en Almería, que han podido acceder a un centro de acogida en la ciudad después de que hayan sido sometidos a PCR gracias “a la coordinación de varias entidades sociales”.