La cuarentena de migrantes abre otro frente entre Gobierno y autonomías

A los choques entre el Gobierno central y las comunidades durante la crisis sanitaria, se suma uno nuevo. Las tres comunidades que reciben más migrantes, Canarias, Andalucía y Murcia, exigen al Ejecutivo que se haga cargo de las cuarentenas obligatorias para los llegados en pateras. Canarias, con un presidente socialista, Ángel Víctor Torres, ha sido la última en sumarse públicamente y en advertir al Ejecutivo de que está al límite de sus recursos. En Murcia y Andalucía se han producido fugas de migrantes en cuarentena. Y en un pueblo de Gran Canaria hubo un amago de revuelta vecinal la noche del miércoles.

El origen de la disputa es un protocolo para prevenir casos importados de covid publicado el pasado día 25 de julio y que recoge las directrices a seguir ante la llegada en patera de positivos, pero también de sus contactos estrechos. El documento, de la Secretaría de Estado de Migraciones, establece la obligatoriedad de realizar PCR a todos los recién llegados así como el aislamiento de los contagiados y de sus contactos en los lugares que la comunidad autónoma, como autoridad sanitaria competente, considere. Para el Ejecutivo central esta es una cuestión sanitaria — y, por tanto, de responsabilidad autonómica — y no migratoria. Las comunidades afectadas —a excepción de la Generalitat Valenciana que tiene menos desembarcos y que ha cedido para este fin un hospital de campaña en Alicante— discrepan.

El mismo fin de semana que se publicaba el protocolo, Murcia y Andalucía recibieron entre las dos más de 700 personas llegadas en patera y la gestión de su aislamiento acabó en un conato de rebelión institucional. En el caso de Murcia, la disputa competencial ha llegado a los tribunales, una opción que Canarias no ha descartado si no se alcanza un acuerdo.

Murcia, Andalucía y Canarias no rechazan garantizar la cuarentena de positivos que necesiten asistencia hospitalaria —Murcia incluso ingresa en hospitales a los asintomáticos—, pero la discordia se plantea ante el confinamiento de cientos de personas que dan negativo pero son consideradas contactos estrechos por haber compartido travesía con los positivos. A pesar del malestar y de negar que se trate de su competencia, Murcia y Andalucía han acabado habilitando espacios para aislar a los migrantes que son atendidos por ONG con convenio con Migraciones y custodiados por Policía y Guardia Civil. Ambas comunidades han registrado fugas de migrantes en cuarentena.

El caso de Canarias es particular porque hace meses que tanto el Gobierno regional como los cabildos y los ayuntamientos han prestado buena parte de las instalaciones utilizadas para la acogida de migrantes, un total de 28, pero la reivindicación del Ejecutivo encabezado por el PSOE va en la misma línea que la de los presidentes de Murcia y Andalucía, ambos del PP, que sostienen que esa competencia no les corresponde. Las islas, además, fueron, mucho antes del protocolo, las primeras en realizar pruebas PCR a todos los migrantes y, según la Delegación del Gobierno, a pesar de los positivos registrados, ningún contagio está vinculado a la llegada de pateras. El presidente canario pidió en una reunión telemática, el miércoles, con los ministros de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y de Política Territorial, Carolina Darias, un acuerdo de co-gestión para las cuarentenas.

Para los turistas, el Gobierno de las islas anunció el miércoles que ha cerrado un acuerdo para suscribir una póliza para todos los visitantes que viajen a Canarias, ya sean nacionales o extranjeros. Este seguro cubrirá la asistencia en viaje, gastos médicos, repatriación sanitaria y prolongación de estancias por cuarentena para aquellos viajeros que hayan contraído la covid-19 durante su estancia en territorio canario.

La ruta canaria se reactivó a finales de 2019 y por ella llegan ya más de un tercio de los migrantes que desembarcan en España de forma irregular. Según el Ministerio del Interior, el archipiélago ha recibido en lo que va de año 3.269 personas, casi seis veces más que en 2019 por estas fechas, una cifra que no se veía desde 2008, tras la llamada crisis de los cayucos. La acogida humanitaria de los recién llegados se complica no solo por las limitaciones de infraestructura del archipiélago, sino por la negativa de Interior de permitir el traslado a la Península de una parte de ellos para descongestionar las islas.

Con el goteo constante de llegadas se han repetido en los últimos meses situaciones en las que los migrantes, entre los que había casos positivos, han esperado un recurso de acogida durante días en carpas instaladas en el puerto o en naves industriales, donde no tienen duchas, y duermen a ras del suelo. El último grupo, de unas 70 personas llegado en varias pateras el domingo, pasó más de 80 horas —superando el límite máximo de custodia policial de 72 horas— en dos carpas en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) durmiendo sobre el asfalto. “Es fundamental, máxime en una pandemia, garantizar unas condiciones dignas para las personas rescatadas. No habíamos visto en las últimas décadas una actuación igual en la que hayan dejado en el muelle a personas durante tres días durmiendo en el suelo”, ha denunciado el coordinador regional de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo, en un comunicado conjunto con Médicos del Mundo.

Barricadas vecinales

El miércoles, finalmente, se realizó el traslado desde el muelle y el único lugar que estaba disponible para 28 de ellos, según el Gobierno canario, fue un albergue juvenil en Tunte, un pueblo en la montaña en San Bartolomé de Tirajana, donde ya vivían desde finales del año pasado 50 personas que tuvieron que ser desalojadas. El Ayuntamiento asegura que se enteró del traslado por los vecinos, que corrió la información de que se acogería a positivos y que cundió el pánico y la indignación en un pueblo donde no ha habido un solo contagio y donde la media de edad, según el alcalde en funciones, Alejandro Marichal, supera los 65 años. Un grupo de vecinos acabó montando barricadas para oponerse al traslado. “Reprobamos las imágenes que se han visto porque no corresponden con el sentir mayoritario del pueblo. No estamos de acuerdo con las barricadas, pero no se trató de una protesta racista”, mantiene Marichal, de Coalición Canaria.

Según Marichal y los testimonios recogidos por la prensa local molestó no solo la falta de información sino tener que despedir a un grupo de migrantes que, después de tantos meses, había hecho su vida en la localidad. “Los vecinos no estaban en contra de la llegada de los nuevos, sino de la salida de los chavales, que han creado lazos con nosotros y participaban en nuestras actividades. Y eso para traer a nuevos migrantes que habían estado en contacto con positivos y que tienen que hacer cuarentena”, defiende Marichal, que reprocha a la Delegación de Gobierno la falta de información y ha solicitado que se custodie policialmente el recinto para garantizar el aislamiento.