Crisis del coronavirus

La cuarentena de inmigrantes enfrenta al Gobierno con Andalucía y Murcia

El desembarco de más de 700 personas este fin de semana ha provocado tensiones entre administraciones. La disputa de competencias en Murcia ha llegado a los tribunales

Cruz Roja atiende a los argelinos llegados este fin de semana en el puerto de la Escombrera (Cartagena).
Cruz Roja atiende a los argelinos llegados este fin de semana en el puerto de la Escombrera (Cartagena).EFE

El aislamiento de migrantes llegados en patera está provocando un conato de rebelión de Murcia y Andalucía contra el Ejecutivo central. El Gobierno considera que tras el estado de alarma son las comunidades autónomas las que deben garantizar la cuarentena de positivos y sus contactos estrechos. De nacionales y turistas, pero también, defiende el Ejecutivo, de inmigrantes. El desembarco de más de 700 personas este fin de semana en las costas de Murcia y Almería ha puesto en evidencia la ausencia de espacios para aislar a los recién llegados y la falta de sintonía entre administraciones. En el caso de Murcia, la disputa por las competencias ha llegado a los tribunales.

La cuestión de fondo es si la cuarentena de posibles casos llegados en patera debe tratarse desde el ámbito de la política migratoria o es una competencia sanitaria. La Secretaría de Estado de Migraciones lo tiene claro y publicó este mismo fin de semana, en plena crisis por la recepción de cientos de personas que partieron de forma coordinada desde Argelia, un protocolo que señala que esa responsabilidad es de los Gobiernos regionales, como autoridad sanitaria competente. “Las comunidades autónomas deben garantizar a las personas extranjeras que acceden irregularmente al territorio nacional las mismas posibilidades de aislamiento para casos de la covid-19 y sus contactos estrechos que las que tienen previstas para aquellas otras personas que por algún motivo social o personal no puedan aislarse de manera efectiva en su domicilio”, señalan fuentes de la Secretaría. Migraciones no quiere aceptar nuevas entradas en sus centros hasta que no se haya descartado que portan el virus. Los centros de acogida, explican, son recursos habitacionales abiertos que no tienen finalidad sanitaria y el alojamiento de contactos estrechos de positivos supondría asumir el riesgo de nuevos contagios y la propagación del virus. “Las cuarentenas y la trazabilidad de contactos responden a una competencia sanitaria, no migratoria”, insisten.

Murcia, que en apenas 24 horas recibió 454 personas el pasado fin de semana, entre los que había 34 contagiados de la covid-19, ingresa a los positivos en hospitales, pero rechaza las instrucciones nacionales para los casos negativos que deben guardar cuarentena. El mismo sábado, la Consejería de Salud dictó una resolución que obligaba a la Delegación de Gobierno a proporcionar alojamientos para el aislamiento de varios grupos de inmigrantes, pero la Abogacía del Estado se apresuró a interponer recurso e intentar revertir la orden que considera “lesiva para los intereses del Estado”. El juzgado ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Abogacía ante la enjundia de esta disputa competencial, pero, tras dar audiencia a las partes, deberá determinar quién asume el coste político y económico de la gestión de posibles casos llegados en patera.

De momento, Migraciones tuvo que improvisar el aislamiento de más de 250 migrantes con la Cruz Roja en el propio puerto de Cartagena y de otro medio centenar con una ONG en otros recursos de acogida. El Gobierno regional también se ha puesto a buscar espacios ante “la negativa de la Delegación a habilitar espacios y el nuevo protocolo”. El Ejecutivo de Fernando López Miras reitera su demanda de que la Delegación construya instalaciones de campaña para que el Ejército garantice las cuarentenas en ellas.

La Junta de Andalucía se ha sumado al desacuerdo tras la llegada, entre el viernes y el sábado, de más de 250 inmigrantes a las costas de Almería. El Gobierno de Juan Manuel Moreno —también del PP y Cs, como el Ejecutivo murciano— asume solo la atención y cuarentena de los positivos que necesiten asistencia hospitalaria. La atención de los inmigrantes asintomáticos, aunque se haya confirmado que tienen la enfermedad, y los negativos que deban ser aislados por su relación con positivos son competencia del Gobierno central, defiende. La Junta está dispuesta a ceder espacios, pero no a gestionarlos. Tampoco hay acuerdo en el tipo de test que deben hacerse tras llegar a puerto: El protocolo de Migraciones exige la realización de PCR para evitar falsos negativos, pero Andalucía solo realiza PCR a quien da positivo en los test rápidos. Comunidad Valenciana y Canarias, ambas presididas por el PSOE, han asumido las llegadas con las nuevas directrices, de momento, sin rechistar.

La crisis entre las administraciones ha provocado tensiones también entre gabinetes ministeriales. Según las fuentes consultadas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lleva desde el fin del estado de alarma demandando que las comunidades autónomas asuman la cuarentena de los inmigrantes y la obligatoriedad de realizar PCR (y no test rápidos), no ha recibido el apoyo que esperaba en tiempo y forma del Ministerio de Sanidad. El departamento de Salvador Illa no ha respondido a las preguntas de este diario y el de Inclusión niega cualquier desentendimiento.

La gestión de las cuarentenas de los migrantes, a los que se somete a controles muchos más exhaustivos que a los turistas, se complica ante un número alto de llegadas en muy poco tiempo y el Ejecutivo teme que la falta de coordinación y espacios adecuados pueda provocar rebrotes difíciles de controlar. Las autoridades sanitarias de las comunidades están acudiendo a los jueces para que dicten medidas de restricción de movimiento para garantizar que se cumple el aislamiento y, cuando esto ocurre, es la Policía Nacional la encargada de vigilar el perímetro. Los agentes se han quejado a través de sus sindicatos de falta de medios y efectivos y tanto en Alicante, donde la cuarentena se realiza en un hospital de campaña cedido por la Generalitat, como en el puerto de Cartagena, donde los migrantes duermen en el suelo y aguardan en condiciones inadecuadas bajo un intenso calor, se han registrado fugas. La ultraderecha está alimentando sus discursos con la situación.

Una ruta en auge

Las buenas condiciones meteorológicas y la degradación de la situación social y económica en Argelia van a seguir ejerciendo presión en Andalucía, Murcia, Alicante y, en menor medida, Baleares. La llegada casi simultánea a sus costas de más de 50 pateras entre el viernes y el sábado es un ejemplo de la organización de las mafias argelinas y fuentes policiales reconocen la posibilidad de que la estrategia se repita. “Se coordinan a sabiendas de que desbordan las capacidades de vigilancia tanto en el origen como en el destino y la técnica les funciona. Es difícil gestionar ese flujo”, explica un agente. “La solución está en Argelia, hay que trabajar allí para desbaratar la organización de las redes”. “Estamos en diálogo con las autoridades argelinas que tienen un compromiso firme con España de cogestionar los temas migratorios”, declaró la titular de Exteriores, Arancha González Laya, el pasado lunes.

La ruta desde Argelia —además de la canaria— acapara el foco de las autoridades que han visto como los facilitadores han sofisticado su capacidad de organización y sus embarcaciones, en muchos casos dotadas de motores de gran potencia capaces de realizar la travesía en pocas horas. Actualmente, los 2.604 argelinos interceptados en el Estrecho y el Mar de Alborán hasta el 13 de julio suponen un 55% de los migrantes que usan esas rutas, según datos de la agencia europea de fronteras (Frontex). Supone un salto cuantitativo ya que en años anteriores ese porcentaje no superaba el 10%. Las entradas irregulares en España siguen, sin embargo, una tendencia a la baja y hasta el 15 de julio habían llegado de forma irregular 9.043 personas frente a las 12.666 del mismo periodo del año anterior.

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