El Gobierno se desentiende de los inmigrantes sin control sanitario en Andalucía

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones exige desde el 25 de julio a las comunidades autónomas que todas las personas migrantes que lleguen a las costas españolas sean sometidas a pruebas PCR. No todas lo hacen, como es el caso de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno no ofrece respuesta ni toma acciones frente a ese incumplimiento, a pesar de que Sanidad recalcara ayer la importancia de estos test para controlar la pandemia. Organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo exigen a las Administraciones que se pongan de acuerdo.

¿Por qué no exige el Gobierno el cumplimiento de su protocolo? La respuesta del Ministerio de Migraciones a esta pregunta es directa: “Ese protocolo rige las condiciones de entrada a nuestros recursos”. “Lamentablemente no todas las comunidades autónomas colaboran en la misma medida”, se limitan a decir. Tampoco ofrece más datos el Ministerio de Sanidad, donde simplemente recuerdan que las sanitarias son competencias autonómicas, algo que ha generado un enfrentamiento con comunidades como Canarias y Murcia.

Tal y como recoge el protocolo de la Secretaría de Estado de Migraciones, sin un papel que acredite un PCR negativo, los migrantes que abandonan los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) no pueden entrar en centros de acogida porque pondrían en riesgo a quienes ya están alojados. Ello ha hecho que una docena de personas tuviera que dormir al raso el lunes en un parque de Almería, donde ayer aún permanecían cuatro de ellos -los otros ocho han encontrado sus propias soluciones para encontrar un techo-. “La pandemia no hace más que subrayar la mala atención que se lleva realizando desde hace años a quienes llegan a las costas”, subraya José Carlos Cabrera, especialista en migraciones e investigador de la Universidad de Granada, que insiste en que no hay recursos específicos sanitarios para estas llegadas.

El experto considera que debería ser la Policía Nacional quien, como parte de sus tareas en cada CATE cuando los migrantes llegan a las costas, haga las pruebas. No lo ve así el Gobierno, que sigue apuntando a las comunidades. Y ello a pesar de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó este viernes la importancia de reforzar y ampliar la realización de las pruebas PCR como una manera de controlar la pandemia. Nada dijo, eso sí, sobre los migrantes, que quedan desatendidos al no poder ser acogidos en centros gubernamentales.

“Se pasan la pelota y nadie asume la responsabilidad”, afirma Elena Tajuelo, presidenta de Andalucía Acoge. Su entidad ha escrito una carta a la Junta andaluza para que asuma sus competencias y a Migraciones para que vigile el cumplimiento de su protocolo. También otras organizaciones sociales solicitan que las Administraciones den solución al enfrentamiento. “Pero no nos escuchan: ni unos ni otros dan respuesta al problema”, destaca Betsabé Quintana desde la asociación almeriense Barbecho.

La entidades consideran que la negativa a realizar PCR es una “clara” dejación de funciones de la Administración andaluza, pero ésta no lo considera así porque cumple con su propio protocolo. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, aseguró el jueves que han realizado 1.700 test serológicos y PCR a migrantes desde el pasado 10 de junio. Preguntada al respecto, la Consejería de Salud y Familias no ha aclarado cuántas pruebas de cada tipo.

La región acoge actualmente a una treintena de migrantes, algunos de los cuales dieron positivo tras llegar en patera a Cádiz. La respuesta no ha sido siempre igual de eficiente. Una docena de personas con coronavirus ha estado en aislamiento en el CATE de San Roque (Cádiz), donde no se cumplen las condiciones para una cuarentena, según han denunciado varias organizaciones sociales y sindicatos policiales.

Solo Valencia responde al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, exigió esta semana a las Administraciones que alcancen un acuerdo y escribió por carta a Baleares, Canarias, Valencia, Murcia y Andalucía para conocer las medidas que están tomando respecto al atención sanitaria de los migrantes. Solo Valencia ha respondido. Lo hizo este viernes, aunque el Defensor del Pueblo explicó que aún no había analizado la información aportada. Andalucía, por su parte, respondió en rueda de prensa: su portavoz, Elías Bendodo, dijo a Fernández Marugán que pidiera explicaciones a la Secretaría de Estado de Migraciones.