Inmigrantes llegados en patera a Andalucía duermen en la calle ante la ausencia de pruebas PCR

La administración andaluza solo realiza ‘tests’ a quienes tienen síntomas o dan positivo en la prueba rápida y a sus contactos estrechos, en contra del protocolo de la Secretaría de Migraciones

Efectivos de Salvamento Marítimo trasladan al Puerto de Motril a 11 personas de origen argelino que viajaban en una embarcación de apenas 4 metros de eslora, el pasado 10 de agosto.
Efectivos de Salvamento Marítimo trasladan al Puerto de Motril a 11 personas de origen argelino que viajaban en una embarcación de apenas 4 metros de eslora, el pasado 10 de agosto.Alba Feixas / EFE

Una docena de migrantes procedentes de cinco países africanos durmió este martes en un parque de Almería sin que ninguna autoridad le prestase asistencia. La desatención del grupo, al que no se le ha realizado PCR, es resultado de las discrepancias entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y algunas comunidades, como Andalucía, receptoras de migrantes, sobre las medidas a la hora de recibir y aislar a recién llegados en patera. Un pulso que se mantiene después de que Migraciones concluyese un protocolo para evitar casos importados de covid.

El documento de la Secretaria de Migraciones, en vigor desde el pasado 25 de julio, incorpora dos novedades ante la recepción de pateras en un contexto de pandemia global: las comunidades deben hacer PCR a todos los que desembarcan y deben responsabilizarse de habilitar los espacios para que los positivos y contactos estrechos puedan realizar cuarentena. Las nuevas normas que han incomodado a Murcia, Andalucía y Canarias que, a pesar de ser la autoridad sanitaria competente, rechazan esta responsabilidad por tratarse de migrantes.

La administración andaluza -gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox- reconoce que sus competencias sanitarias, pero ni siquiera hace PCR a todos los que llegan a sus costas y sigue su propio protocolo. Este, limita el diagnóstico a los test rápidos realizando solo PCR a quienes den positivo en esa prueba o tengan síntomas, además de a sus contactos estrechos, según fuentes de la consejería de Salud y Familias. “Nosotros seguimos nuestro protocolo”, subrayan. Además, solo asume la atención y cuarentena de los positivos que necesiten atención hospitalaria. Desde su punto de vista, el resto -asintomáticos y contactos estrechos- debe ser una responsabilidad estatal, porque lo consideran -como ocurre en Murcia- un ámbito de la política migratoria y no una competencia sanitaria, justo al contrario de lo que dice el Ministerio.

El problema, más allá de los falsos negativos que pueden arrojar las pruebas rápidas, es que, sin un documento que muestre que la prueba PCR no es positiva, la Secretaria de Migraciones no permite a los migrantes acceder a un alojamiento “se estaría poniendo en riesgo al resto de población alojada en esas dependencias”, según fuentes del Ministerio. Considerados negativos por la Junta y casos sin confirmar por Migraciones, los recién llegados se quedan en la calle, sin acceso a un techo y mucho menos a un lugar donde poder realizar cuarentena preventiva. “Sin un documento que certifique su negativo en covid-19 nadie les puede acoger”, afirma Betsabé Quintana, responsable de la asociación almeriense Barbecho. El incumplimiento del protocolo de atención a los migrantes ya ha afectado a más de un centenar de personas que en las últimas dos semanas han pasado han por el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) del Puerto de Almería y han salido tras las 72 horas de custodia policial sin un lugar al que acudir.

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo

Este no ha sido el primer episodio de descoordinación entre administraciones y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio a la Junta de Andalucía, a la que ha enviado dos escritos -fechados el 27 de julio y el 7 de agosto- de los que aún no ha obtenido respuesta. Fernández Marugán también ha solicitado información a Canarias, Valencia, Islas Baleares y Murcia “para conocer qué medidas están adoptando para abordar posibles casos importados de covid-19 en el contexto de la inmigración irregular”, así como para garantizar el seguimiento y control de eventuales contagios. En un comunicado emitido este martes, el Defensor del Pueblo subraya que, además de la respuesta humanitaria -que, aclara, es competencia estatal- es también necesario “adoptar medidas complementarias en el ámbito sanitario”, en este caso competencia autonómica.

Esa es una de las claves que Fernández Marugán pide a las administraciones asumir. En su opinión, la dispersión de competencias y “la ausencia de coordinación eficaz” hacen que la acogida de migrantes sea “una suerte de carrera contra el tiempo” que no ajusta la protección los derechos de estas personas “con los intereses del conjunto de la sociedad”. Por eso, reitera que administraciones autonómicas, estatales e incluso locales deben reunirse. El Defensor concluye pidiendo una solución que permita controlar “eficazmente” las fronteras y, a la vez, cumplir las obligaciones internacionales de quienes son menores, presentan indicios de trata de seres humanos o solicitan protección internacional. Entre las 12 personas que durmieron en el parque de Almería, seis han pedido asilo y la mayoría seguía anoche sin un techo bajo el que refugiarse. Todos mantienen en sus muñecas las pulseras policiales con las que salieron del centro de acogida temporal.

“Tampoco han recibido la asistencia letrada a la que tienen derecho en el CATE”, subraya Betsabé Quintana, quien denuncia que las únicas instrucciones sanitarias que han recibido los migrantes en el CATE son un folleto en árabe, lengua ajena para todos ellos, ya que proceden de países donde se hablan otros idiomas como Mali, Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea Conakry. En casos similares ocurridos en las últimas fechas, los migrantes acabaron acelerando su marcha hacia otros destinos en España o Europa. “Pero quienes no tienen plan B deberían ser alojados”, insiste Quintana. El problema es que la Secretaría de Estado para las Migraciones no acepta nuevas entradas hasta descartar que tengan el virus -y sin PCR, es imposible demostrarlo- porque entiende que sus centros no tienen finalidad sanitaria y, además, se corre el riesgo de propagación del virus.

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