Interior donará 1,5 millones en material policial a siete países africanos para frenar la inmigración irregular

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dictó el pasado 4 de junio una resolución de carácter reservado por la que acuerda la adquisición, por 1,5 millones de euros, de material policial para su posterior donación a siete países africanos con el fin de ayudarles a combatir la inmigración irregular que parte o atraviesa sus territorios con destino a España. La resolución detalla que los Estados que se beneficiarán son Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakri, Mauritania y Senegal, con los que el Gobierno español ha firmado en los últimos años diversos acuerdos de colaboración. En la lista también aparece Túnez, que no es uno de los socios preferentes, pero con quien España busca estrechar las relaciones para frenar el reciente tránsito de tunecinos a través de Melilla. Entre el material que recibirán hay vehículos todoterrenos, quads y equipos informáticos, además de material de oficina, cámaras de videovigilancia, teléfonos móviles y prismáticos.

En los últimos años, Interior ha multiplicado los fondos a países africanos para contener la inmigración irregular. Partidario de “adelantar fronteras” y prevenir las salidas en los países de origen y tránsito, el ministro ha logrado más que triplicar el valor de las subvenciones a sus socios en este continente. Marruecos, país clave y privilegiado, ha recibido las mayores aportaciones, aunque en esta ocasión no está entre los países beneficiados por la ayuda. También han aumentado las transferencias a Guinea Conakri, Malí, Costa de Marfil y Gambia, principales emisores de emigrantes hacia España. En 2019, Interior les entregó 45,9 millones en subvenciones, frente a los 13,3 millones de 2017, un aumento del 243%.

La compra de la primera partida del nuevo programa, consistente en dos equipos para la detección de documentación falsa y otros dos para acceder al contenido de dispositivos electrónicos intervenidos, como teléfonos móviles, ha sido licitada recientemente por un valor de 192.000 euros. Estos equipos serán enviados a Mauritania y Gambia, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Con los primeros, las policías de ambos países podrán superar el “examen ‘tradicional’ de papeles y tintas” y, con el empleo de cámaras de alta resolución, “identificar falsificaciones y descubrir alteraciones, detectando evidencias de manipulación y diferencia entre documentos falsos y verdaderos”, según recogen los pliegos del concurso.

Los otros dos equipos que se entregarán a las autoridades de Nuakchot y Banjul permitirán a sus fuerzas de seguridad “extraer y decodificar la información de dispositivos digitales con herramientas de última tecnología”. El objetivo es acceder a los datos, incluso de aquellos que hayan sido eliminados, de los equipos informáticos o de telefonía que se intervengan a los presuntos integrantes de las mafias dedicadas al tráfico de migrantes: desde teléfonos móviles a tabletas, pasando por drones y dispositivos de geolocalización, “superando barreras de localización de datos y magnitud de volumen”. Los equipos y programas informáticos que donará Interior a las policías de ambos países también facilitarán el rastreo de redes sociales en busca de “evidencias ocultas”.

La memoria elaborada por el equipo de Grande-Marlaska para justificar este primer desembolso destaca que con ello se quiere dotar Mauritania y Gambia de medios técnicos para agilizar la colaboración que sus policías mantienen con agentes españoles desplegados en la zona dentro de los llamados Equipos de Colaboración Internacional (ECI), financiados por la UE. El documento destaca que sin estos equipos se “dificultarían las labores conjuntas en investigaciones específicas de tipo forense, retrasando las mismas y, como consecuencia, el esclarecimiento de los hechos delictivos” relacionados con el tráfico de seres humanos. España quiere también que, gracias a los nuevos dispositivos, se puedan analizar de manera “correcta” las pruebas que se recaben en estos países y así poder presentar a las autoridades judiciales informes periciales válidos.

En la resolución de junio que respalda la compra del material, Interior incide en que “la prevención en origen se ha demostrado como uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la inmigración irregular”. Y recalca que el objetivo final de la compra del material es “reforzar las capacidades materiales de las fuerzas de seguridad” de estos países, como ya se recogía en las líneas de cooperación abiertas en 2006 —en plena crisis de los cayucos por la importante llegada de estas embarcaciones a las islas Canarias desde las costas de Senegal y Mauritania— para ayudar a los países desde los que salen buena parte de los emigrantes que pretenden alcanzar territorio español. Desde entonces, España ha donado abundante material policial a los países de origen o tránsito para “reforzar el control de los flujos migratorios irregulares”.

A finales de 2018, ya con Grande-Marlaska al frente de Interior, el Gobierno aprobó el envío de 108 vehículos de diverso tipo y material informático a Marruecos, Senegal y Mauritania. Entonces, las autoridades de Rabat fueron las más beneficiadas, al recibir 75 vehículos todoterreno de grandes dimensiones valorado cada uno en 34.000 euros. En total, 2,5 millones de euros. Senegal recibió entonces nueve vehículos todoterreno del tipo pick-up y 13 quads, con un coste total de 294.000 euros, mientras Mauritania fue el destino de otros nueve vehículos todoterreno pick-up, además de dos microbuses y una veintena de ordenadores. El valor del material que recibieron las autoridades de Nuakchot fue de 292.000 euros.

Mauritania y Senegal volverán a verse beneficiados por el programa de donaciones ahora aprobado por Interior, no así Marruecos, uno de los países que más ayuda financiera ha recibido de la UE en los últimos años para reforzar las capacidades operativas de sus agentes en la lucha contra inmigración irregular. Tampoco figura Argelia, donde el ministro viajó el pasado 10 de agosto para entrevistarse con varias de sus principales autoridades, incluido el presidente Abdelmayid Tebún. Al término de los encuentros, Interior subrayó que ambos países habían acordado en “proponer nuevas vías de cooperación”. Este viaje se produjo cuando los argelinos representan ya una cuarta parte de los algo más de 10.000 migrantes irregulares llegados por vía marítima a España en lo que va de año, convirtiéndose ya en la nacionalidad más numerosa, según Acnur.