Cataluña, cliente prioritario del Tribunal Constitucional

Cataluña ha sido en el curso que termina la principal ocupación del Tribunal Constitucional, y seguirá siéndolo tras el paréntesis del verano. El tribunal ha terminado esta semana sus plenos hasta septiembre con el objetivo de dictar todas las sentencias del procés entre el último trimestre de este año y el primero de 2021. Quedará así abierto el camino para que sea la justicia europea, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la que tenga la última palabra sobre la relevancia penal del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y aclarar si se vulneraron los derechos de los líderes independentistas en el proceso judicial que desencadenaron los preparativos y la celebración del 1-O.

Todos estos recursos que quedan por resolver alejan la posibilidad de la renovación del tribunal pendiente desde el pasado mes de noviembre. Tanto el PSOE como el PP consideran que es más razonable que sean los mismos magistrados que han estudiado los casos planteados hasta ahora sobre el procés los que se ocupen de los que quedan pendientes.

Hasta este momento se han resuelto un total de 50 recursos relacionados con el proceso independentista, 30 de ellos de naturaleza penal. Otros 20 se referían a conflictos de competencias, legislativos o parlamentarios. Ninguno ha prosperado. Las impugnaciones pendientes son las relativas a las condenas impuestas por el Tribunal Supremo.

La decisión del Constitucional de volcarse en resolver las peticiones de amparo por la supuesta vulneración de derechos fundamentales de los líderes independentistas dejará en un relativo segundo plano otras cuestiones importantes. Por ejemplo, los recursos contra la aplicación del estado de alarma y sus decretos de desarrollo durante el período de alerta sanitaria, entre marzo y junio. O la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de seguridad ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que sigue sin fecha prevista.

El tribunal, en todo caso, no se va a limitar a una única materia, pero el propósito es que como máximo en febrero o marzo del año próximo se haya terminado con la revisión del procés. Para facilitarlo sigue funcionando el grupo de seis letrados que ha trabajado sobre todas las impugnaciones ya resueltas bajo la dirección del magistrado Cándido Conde-Pumpido, a quien ahora se ha unido otro miembro del tribunal, Antonio Narváez, ambos procedentes de la carrera fiscal.

Los recursos que es probable que se resuelvan primero son los de los exconsellers Meritxell Borràs y Carles Mundó, que fueron condenados por un delito de desobediencia a penas de inhabilitación y multa. Luego se abordarán los de los condenados a penas que oscilaron entre los ocho y los 13 años, según los casos, por el delito de sedición en concurso medial con el de malversación.

La impugnación más complicada es la que presentó Oriol Junqueras. Su recurso de amparo supera los 300 folios, a lo largo de los cuales se recogen hasta 28 motivos por los que su defensa —a cargo del letrado Andreu Van den Eynde— entiende que el fallo del Supremo debería anularse. De ahí que la decisión del tribunal sea la de empezar por lo aparentemente menos complejo, con la idea de ir desbrozando el camino. Los recursos de Borràs y Mundó se van a aprovechar, en este sentido, para dar respuesta a uno de los motivos de impugnación que comparten todas las peticiones de amparo presentadas. Se trata de la tesis de que el procés nunca debió ser juzgado por el Tribunal Supremo, por supuesta falta de competencia para ello. A juicio de los líderes independentistas, los hechos debieron ser enjuiciados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Las posibilidades de que prospere este motivo de amparo son remotas, por no decir nulas. Pero las defensas han acudido al Constitucional poniendo las luces largas. En otras palabras, su objetivo principal no es ganar en el tribunal de garantías, sino en el de Estrasburgo. Es en esta instancia de la justicia europea donde el debate sobre el fuero de los dirigentes independentistas, y sobre todo la supuesta vulneración de sus derechos de representación política pueden dar más juego.

Esta cuestión ya ha sido muy debatida en el propio Constitucional cuando se han resuelto los recursos contra la larga prisión preventiva de los líderes independentistas, lo que les impidió ejercer como diputados, tanto del Parlament como del Congreso. Tres magistrados —Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol— formularon votos particulares para defender que no debieron verse privados del ejercicio del cargo. Pero ahora los recursos no son contra la decisión de no permitirles ejercer sus cargos parlamentarios, sino contra la sentencia dictada por el Supremo.

Lo que se discute, en suma, no es ya si se vulneró el derecho de representación de un parlamentario electo durante el tiempo en que fue un preso preventivo, sino si esa privación de su condición de diputado puede llegar a suponer la nulidad del fallo que le condenó. Por ello, es más difícil que haya votos particulares a favor de estimar los recursos en este punto, porque ya no se está hablando de pronunciamientos sin consecuencias prácticas, sino de la posibilidad de anular la sentencia del procés.